Se encamina en la Justicia federal porteña el juicio oral contra 27 imputados por la comercialización de una tonelada de cocaína. La hipótesis de la acusación es que integraron organizaciones sin vinculación entre sí, pero con una modalidad en común: importación de grandes cantidades de esa sustancia desde Bolivia, traslado vía terrestre desde el norte del país, almacenamiento en distintos puntos del conurbano bonaerense y, finalmente, la comercialización en esos lugares y la ciudad de Buenos Aires.
Los expedientes fueron elevados a juicio, por separado, durante 2015 y este año. Desde entonces, la Fiscalía General Nº 1 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal a cargo de Diego Luciani realiza los actos preliminares del debate que llevará adelante el Tribunal Oral Federal N° 1. En la etapa de instrucción, intervino el fiscal federal Jorge Di Lello.
La banda de Irma
El primer caso en ser enviado a la etapa de debate oral y público tiene 17 imputados, a quienes se acusa de haber integrado una organización delictiva desde octubre de 2012, cuya finalidad habría sido el tráfico, transporte, distribución y fraccionamiento de cocaína con el fin de comerciarla en la ciudad de Buenos Aires.
La hipótesis –al igual que en los demás expedientes– es que la droga era ingresada a la Argentina desde Bolivia: en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, era almacenada en diversos inmuebles y desde allí distribuida en vehículos que atravesaban el territorio hacia el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Una vez allí, era nuevamente almacenada y redistribuida: ingresaba a la Capital Federal, donde era entregada a distintos distribuidores o revendedores.
De acuerdo con la acusación, las maniobras serían constitutivas del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación de tres o más personas”; esa figura está prevista y reprimida en el artículo 5, inciso c, y 11, inciso c, de la ley 23.737. Se estima además que los imputados no respondían a terceros y actuaban por cuenta propia. Uno de ellos es integrante de la Policía Federal Argentina.
Irma Huanca Quispe está acusada de ser la proveedora. Para eso mantenía frecuentes conversaciones para coordinar las entregas: cuando había quejas sobre la baja calidad de la cocaína, eran dirigidas a ella. A Jorge Isaac García Baldiviezo y Ernesto Ortiz Vargas se los sindica como los intermediarios o una suerte de representantes de los distribuidores. Todos ellos, junto a José Elvis Yuri, fueron detenidos al mismo tiempo cuando mantenían una reunión en el barrio porteño Liniers.
Los supuestos distribuidores identificados son Euclides Rengifio Soraluz, su hermana Yrene Chicoma Soraluz y su socio Germán Cárdenas Retegui, además de Geovanny Londoño Osorio. Antes de su venta, la cocaína era almacenada en domicilios de Malvinas Argentinas, Tapiales (ambas en el conurbano) y de los barrios porteños de Nueva Pompeya y San Cristóbal: Iván Erick Pflucker Segovia, Luis César Pflucker Ramírez y Segundo Andrés Rodríguez Mercedes; Terceros Mancilla; Giovanni Yoval Vivanco Benadides (a quien le encontraron 30 kilos en la casa) y Agueda Yorbelin Ramírez Muñoz están acusados por ello.
Por otra parte, Marcos Enrique Núñez fue detenido cuando trasladaba casi 80 kilos a bordo de un VW Voyage. Finalmente, la venta pública habría sido realizada por Janell Elizabeth Solano Gutiérrez –en una peluquería de su propiedad, ubicada en la zona de Once– y por el cabo 1° de la Federal Diego Lucas Andrade. Los procedimientos realizados en noviembre y diciembre de 2014 culminaron con el secuestro de 232 kilos de cocaína, distribuida entre siete inmuebles y el auto.
1,2 millón cash
Otro pedido de elevación a juicio fue formulado en septiembre del año pasado y tiene cuatro personas acusadas, aunque resta dar con el paradero de otros prófugos y el principal organizador. El expediente se originó con la extracción de testimonios de la causa anterior, ya que de las tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas surgió la existencia de otras personas que se dedicarían a la comercialización de estupefacientes.
Las maniobras identificadas son similares: importación de cocaína desde Bolivia a través de Salta, donde el cargamento iniciaría un recorrido hasta el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, para finalmente ser ingresada a la Capital Federal. Al detectarse una inminente entrega de la sustancia, en junio del año pasado se dispuso una serie de allanamientos que culminaron con el secuestro de más de 200 kilos de cocaína, un millón doscientos mil pesos en efectivo, armas de fuego y municiones varias.
Los imputados son Miguel Ángel Lescano, Nicolás Ariel Ibáñez, Irma Barrionuevo y Micaela Flores: Lescano sería, junto con su pareja Barrionuevo, el encargado de mantener las conversaciones con el resto de los involucrados para coordinar los transportes y entregas. Ambos fueron detenidos con varios kilos de cocaína dentro de su camioneta, y registraban más de 200 cruces de frontera. En tanto que, según el requerimiento de elevación a juicio, Flores e Ibáñez “facilitaban los domicilios utilizados por la organización en la provincia de Buenos Aires para el almacenaje de la cocaína”.
Diego Miranda, Guillermo González, Miguel Santillán y Javier Virino López también serán juzgados: fueron detenidos en octubre del año pasado a la altura de San Andrés de Giles, cuando circulaban en una Ford F100 y una VW Amarok con más de 230 kilos de cocaína. Estaban distribuidos en 229 paquetes de alrededor de un kilo cada uno, dentro de la carrocería de la F100. Miranda y López transportaban la droga, acompañados por González y Santillán, quienes iban como barredores, encargados, de la custodia: avistaban posibles “obstáculos que pudieran surgir durante el trayecto”. El requerimiento de elevación a juicio fue suscrito por el fiscal Di Lello en enero de este año.
Otros 400 kilos
También llegarán acusados al debate oral y público Ramón Sebastián Quiroga y Leila Scarley Torrico Peña, quienes fueron detenidos el 20 de diciembre de 2015 con 394 kilos de cocaína divididos en 372 paquetes, también ocultos en un compartimiento de una camioneta F100 destinada para ello.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el vehículo fue conducido por otra persona hasta que fue reemplazada por Quiroga –quien incluso contaba con la cédula azul para hacerlo–, en lo que el fiscal denominó como un sistema de postas. Los imputados fueron detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Lomas de Zamora.
Comentarios