La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, integrada por los jueces Georgina Depetris, Guillermo Llaudet y Daniel Acosta, ratificó el fallo en primera instancia y condenó a una mujer, que se desempeñaba como jefa responsable de Contaduría del Hospital Provincial del Centenario, por malversación de fondos al haber emitido cheques mediante un ardid que consistió en agregarle su propio nombre junto al del beneficiario y así cobrarlos por ventanilla en el banco, en carácter de orden indistinta.
Según consta en el fallo judicial, los cheques fueron endosados por la mujer, quien logró la sustracción del dinero “cuya administración, percepción o custodia le había sido confiada por razón del cargo que ejercía”, según indica el fallo.
La primera denuncia en contra de la procesada fue realizada el 8 de junio de 2009 por la directora del centro de salud y por el Consejo Administrativo del Hospital Centenario, ocasión en la que dieron cuenta de las irregularidades cometidas por la responsable del sector contaduría.
A fines de septiembre de ese mismo año, se le informa a la directora del hospital que, en virtud de los controles implementados a fin de evaluar el correcto funcionamiento del sistema de gestión contable, se encontraron diferencias entre los cheques registrados en el sistema informático y los volcados en el libro de bancos que se lleva en forma manual. El desfalco administrativo involucró ocho cheques del Nuevo Banco de Santa Fe por un monto cercano a los 25 mil pesos.
Peritajes caligráficos
Tras la denuncia por malversación de fondos públicos, se inició la investigación y en octubre de 2009 la Dirección y Consejo de Administración del Centenario pidió al jefe de la seguridad privada del centro de salud que no le permitiera el ingreso a la mujer sospechada fuera de su horario de trabajo habitual, en especial durante sábados, domingos y feriados.
Mediante oficio judicial, se designó un perito calígrafo oficial para cotejar las firmas en el dorso de los cheques cobrados. No obstante, la imputada se negó a presentarse en la Justicia para mostrar el bosquejo de su letra, por lo cual se tuvo que cotejar en escrituras públicas, documentación bancaria y en el mismo legajo personal del Centenario en donde constaba la rúbrica de la mujer. Luego de los análisis correspondientes, el experto concluyó que “las grafías pertenecientes al llenado en letras y número de los cartulares de referencia se corresponden con la personalidad escritural de la imputada, cuyas grafías incuestionables se tuvieron para el cotejo”.
El facultativo también consideró: “Las firmas mediante las cuales se endosaban los cheques a nombre de la imputada responden al haber escritural de la imputada, cuyas signaturas auténticas se tuvieron para la compulsa”.
Sin embargo, la defensa de la acusada solicitó la designación de un nuevo peritaje caligráfico, a cargo de otro facultativo, pero el informe brindado por el experto coincidió con el anterior en que “los textos estampados en el anverso: fecha, cifra en números y letras, nombre y apellido de ambos beneficiarios de los cheques debitados, como también la rúbrica en el reverso de los mismos, fueron puestos de puño y letra por la imputada”.
Además, el experto agregó: “Con respecto al orden de las grafías del anverso –nombre del primer beneficiario, cifra en número y letras– y el texto cuestionado, puede establecerse que el nombre de la imputada fue agregado con posterioridad al del beneficiario inicial y que esta prueba resulta decisoria al momento de analizar la responsabilidad penal”.
Problemas “psiquiátricos”
Durante la recolección de pruebas, tras conocerse la malversación administrativa de la empleada del Hospital Centenario, su abogado defensor ofreció como testigo a un médico psiquiatra quien manifestó que la acusada era su paciente y que llegó a la clínica San Felipe por un intento de suicidio, por lo que debió ser internada por primera vez a mediados de junio de 2009, y que en otra oportunidad también quedó alojada en la institución en septiembre del mismo año.
De acuerdo a lo que relató el psiquiatra, los primeros tiempos durante la internación en la clínica “dijo desconocer los motivos de sus intentos de suicidio, pero con el tiempo fui conociendo los mismos, siendo uno de los problemas su trabajo así como también su área afectiva con sus familiares y esposo”. Dado el estado de la mujer, debió ser medicada con psicofármacos y terapia. Además, de acuerdo a lo que relató el especialista, la imputada sufría de maculopatía hemorrágica con perdida de visión, como también microinfartos en ambos hemisferios cerebrales.
Se declara “inocente”
Cabe recordar que en primera instancia, la jueza en lo Penal de Sentencia de la 8ª nominación, Marisol Usandizaga, condenó a la imputada por malversación de caudales públicos a dos años de prisión de ejecución condicional, accesorias legales y costas.
En aquella ocasión, la defensa de la mujer apeló la condena alegando su inocencia total de los delitos que se le imputaban, hasta que finalmente la Cámara de Apelaciones ratificó recientemente el fallo de Usandizaga, encontrándola culpable.
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