La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina, Autónoma (CTA-A) y de los Trabajadores (CTA-T), solicitaron este martes la “intervención urgente” del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, ante la inminente aplicación del protocolo de orden público, al considerar que “restringe y vulnera los derechos constitucionales”, alienta a la “persecución sindical” y busca “criminalizar la protesta social”.
La presentación de las tres centrales sindicales se realizó ante la protesta convocada para este miércoles por Unidad Piquetera, que marchó hacia el Congreso a la Plaza de Mayo, y que se convirtió en la primera aplicación práctica del protocolo de orden público, anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En el texto, las centrales sindicales advirtieron que el protocolo “restringe y vulnera los derechos constitucionales” y además “alienta a la persecución sindical y buscan criminalizar la protesta social”.
Asimismo pidieron que la denuncia se remita “por violaciones al convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación” a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su “urgente tratamiento”.
“Es incompatible con las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT, se trata de una reglamentación abusiva tendiente a desconocer derechos constitucionales reconocidos, a su vez, por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratificó”, apuntaron las centrales sindicales.
El escrito de ocho páginas presentado ante la OIT, denuncia que el Protocolo anunciado por el gobierno argentino criminaliza la protesta social y viola “derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país”.
“Tan sólo 48 horas después de anunciar el mayor plan de ajuste económico de la historia del país, el ministerio de Seguridad de la Nación adoptó el denominado Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación”, señala el texto.
Y agrega: “El movimiento sindical argentino venía advirtiendo durante la campaña presidencial electoral de la nación, que se veían gestando manifestaciones con intenciones de limitar y vulnerar la libertad sindical, incluida la protesta social. Estas manifestaciones que buscaban criminalizar la protesta social y la persecución sindical venían de sectores privados pero que hoy representan la autoridad nacional”.
En ese marco, “El movimiento sindical argentino llama a la atención urgente del Director General de la OIT, Gilbert Houngbo, sobre los recientes acontecimientos que afectan a los y las trabajadores de la República Argentina y solicita que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su tratamiento, a la mayor brevedad”, concluye el documento firmado por los tres secretarios de Relaciones Internacionales de las centrales obreras, Gerardo Martínez, Adolfo Aguirre y Roberto Baradel.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, también
En sintonía, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) envió dos comunicaciones a Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde denuncian el protocolo para protestas sociales anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
“Con más de 1700 firmas de organizaciones, denunciamos el protocolo contra la protesta en la ONU y la CIDH”, señala el comunicado oficial.
Y agrega: “ Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales”.
¿Por qué denunciamos?
“Enviamos dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo para protestas sociales anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”.
“Esas presentaciones tienen 1700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos. Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron a título personal”.
“En los escritos enviados desarrollamos las críticas al protocolo publicado en la Resolución 943/2023 y explicamos que la mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”.
“El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas”.
“Con esa información y análisis, solicitamos a la ONU y a la CIDH que manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta”.
“En la carta a la CIDH pedimos que adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.
Por su parte, el escrito presentado ante la ONU fue dirigido a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y, en particular, al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor”.
“Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan”.
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