Bajo la coordinación y monitoreo del gobierno de la provincia de Santa Fe, comenzó el proceso de desgasificación de las llamadas bombonas de Petroquímica Bermúdez, en la ciudad de Capitán Bermúdez, que tras su cierre en 2014 dejó en el predio lindero al río Paraná un importante pasivo ambiental, agravado por el “archivo doloso” de la causa judicial, que tiene entre los imputados al ex fiscal regional Patricio Serjal, también investigado en la causa por juego clandestino.
El proceso de desgasificación se inició luego de que el gobierno de Santa Fe, a través de Fiscalía de Estado y por solicitud del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, solicitó al juez de feria, el pasado 22 de enero, una medida cautelar que consiste en la adopción inmediata de nuevas medidas preventivas y de monitoreo sobre los residuos peligrosos existentes en el predio, ubicado en Capitán Bermúdez, y que se inscriba el pasivo ambiental existente en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia.
“Estas acciones son parte de un proceso de cambio rotundo por parte del gobierno provincial, un nuevo plan de control ambiental y de responsabilidad ambiental de las empresas, que sigue los lineamientos claros del gobernador Omar Perotti en esta materia”, explicó la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet.
En ese sentido, recordó que “desde el primer mes de gestión estamos trabajando en esta problemática que tiene ya más de seis años, es uno de los casos más complejos que nos preocupan y ocupan por el riesgo que conllevan. Sumado a que el caso de Petroquímica Bermúdez está atravesado por otros hechos que agravan más aun la situación”.
Investigación judicial archivada
Los hechos a los que se refiere Gonnet son los que involucran al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, detenido en una causa por juego clandestino, pero también acusado en una audiencia imputativa por el “archivo doloso” de la investigación que tenía en foco la contaminación ambiental. Serjal está acusado de proteger a empresarios, por lo que también está citado el propietario de la ex Electroclor, Sergio Taselli, su hermano Máximo, y su socio Matías Gallegos.
“Nos llamaba la atención que con tantas pruebas no se avanzaba”, le había dicho una integrante de la ONG, Cecilia Blanco, al diario Síntesis, al dar cuenta de la “sorpresa” que les produjo que el nombre de Serjal estuviera involucrado en la cuestión: “No sabíamos que tenía injerencia en la causa”, dijeron sobre este tema desde el Taller Ecologista.
La investigación determinó que Serjal ordenó a un subordinado, el fiscal Juan Carlos Ledesma, actuar con criterios que no se condecían con la prueba colectada ni con la premura y riesgo que implicaba el caso grave de contaminación.
“Una medida autorizada”
En tanto, el subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Guillermo Carro, explicó que “es una medida autorizada y coordinada con el Juzgado de San Lorenzo, con el objetivo de comenzar el proceso de desgasificado de este pasivo ambiental que hay en el predio, para evitar un riesgo para la población y de contaminación”.
Por su parte, el encargado del departamento de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Fernando Porfiri, precisó que las tareas son “el inicio de un plan de remediación que constó en cortar precintos donde se encontraban las bombonas de cloro de gas, para dar inicio a la desgasificación. Se hizo un reconocimiento del sitio, y despeje de la zona donde se van a realizar los trabajos, los cuales se llevarán adelante in situ, con sistemas de neutralización de fuga y sensores de detección de gas, para hacerlo de manera segura como se exige desde el ministerio. La empresa tiene el deber de informar cada etapa a ejecutar”.
Breve historia
La planta de Petroquímica Bermúdez se encuentra fuera de funcionamiento desde el año 2014 y se conoce que en dicho predio hay sustancias peligrosas que pueden constituirse en residuos peligrosos, pudiendo el predio y las napas subterráneas encontrarse contaminados por este tipo de residuos.
“Existe un pasivo ambiental importante y muy grave, con seria posibilidad de afectar la salud de las personas de Capitán Bermúdez si ocurre un siniestro de apertura de una o varias bombonas de cloro por el mal estado de las mismas”, explicaron las autoridades provinciales.
Durante enero de 2020, ante una denuncia de una ONG, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático efectuó una constatación y fue enviado el expediente a Fiscalía de Estado solicitando acciones judiciales. Tras la que se solicitó la habilitación de feria y el juez ordenó la clausura del establecimiento, que se establezca una guardia policial para garantizar el cumplimiento de la clausura y ordenó se efectúe un relevamiento de los bienes existentes. También se efectuó la señalización con carteles en todo el predio indicando la peligrosidad del lugar.
La clausura, realizada hace un año atrás, fue llevada adelante con la participación de Fiscalía de Estado, los ministerios de Ambiente y Cambio Climático, de Seguridad, y la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad.
La empresa tiene presentado un plan de desgasificación que, con algunas sugerencias y observaciones, fue aprobado por el área técnica del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. La petroquímica, cuyos dueños fueron citados a una audiencia imputativa, comenzará con la desgasificación de las bombonas bajo el control del personal del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.
Todas las actuaciones se enmarcan en un cambio de paradigma sobre el control ambiental encarado por las actuales autoridades provinciales entre las que se destacan la creación del Registro Público de Infractores Ambientales y Reincidentes, y el Régimen de Regularización de Multas e Infracciones Ambientales por el que se firmaron 50 convenios con distintas empresas.
“Bomba ambiental”
La Petroquímica Bermúdez, inactiva desde 2014, es descrita como una “bomba ambiental” por el Taller Ecologista Rosario, que radicó varias denuncias y viene reclamando al gobierno provincial que actúe. En 2018 la provincia hizo un acuerdo para el saneamiento de todo el predio, que se cayó por el incumplimiento de los privados, lo que terminó llevando el tema a la Justicia nuevamente.
En el centro de la escena está el empresario Sergio Taselli, quien supo tener buena relación con el ex presidente interino Eduardo Duhalde y, antes, intervenir en las privatizaciones de la década del 90. Entre otros negocios supo tener las minas de carbón de Río Turbio y la usina Sorrento en Rosario, hasta el frigorífico Santa Elena en Entre Ríos. En todos los casos el hilo conductor fue el mismo: máximo aprovechamiento de utilidades, mínimas inversiones, conflictos con trabajadores y cierres o abandono de las firmas.
El mismo esquema aplicó en Electroclor, con la que se quedó en 1994, un año después del intempestivo cierre de la firma por parte de sus propietarios de origen británico. Pocos años antes, la firma producía cloro y otros componentes químicos para abastecer el mercado interno y exportar. Electroclor había sido fundada en 1938 y en la década del 80 tenía unos 300 trabajadores, con esquema productivo que la convertibilidad 1 a 1 de los 90 había tornado inviable.
Taselli fundó entonces Petroquímica Bermúdez con sólo medio centenar de empleados, pero en 2008, informó su cierre en medio de un conflicto gremial y tras un fuerte temporal que dañó instalaciones y equipos que nunca habían recibido mantenimiento adecuado.
La resistencia de los trabajadores, que habían tomado la planta forzó que se retomara parcialmente la producción hasta que la seguridad ambiental lo tornó imposible. Y en 2013 abandonó definitivamente la fábrica, desierta desde entonces.
En septiembre de 2018, tras las denuncias por la situación ambiental, la Justicia allanó el predio y comprobó contaminación en curso y, como habían denunciado las organizaciones ambientalistas, un riesgo potencial incalculable.
“Por el tipo de producción que se llevó adelante allí, los residuos que hay son peligrosos y se tienen que aplicar la ley de residuos peligros de la provincia y de Nación”, había alertado el Taller Ecologista. “Lo único que queremos es que el plan de limpieza se reactive, que lo debe llevar adelante Taselli porque compró una empresa ya con sus contaminaciones”.
Según la ONG en la planta “hay mercurio en diferentes lugares, benceno, asbesto, dioxinas y furanos propios de los procesos que se llevaron allí, que son sustancias persistentes, de ahí el cuidado extremo que tienen que tener las empresas que lleven adelante la limpieza”.
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