Esta tarde el conflicto llega al Parlamento. Con el protagonismo del vicepresidente opositor, Julio Cobos, a las 18 la oposición intentará concretar una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria del Senado con el objetivo –ajeno a lo que marca la Constitución Nacional– de convocar a una sesión extraordinaria del cuerpo, en receso por vacaciones, para allí tratar el decreto de necesidad y urgencia por el que el gobierno removió al presidente del Banco Central, Martín Redrado. Con todo, ya el abanico opositor comenzó a dividir aguas en esa estrategia, que debería tener su correlato en la Cámara baja: mientras que el diputado de Unión-PRO Francisco De Narváez jugó cartas para una convocatoria al Congreso el 20 de enero, su colega del Acuerdo Cívico y Social Elisa Carrió bregó por una fecha consensuada con el oficialismo, sin tanta premura. Y desde el kirchnerismo recordaron que el único que puede interrumpir el receso del Congreso es el Ejecutivo con un llamado a extraordinarias, algo que por el momento desde la Casa Rosada no dieron indicios de tener ni siquiera bajo estudio.
Con la ya de por sí singular interpretación de que el Senado pueda “autoconvocarse” en pleno receso, tal la movida de Cobos, el diputado del PJ disidente De Narváez exageró la nota al ponerle fecha: el 20 de enero. Pero el apresuramiento lo dejó mal parado. Rápido, Carrió se despegó y sostuvo que se debe “encontrar un mecanismo consensuado con el oficialismo para que las Cámaras se expresen lo antes posible (sobre el decreto de remoción de Redrado), pero sin apuro, para no generar un conflicto generalizado de poderes”. Igual, la chaqueña puso en duda que esta tarde los jefes de los bloques opositores asistan a la convocatoria de Labor Parlamentaria que realizó Cobos. En cambio, estimó que habrá encuentros de cada bancada por separado para definir las estrategias a seguir. El kirchnerismo ya dijo que no aportaría sus hombres a la jugada del vicepresidente, porque su objetivo, el llamado a una sesión extraordinaria, es anticonstitucional. Y ayer, el diputado kirchnerista Agustín Rossi calificó como una “tropelía legislativa” esas intenciones de “autoconvocatoria” parlamentaria.
En tanto, sí hubo un acuerdo entre oficialismo y oposición para reunir a la comisión bicameral permanente de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, para este miércoles. Pero aquí no se habla de una autoconvocatoria parlamentaria como la que motoriza el vice volcado a la oposición: lo que hará en todo caso el cuerpo es analizar el DNU de expulsión del titular del Central, y emitir uno o dos dictámenes que se deberán girar a los plenos de ambas Cámaras para su tratamiento cuando se reabran las sesiones en marzo o, si así lo dispusiera el Ejecutivo, se llamara a extraordinarias para febrero.
Pero como esta bicameral no tiene presidente –fue la última disputa por los cargos legislativos del año pasado, y quedó sin resolver– y en su integración hay un “empate” de ocho miembros del oficialismo y otro tanto de la oposición, lo que se prevé es que salgan dos dictámenes: uno a favor y otro en contra de la remoción de Redrado.
Así, lo que se discutirá serán los coletazos del tema de fondo: la utilización de reservas de “libre disponibilidad” del Central –los dólares que sobran respecto de los necesarios para respaldar el dinero local circulante– para garantizar o directamente pagar deuda externa, como dispuso el gobierno a través de la creación del Fondo del Bicentenario también por un DNU, ya refrendado en el Congreso pero igual con un amparo judicial como el que pesa sobre el otro decreto que emitió la presidenta Cristina Fernández, para sortear esta vez la rebeldía de Redrado hacia la política económica oficial. Y sobre ello cabalga el tema que está por detrás de los anteriores: la conveniencia o no de que el Banco Central se maneje con independencia de las directrices económicas del Ejecutivo, una “autonomía” problemática que defienden los economistas ortodoxos y neoliberales.
Comentarios