Ezequiel Nieva
Seis homicidios en menos de una semana en el departamento La Capital, entre ellos el conmocionante femicidio de la enfermera María Cecilia Burgadt, determinaron la decisión del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro de intervenir la Unidad Regional I de Policía (URI). La oposición duda de la eficacia de la medida y por eso decidió citar a Pullaro a la Legislatura, donde deberá dar explicaciones sobre el programa de seguridad. Mientras tanto, crece el malestar de los ciudadanos, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, donde el miércoles a la noche una marcha multitudinaria terminó en las puertas de Casa de Gobierno con el pedido de renuncia de Pullaro.
El femicidio de la enfermera del hospital Cullen, cuyo cuerpo apareció el sábado en una vivienda del norte de Santa Fe, y el asesinato a sangre fría del joven comerciante Julio Cabal, el martes al mediodía frente al Colegio Nacional y a una cuadra de la Municipalidad, encendieron todas las alertas. Santa Fe es la provincia con mayor tasa de homicidios del país y la ciudad capital encabeza ese ranking. El malestar quedó reflejado en la marcha del martes, masiva como ninguna otra en la ciudad de Santa Fe.
Ante la seguidilla de crímenes, el ministro Pullaro intervino por 30 días la URI y removió a su cúpula para poner al mando al actual subjefe de la Policía provincial, Carlos Pross. La medida fue anunciada luego de una reunión que mantuvo el titular de Seguridad con sus colega de Gobierno Pablo Farías y de Justicia Ricardo Silberstein.
Pullaro señaló que es “un momento muy difícil y doloroso” y explicó que “desde el Ministerio de Seguridad asumimos la máxima responsabilidad, en función de la política preventiva que se viene llevando adelante”. La intervención de la URI, indicó el funcionario, es por al menos 30 días o “hasta que la situación se estabilice”.
En ese marco, el ministro de Seguridad informó que la ciudad de Santa Fe contará con refuerzos coordinados de diferentes unidades operativas provinciales y de la Tropa de Operaciones Especiales. Además, le pidió al jefe de la Policía de Investigaciones que arbitre los medios para dar con los responsables del homicidio del comerciante. Con ese objetivo, la provincia ofrece una recompensa de un millón de pesos a quienes aporten datos que permitan esclarecer el hecho, por el cual tres días después aún no hay detenidos.
Los cuestionamientos de la oposición por el recrudecimiento de los crímenes y la falta de control de la Policía no tardaron en llegar; Pullaro recogió el guante: “Somos absolutamente responsables de la seguridad, nunca alcanza ningún tipo de excusa. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para dar respuestas y profundizar el trabajo. Hasta el último día de mi gestión voy a tomar decisiones para que la situación pueda mejorar”.
Citación legislativa
A partir de un proyecto del justicialista Leandro Busatto, la Cámara de Diputados resolvió este jueves convocar a Pullaro a una reunión en la Presidencia del cuerpo donde se pedirán explicaciones sobre el plan de seguridad y sobre las últimas decisiones administrativas referidas a la Policía. “Queremos conversar con él respecto a las últimas situaciones que se han vivido”, indicó el diputado Busatto, que forma parte de la comisión de transición designada por el gobernador electo Omar Perotti.
En rigor, el proyecto para convocar a Pullaro ya estaba en estudio de la Legislatura, pero los hechos de los últimos días precipitaron la citación. “Hay que acostumbrarse a que podamos tener este tipo de instancias más allá de los episodios que circunstancialmente se presenten”, opinó Busatto. “La última semana ha sido de mucha violencia y hay circunstancias que ameritan que el ministro venga a la Legislatura y que tengamos la posibilidad de conversar”.
El diputado del PJ explicó los motivos: “Queremos ver cuál es el objetivo de la intervención (de la URI) y cuál es el plan diseñado para esta situación de emergencia, porque más allá de las críticas que hemos hecho siempre, nosotros queremos que a la provincia le vaya bien en materia de seguridad”.
Busatto planteó sus dudas sobre las últimas decisiones de Pullaro: “Hay que ver cómo funcionan; no sé si una intervención en este momento va a solucionar el problema de fondo. Pero, sin dudas, en algo el ministro tiene una mirada parecida a la nuestra: hay un problema grave con la Policía, hay un problema de mando que no se puede cumplir y en ese sentido hay que ver si es eficaz esta decisión”.
“La política –continuó el legislador– no está conduciendo a la Policía. No es un problema de nombres propios; es la política en general. Los tres poderes hemos fallado en algunas cuestiones, sancionamos tarde las leyes, algunas las discutimos de más, el Poder Judicial no las aplica bien y el Ejecutivo no conduce a la Policía”.
Su colega del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, anticipó que le pedirán a Pullar un informe de situación para conocer por qué “la ciudad de Santa Fe es la más violenta del país”. Además, habrá preguntas sobre el Servicio Penitenciario. En ese sentido Del Frade sostuvo que “las bandas supuestamente desmanteladas, de lo cual hicieron tanta alharaca durante estos años, se siguen reciclando y siguen trabajando desde adentro de las cárceles. Eso tiene que ver con que dentro de las cárceles pasa cualquier cosa menos lo que el poder político dice que debe pasar, ese es un problema muy serio”.
Emergencia en seguridad
En el marco de la transición provincial, el diputado Busatto anticipó la decisión de los representantes del gobernador electo de pedir una reunión especial con los ministros Silberstein y Pullaro para plantear en ese ámbito la posibilidad de volver a sancionar la emergencia en seguridad, una ley que estuvo vigente entre 2012 y 2016.
Según el diputado del PJ, la emergencia “puede ser una herramienta que le sirva a este gobierno en el fin de su mandato y también al nuestro”. Y apuntó: “La situación es dramática y amerita tener todo tipo de herramientas a mano”.
La emergencia en seguridad fue votada en 2012, durante la gestión de Antonio Bonfatti como gobernador, cuando Raúl Lamberto era ministro de Seguridad. Luego fue prorrogada y estuvo vigente hasta diciembre de 2016, ya con Miguel Lifschitz al frente de la provincia.
Piden custodia policial
La familia de María Cecilia Burgadt, la enfermera asesinada el fin de semana en Santa Fe, denunció que aún no cuentan con custodia policial. El Concejo Municipal inició gestiones ante el Ministerio de Seguridad para que se atienda ese pedido.
“En las redes sociales, una de sus hijas denunció que a seis días del hecho aún no cuentan con custodia policial. Esto nos inquieta, moviliza, indigna y preocupa”, sostuvo la concejala del PJ Alejandra Obeid. “Exigimos que se arbitren todas las medidas de protección a la familia de María Cecilia, como así también a todas las mujeres que hoy en día se encuentran amenazadas y temen por sus vidas”.
El Concejo quiere saber
En la sesión de este jueves, el Concejo Municipal de Santa Fe pidió informes sobre la presencia de fuerzas federales en la ciudad. A partir de un proyecto de la concejala justicialista Alejandra Obeid, piden que el municipio informe cuántos efectivos federales cumplen actualmente tareas en la ciudad, luego de que el propio Pullaro relativizara –un día antes– la colaboración brindada por las fuerzas nacionales.
El pedido de informes elevado al Ejecutivo pregunta cuántos son los efectivos de seguridad que cumplen tareas en nuestra ciudad, cuáles son los puntos donde se encuentran cumpliendo funciones, qué tareas desempeñan habitualmente, sus objetivos y funciones; cuál es el período asignado para cumplir esas tareas de seguridad y si existe un trabajo coordinado entre la ciudad, la provincia y la Nación respecto a la política de seguridad.
“Ante los hechos de inseguridad y los homicidios que se suceden en la capital provincial, es importante conocer cuáles son aquellas tareas que desarrollan los 500 efectivos que, según el intendente (José Corral), trabajan en Santa Fe. Nos sorprende el resultado negativo en las medidas de prevención del delito, porque no se visualizan en las calles santafesinas”, indicó la concejala Obeid.
Además, los concejales pidieron formar parte de la audiencia que mantendrán los diputados provinciales con el ministro Pullaro “ya que en diversas oportunidades se lo ha convocado al mencionado ministro sin poder contar con su presencia en el recinto local”, señalaron en un proyecto de comunicación.
Corral saca partido
En medio de la dramática situación, el intendente de Santa Fe José Corral señaló que “la marcha fue una expresión conmovedora de los santafesinos” y le tiró toda la responsabilidad al gobierno provincial: “Me llama la atención que el gobernador no haya aparecido por la ciudad. En estos momentos las autoridades deben acompañar el sentimiento de la ciudadanía y tomar cartas en el asunto, medidas concretas”.
Corral pidió una reunión con Lifschitz para abordar el problema de la seguridad en su ciudad y opinó sobre las últimas medidas de Pullaro: “Hay que hacer todo lo que esté al alcance. Por suerte por esta horas vimos un poco más de patrullajes. Uno se pregunta por qué ese patrullaje no estaba antes para evitar que ocurriera la muerte de Julio. Pero bueno, exigimos aún más patrullajes, queremos que haya una presencia y una dedicación del gobernador porque la seguridad es una obligación y una competencia del gobierno provincial”.
Si la relación entre Lifschitz y Corral ya venía en malos términos por cuestiones de posicionamiento político, los últimos hechos agrandaron aún más la grieta: “Nosotros pedimos por escrito una reunión con el gobernador, que hace meses no atiende al intendente de la ciudad capital. Y no solo por este tema, sino por muchos que tenemos para conversar. Por eso pedimos una audiencia por escrito, pero no nos atiende”.
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