En el marco de un juicio abreviado solicitado por el fiscal general Martín Suárez Faisal, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este viernes a 17 personas por tráfico de estupefacientes en la capital provincial y en la ciudad de San Javier. El magistrado federal José María Escobar Cello dictó penas de entre uno y seis años de prisión.
La investigación comenzó en enero de 2017, en virtud de una comunicación cursada por la Brigada Operativa Departamental I, perteneciente a la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía de Santa Fe –actual Brigada Operativa Antinarcóticos de la Dirección de Narcocriminalidad–, en la que se informó el inicio de tareas investigativas en el barrio Barranquitas de la capital provincial por actividades compatibles con el tráfico de estupefacientes.
Una vez formalizada la pesquisa fue delegada en la Fiscalía Federal 1, a cargo de Gustavo Onel. El Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de tareas de inteligencia y medidas probatorias, que permitieron identificar al principal denunciado y otras personas que participarían de las actividades ilegales. Las diligencias incluyeron allanamientos simultáneos en varios domicilios de Santa Fe y San Javier que, entre otras cosas, permitieron incautar cientos de envoltorios con cocaína y marihuana.
La investigación
La causa se inició el 20 de enero de 2017 a partir de una denuncia que derivó en tareas de inteligencia en el barrio Barranquitas. En esa oportunidad, fueron identificadas media docena de personas, pero las escuchas telefónicas ampliaron la trama, que incluso se extendió a la ciudad de San Javier. El 18 de agosto de ese año, el fiscal Onel solicitó 14 allanamientos, 9 de los cuales fueron en Santa Fe y los cinco restantes en San Javier en los que además de las detenciones se secuestraron 220 gramos de cocaína; 990 gramos de marihuana; así como teléfonos y evidencia determinante para la causa.
El 21 de septiembre de ese año el Juzgado Federal 1 de Santa Fe dictó el procesamiento para la organización completa y a mediados de 2018 el fiscal formuló requerimiento de elevación a juicio. “Los hechos fueron cometidos en forma organizada”, dijo Onel y agregó que Héctor “Bam Bam” Maldonado aparecía como cabecilla de la red, por su rol de aprovisionamiento de los demás integrantes, cuyo radio de acción se reducía a los barrios Barranquitas o Villa del Parque.
Participación y penas
Una vez radicada la causa ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Suárez Faisal solicitó que se le dé trámite de juicio abreviado para lo que acompañó el acta del acuerdo con las defensas y los imputados. Tras llevar a cabo la audiencia de conocimiento correspondiente, el magistrado José María Escobar Cello aceptó el pedido del fiscal.
El juez entendió que se encontraba probada la responsabilidad de los imputados respecto a la tenencia del material prohibido. “El distinto grado de participación que les ha cabido a los inculpados, tal como lo ha entendido el fiscal general al formalizar el acuerdo de juicio abreviado”, destacó Escobar Cello en su resolución y coincidió con la calificación legal de las conductas atribuidas por el Ministerio Público Fiscal a los acusados, de manera que impuso las siguientes penas: Bam Bam Maldonado, a 6 años de prisión y tendrá que pagar 250 mil pesos por ser autor del delito de tráfico de estupefacientes, en las modalidades de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de estupefacientes.
A su padre Marcelo José Alberto “Diablo” Maldonado, Mario Alberto Sosa, Carlos Matías Leguizamón, Micaela Anahí Galván y Héctor Nicolás Molinari dictó cuatro años de prisión por el mismo delito y grado de participación. En tanto, para Jaquelina Estefanía Lanche –esposa de Bam Bam– y Fabiana Ayelén Zabala, le pena impuesta fue de 3 años de prisión efectivos por ser partícipes secundarias y por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio.
A su vez, Angélica Dora Galván, Claudio Eusebi y Leonardo Víctor Aboli fueron condenados como partícipes secundarios a la pena de 2 años de prisión –de cumplimiento efectivo– y multa de 22,5 unidades fijas.
El veredicto condenatorio alcanzó también a Agostina Julieta Eusebi –partícipe secundaria del delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de tenencia con fines de comercialización y comercio– quienes recibieron 2 años de prisión de ejecución en suspenso, más multa de 22,5 unidades fijas.
Además, Fernando Manuel Ponce, Tamara Ayelén Gallay y María Alejandra Cicuttini fueron penados a 2 años de prisión por confabulación para el tráfico de estupefacientes, en el caso del primero unificada a dos años y medio por una condena anterior y en el caso de Gallay y Cicuttini en suspenso. Asimismo, otras dos personas fueron condenadas por tenencia simple de estupefacientes a penas de uno y dos años cuyo cumplimiento quedó en suspenso.
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