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Cinco años de prisión para Gil

La Justicia santafesina condenó ayer al ex agente secreto del Ejército por amenazas realizadas en 2009 vía correo electrónico a testigos de causas por delitos de lesa humanidad. Festejo de manifestantes por la histórica sentencia.


El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó ayer a cinco años de prisión al ex agente secreto del Ejército Juan José Luis Gil por amenazas y coacciones agravadas. En 2009, Gil intimó a testigos de causas por delitos de lesa humanidad, a un juez y a un fiscal. La querella interpretó que las amenazas estaban destinadas a amedrentar a los testigos y, tras la sentencia –dictada ayer en la capital provincial– consideraron “perfectamente” probado la responsabilidad de Gil en el envío de correos que firmaba con el nombre de una supuesta organización secreta: La Hermandad.

El ex agente civil de inteligencia del Ejército creó una cuenta de correo electrónico de Yahoo desde un cibercafé de la ciudad de Reconquista, en 2009. A través de esa cuenta operada varias veces desde su casa, amenazó con “ejecutar” a víctimas de la dictadura de la ciudad, a un fiscal y a un juez que investigaban las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en el norte de la provincia.

Fue el primer juicio en el país, en el marco de los procesos por crímenes de la dictadura, contra una persona acusada de amenazar y amedrentar a quienes investigan delitos de lesa humanidad. La histórica sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado José María Escobar Cello, Otmar Paulucci y María Ivón Vella, quien leyó la sentencia en su carácter de presidenta.

Gil fue condenado como “autor penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas y coacciones agravadas, en dos hechos en concurso real”. La jueza Vella informó que se le impuso “en tal carácter la pena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena”, de acuerdo a los artículos 12 y 19 del Código Penal.

La sentencia fue festejada por más de un centenar de manifestantes que cortaron la calle Primera Junta en su intersección con San Jerónimo –en pleno centro santafesino– para escuchar el veredicto.

Además, el Tribunal fijó una nueva audiencia para el 17 de septiembre, a las 19, oportunidad en la que se leerán los fundamentos de su sentencia.

En sus alegatos, los abogados defensores Mauricio Monchini y Gonzalo Miño solicitaron la absolución de su cliente, mientras que el fiscal federal subrogante, Martín Suárez Faisal, pidió una pena de ocho años de prisión.

Por su parte, las dos querellas habían solicitado una pena mayor: Pedro Dinani (en representación del querellante Gabriel Hernández) pidió 13 años de prisión, en tanto que Iván Bordón (en nombre de Raúl Borsatti, Jorge Miceli y Pablo Rolón) requirió 12 años de cárcel.

En su fallo, el Tribunal ordenó decomisar la notebook del imputado para ser entregada a “algún establecimiento oficial de bien público” y remitir al Juzgado Federal de Reconquista un DNI, una libreta cívica y una credencial policial hallados en casa del imputado para que “se investigue su presunta falsedad”.

La denuncia que dio inicio a la causa fue radicada por integrantes de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, de Reconquista, y daba cuenta de la recepción de dos correos electrónicos con amenazas e  intimidaciones. Los mails también fueron recibidos por la Fiscalía Federal de Reconquista y por el Concejo Municipal de esa ciudad, siempre con amenazas.

El ex policía también estaba acusado de haber amenazado mediante correos electrónicos a funcionarios judiciales, querellantes y a otras personas vinculadas a la denominada Causa 50 “Base Aérea”, que investiga los delitos de la represión ilegal en Reconquista durante la dictadura.

Gil fue procesado en diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista, Mario Alurralde, por los delitos de “amenazas y coacciones agravadas” luego de dar por probado que algunos mails salieron desde la conexión de la empresa Arnet a nombre del acusado.

El que concluyó ayer fue el octavo juicio por delitos vinculados a causas de lesa humanidad en la provincia, pero a la vez fue el primero en su tipo a nivel nacional, mientras continúa en Rosario el noveno proceso por hechos cometidos en la localidad de San Nicolás durante la última dictadura.

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