La justicia de Bogotá ordenó la captura del coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, ex comandante de Inteligencia del Ejército y condenado a 40 años de prisión, al ser declarado responsable en la desaparición forzada de tres insurgentes que en 1985 habían tomado el Palacio de Justicia, informó este viernes la prensa local
La decisión alcanza también a otros cuatro militares sentenciados por ese crimen, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Oscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardin Causayá Peña.
La defensa alegó que no podía expedirse las órdenes de captura porque los condenados se habían sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en 2016 por los acuerdos con las Farc.
Pero el juzgado determinó que ninguno había sido admitido y mientras no hubiera decisión de la JEP no hay impedimento librar las órdenes de captura.
“Colorario de lo anterior, no se puede pretender la suspensión de unas órdenes de captura que aún no se han librado, de manera que, una vez expedidas, podrán los sentenciados que se quieran acoger a la Jurisdicción Especial para la Paz solicitar que suspenda las órdenes de captura, que se deben librar en cumplimiento de la sentencia condenatoria”, explicó el fallo.
Sánchez Rubiano fue el encargado de identificar a los rehenes que eran trasladados a la Casa Museo del Florero, después de la sangrienta recuperación del Palacio de Justicia, que había sido copado por el M-19, una de las organizaciones guerrilleras con actuación en el país en los 80.
La condena contra estos militares es por las desapariciones de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.
Carlos Rodríguez era el administrador de la cafetería del palacio y Beltrán empleado del lugar. Integraron el grupo de 11 desaparecidos que dejó el asalto.
La decisión de captura para los militares, consignada en un documento de tres páginas que publican El Espectador y el sitio de Caracol Radio, la tomó el juzgado 49 penal del circuito de Bogotá.
El 16 de marzo último la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 40 años de prisión contra Sánchez Rubiano y los demás militares.
Para la Corte, en este proceso quedó establecido que “la desaparición forzada de los que fueron catalogados como insurgentes o colaboradores de estos, se gestó desde el momento mismo en que los mandos superiores de la autoridad castrense dispusieron la retención de los sospechosos, de inmediato sustraídos del conocimiento público o de sus familiares, pues, no se les registró como ingresados y después de abandonar la Casa del Florero, bajo la férula de disposición y dominio de las Fuerzas Militares, jamás retornaron ni se supo su suerte”.
El ataque del M-19 se registró el 6 de noviembre de 1985 cuando una célula del grupo guerrillero asaltó la sede de las principales cortes de Justicia de Colombia, en pleno centro de Bogotá, y tomó como rehenes a decenas de personas.
El edificio fue recuperado al día siguiente por militares que lograron entrar tras un intercambio de disparos y la destrucción de gran parte del palacio debido a un incendio.
Once magistrados, 35 guerrilleros y otras 52 personas murieron en el hecho, de fuerte repercusión mundial.
La investigación contra varios militares comenzó en 2006 cuando videos inéditos de televisión mostraron que varias personas consideradas desaparecidas salían con vida del palacio al lado de uniformados.
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