En el marco del juicio oral por coimas en el Senado, la Fiscalía pidió ayer la pena de seis años de prisión para el ex presidente Fernando de la Rúa y el jefe de la Side de su gestión, Fernando De Santibañes, por el delito de “cohecho activo” en el pago de sobornos a senadores peronistas a cambio del voto a favor de la ley de flexibilización laboral, en abril del 2000.
Idéntica pena pidió para los ex senadores justicialistas Augusto Alasino, Remo Constanzo, Alberto Branda y Alberto Tell, por los delitos de “cohecho pasivo”. Para el arrepentido Mario Pontaquarto, cuyo relato la fiscalía consideró de “valor probatorio pleno”, pidió la condena a un año y medio de prisión en suspenso.
Al cabo de una semana de alegato, la fiscal Sabrina Namer consideró acreditado el pago de los sobornos pero declinó formular acusación penal contra el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y pidió su sobreseimiento por no considerar probada su participación en la maniobra.
Como Pontaquarto ya fue condenado el año pasado a dos años y medio de prisión en una causa por no devolver viáticos del Senado cuando se desempeñaba como secretario administrativo, la fiscalía pidió la unificación de la pena del arrepentido en tres años de prisión en suspenso.
“Cohecho activo agravado”
La fiscalía calificó el delito que habría cometido el ex presidente como “cohecho activo agravado” por su condición de jefe del Estado a raíz de la “afectación de la confianza pública” en el funcionamiento tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
La pena pedida por la Fiscalía para De la Rúa y Santibañes es coincidente con la que pidió semanas atrás la querella, ejercida en este caso por la Oficina Anticorrupción.
En su último día de alegato antes de dar paso a las postura de las defensas, la fiscal consideró plenamente probada la maniobra concretada cuando Pontaquarto entregó en el domicilio del también ex senador del PJ Emilio Cantarero una valija con 4,3 millones de pesos convertibles a dólares, que un día antes había retirado de las oficinas de Santibañes en la Side.
“Es imposible que ese dinero haya salido de la Side sin el conocimiento y autorización del presidente De la Rúa, a menos que se piense que estaba incapacitado para ejercer su función, algo que en este juicio ha quedado probado que no era así”, alegó la fiscal.
Los ex senadores
El ex senador Cantarero quedó fuera del juicio por su deterioro psicofísico, en tanto que el entonces jefe de los senadores radicales, José Genoud, jefe de Pontaquarto y negociador de la maniobra ante Alasino, se suicidó a poco de ser imputado por haber cobrado además una parte de ese dinero.
La Fiscalía evaluó que el relato autoincriminante de Pontaquarto, en el año 2005, fue un “testimonio veraz con valor probatorio pleno”, ya que aportó detalles sobre las circunstancias en que se desarrolló la maniobra.
Además, citó en ese sentido las precisiones sobre la reunión en la Casa Rosada entre De la Rúa, Genoud y Santibañes, “que de ninguna manera podrían haber sido conocidas por alguien que no hubiera estado allí”.
“De la Rúa prometió a Alasino y Tell entregar dinero y ordenó al jefe de la Side que articulara el pago”, aseveró la acusadora, quien en cambio consideró no probada la participación del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y más aún: sostuvo que ni siquiera conocía la negociación entre Genoud y Alasino.
Según Namer, la posterior designación de Flamarique como secretario general de la Presidencia, más que un pago por su participación en los sobornos fue un gesto político de De La Rúa para forzar la salida del gobierno del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, a cuya fuerza –el Frepaso– pertenecía el ministro.
En vez de acallarlas, Álvarez se hizo eco de la denuncia sobre las coimas que hizo el también senador peronista Antonio Cafiero, potenciando de esta manera la magnitud política del affaire, dijo la fiscal.
Según la defensa, todo es un “absurdo”
La defensa del ex presidente Fernando De la Rúa sostuvo ayer que el pedido de penas de la Fiscalía en el juicio por los sobornos en la Cámara de Senadores es un “absurdo carente de todo fundamento”.
“El dictamen del fiscal no se basa en la prueba recibida durante el juicio, que ha demostrado las falacias que originaron la causa”, indicó un comunicado que repartieron allegados al ex presidente, ni bien se conoció que Sabrina Namer había pedido la pena de seis años de prisión para el expresidente por ser coautor del delito de cohecho. De la Rúa evitó hacer declaraciones a la prensa y hasta aclaró que lo hará una vez finalizado el juicio oral, que comenzó hace un año, aunque, como a todas las audiencias, concurrió junto con sus dos abogados y se ubicó en una de las primeras filas del recinto.
La Banelco
Por otra parte, los abogados del ex presidente que renunció después del estallido de diciembre de 2001 aseguraron que el pedido de absolución respecto al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique “es un gran paso que hace desaparecer la falaz historia de la Banelco”. “Esto desmiente además a quienes como Carlos Álvarez y Pontaquarto sembraron sospechas en su contra”, agregó el texto, en el cual anticiparon que en los alegatos que tendrá lugar en semanas “refutarán todos los argumentos de la fiscalía”.
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