Pablo Soria
La defensa de cinco ex funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial presentó este jueves en Tribunales de Santa Fe la tercera denuncia contra los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain. Concretamente, el cuestionamiento a los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación apunta a la decisión de enviar seis teléfonos celulares secuestrados a una empresa brasileña para que sean desbloqueados a un costo de 5 mil dólares cada uno.
Los celulares a “abrir” en la empresa «Cellebrite Solucoes Tecnologicas» de la ciudad de San Pablo fueron aquellos incautados a ex funcionarios en el allanamiento del 26 de noviembre pasado en oficinas del ministerio de Seguridad de Santa Fe. “Ayer a las 21 nos notificaron por mail que iban a peritar mi teléfono personal en Brasil. Un despropósito que nos hayan avisado un día antes, ya que mañana van a ser desbloqueados. Ni a los criminales más peligrosos de Santa Fe les abrieron el teléfono con tanta celeridad”, criticó Nadia Schujman, ex funcionaria investigada.
El desbloqueo de esos celulares demandará un gasto de 30 mil dólares, además de los pasajes aéreos a San Pablo, estadía y viáticos de los encargados del traslado de los dispositivos a Brasil. “Es ilegal que me hayan secuestrado mi teléfono personal, dentro de un allanamiento que también fue ilegal. Desapareció el disco rígido de mi computadora y violaron la cadena de custodia. Falsificaron actas de secuestro de las PC y de los celulares”, denunció la abogada de Hijos, en diálogo con El Ciudadano.
“¿De dónde saca ese dinero el MPA? ¿Quién pone la plata? Tengo dos hipótesis por intereses espurios”, deslizó Schujman, a quien le sacaron el celular personal de la cartera, sin testigos ni orden de un juez, durante aquel allanamiento en sede de Gobernación. El teléfono oficial de la ex funcionaria ya fue abierto. “Como no encontraron nada relevante fueron por más”, manifestó la ex directora de la Agencia de Control Policial.
Espionaje ilegal: una causa con “intereses políticos comunes y particulares”
Schujman resaltó que “hubo muchos casos de teléfonos que no se pudieron abrir y tampoco los mandaron al exterior para desbloquearlos por falta de recursos”. Y entre ellos enumeró los casos del narco peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, y de Leonardo Peiti y David Perona, ex jefes del juego clandestino en la provincia.
Juan Lewis, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, defiende los intereses de cinco de los ex funcionarios provinciales investigados: Schujman, Pablo Álvarez, Diego Alfredo Rodríguez, Débora Vanina Cotichini y Milagros Bernard.
“Ellos fueron funcionarios y entendieron que estaban participando de una gestión que implicaba una transformación en la seguridad y en las investigaciones judiciales. Ellos no tendrían ningún inconveniente en explicar las tareas que realizaban en el Ministerio. Cuando los allanamientos tomaron estado público, inmediatamente se pusieron a disposición de la Fiscalía porque estaban en condiciones de declarar. Nunca fueron convocados”, reconoció el defensor.
“Creemos que los fiscales están trabajando una hipótesis que no condice con la evidencia que ellos tienen. No hay ningún elemento que indique que haya habido una violación a la ley de inteligencia nacional. Lo dice la propia resolución de un juez. Y de haber habido un delito, es competencia del fuero federal”, aseveró Lewis.
Según Schujman, “hay una violación de garantías constitucionales por parte de los dos fiscales. También violaron el principio de objetividad”, precisó. Incluso recordó que luego de que el juez Sebastián Creus, de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, le ordenó a Fiscalía que abra el expediente para permitir el acceso de las defensas a la evidencia recolectada en la investigación, “interpusieron un recurso de inconstitucionalidad y advirtieron con ir hasta la Corte Suprema de Justicia en caso de que sea necesario”.
En la oposición presentada este jueves por la defensa que encabeza Lewis, solicitaron que “se suspenda la realización de dicha medida (por el desbloqueo de los teléfonos celulares), en atención a que no sería aprovechable por referir al menos a un celular personal irregularmente secuestrado; el mecanismo elegido para efectuar la medida impide el control de la defensa; no se encuentra determinada la idoneidad de quienes la realizarán; y existen organismos oficiales en el país que cuentan con tecnología para proceder al desbloqueo, a la par que posibilitarían un contralor defensista”, detallaron.
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