La Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó ayer las condenas del Juzgado de Sentencia Nº 2 del año pasado a un comerciante, un empleado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y una usuaria domiciliaria por adulterar los medidores de luz y así pagar menos por el consumo. En tanto, se ratificó el sobreseimiento de dos trabajadores de la empresa y revocaron las condenas a otros dos empresarios.
La causa, de larga estadía en la Justicia santafesina, incluyó en primera instancia a 18 personas entre técnicos, comerciantes y particulares involucrados en enganches clandestinos en casas particulares y comercios como rotiserías, panaderías, bares y restaurantes de las zonas oeste y norte de la ciudad. También se registraron casos similares en Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria.
Las maniobras ilegales detectadas ocurrieron hace 11 años. Consistían en contactarse con clientes morosos a punto de sufrir el corte de servicio para ofrecerles una alternativa: reducir el monto de la deuda al instalar medidores adulterados, suprimir registros informáticos, entre otros métodos para cubrir los consumos reales. En algunos casos manipularon los medidores para que fueran “para atrás”, lo que llevó a bautizar la causa como “operación cangrejo”.
Firme
La confirmación de la condena de primera instancia de 2014 fue efectuada ahora por los jueces Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Luratti y Georgina Depetris. El fallo por defraudación contra la administración pública, hurto de electricidad y daño de medidores alcanzó a Manuel García, propietario de un comercio, Humberto Muriel, empleado de la EPE, y Graciela Scharr, una mujer que vivía en una casa donde se detectaron irregularidades hace más de una década.
La pena, de tres años de prisión de ejecución condicional para Muriel y dos años con la misma modalidad para García y Scharr, quedó firme ayer. A otros dos operarios de la compañía eléctrica que habían sido procesados por fraude los condenaron en la acción civil, pero en lo penal les dictaron el sobreseimiento por prescripción. La Fiscalía apeló la resolución.
La causa tuvo a 18 personas procesadas entre técnicos de la EPE, comerciantes y particulares ligados a la adulteración de contadores de electricidad para que tomen menos del consumo real. Según se constató en varios casos, el titular de la cuenta de luz pagaba un monto mucho menor al que en realidad debía abonar.
Diez años después
La causa se inició en 2004 cuando un usuario denunció de forma anónima a la EPE las maniobras en las que los operarios de la empresa manipulaban los medidores o montaban conexiones ilegales a cambio de dinero.
La empresa recurrió a la Justicia y se constituyó como actor civil. Hubo escuchas telefónicas y otras medidas a cargo de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).
Según estableció la investigación, el modus operandi era el siguiente: operarios de la empresa se contactaban con clientes morosos a punto de sufrir el corte de servicio para ofrecerles una salida ilegal: reducir el monto de la deuda instalando medidores adulterados, suprimiendo los registros informáticos y otros mecanismos para tapar los consumos reales.
Los delitos se registraron en inmuebles –casas particulares y negocios gastronómicos– de las zonas oeste y norte de la ciudad, y de Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria.
En 2006 la Justicia procesó por fraude contra la administración pública a los técnicos de la EPE, Humberto Muriel. y Juan Carlos Spetale y al jefe Pedro Catizone, acusado de dañar medidores. Lo mismo sucedió con el electricista Ángel Colazo. El año pasado el Juzgado de Sentencia Nº 2, a cargo de María Isabel Más Varela, encontró responsables civiles de las maniobras a un grupo de comerciantes y particulares vinculados con el “servicio”: Rubén Trillini (de la empresa de insumo para soldaduras Soldamet), Miguel Ángel Rodríguez (de Pastas Capriana), Marcelo Tenaglia (de un cibercafé), José Luis Calvente (Junín al 1300), Graciela Scharr (Reconquista al 1100), Miguel Sánchez Martín (cíber de Gorriti 1299) y Manuel García, del bar Puerto del Aire (Colombres 1661).
Los usuarios debieron abonar un monto para compensar la energía consumida y no registrada. También se los condenó, en lo relativo a lo penal, a dos años de prisión de ejecución condicional por defraudación a la administración pública. Sobre esto, el fallo de ayer revocó la condena a Rubén Trillini y Miguel Ángel Rodríguez absolviéndolos de culpa y cargo por aplicación del beneficio de la duda favorable. También fueron sobreseídos Catizone y Spetale.
Piden “seguir el ejemplo” y denunciar
Raúl García, representante legal de la EPE, confirmó que mientras se desarrollaban los procedimientos penal y civil por este caso, denominado por las autoridades judiciales como “operativo cangrejo” (porque hacían “caminar para atrás” a los medidores de energía), se inició un sumario administrativo a tres agentes de la empresa.
Finalmente dos de ellos fueron removidos de sus cargos, mientras que el tercero fue suspendido por treinta días ya que en las escuchas telefónicas durante la investigación se constató una falta grave aunque no ligada a esta causa.
“Esta sentencia es positiva para la empresa y para toda la ciudadanía. El hurto de energía, no importa si es a manos de propios o ajenos, genera más consumo y resiente las instalaciones. Y las consecuencias las sufrimos todos”, explicó el asesor letrado de la EPE, quien instó a los usuarios a realizar denuncias frente a hechos de fraude.
Además de hacerlas por teléfono al 0800-5550083 o de forma personal en los centros de atención al usuario, se pueden registrar en la página www.epe.santafe.gov.ar. Siempre es posible hacerlas de forma anónima.
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