Pablo Soria
Un juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe ordenó que Fiscalía abra el expediente en la causa que investiga a ex funcionarios provinciales del Ministerio de Seguridad por sospechas sobre espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain.
“Por fin un juez le pone límite a los fiscales. Desde que me anoticié de aquel allanamiento ilegal, fueron un atropello tras otro. Era sentir que la Fiscalía podía hacer cualquier cosa, cometer cualquier tipo de ilegalidades y violar un montón de garantías constitucionales sin que nadie les ponga un freno”, manifestó Nadia Schujman, ex funcionaria que estaba a cargo de la Agencia de Control Policial, sobre la resolución del camarista Sebastián Creus.
Juan Lewis, defensor de cinco ex funcionarios, entre ellos de Schujman, señaló tras el fallo que “el juez Creus entendió que el pedido de las defensas era totalmente lógico, porque más allá de todo el relato de la Fiscalía, no hay ningún elemento que permita afirmar que haya habido espionaje. Dos días antes de la audiencia, los fiscales habían puesto el expediente a disposición de las defensas aunque con algunas restricciones. O sea que en la práctica implicaba la continuidad de la denegación del acceso a la causa”, advirtió en diálogo con El Ciudadano.
También en la reciente resolución, Creus no hizo lugar al pedido de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández para duplicar plazos procesales. “No sólo por el acceso irrestricto a la causa, que después de cuatro meses era escandaloso, inventando restricciones que no existen en ningún lugar. El juez dejó en claro que se trató de una violación a los derechos humanos. No tienen nada de espionaje ilegal. Acá no hay nada que pudiera configurar ese delito. Y si lo hubiera, tendría que investigarlo la Justicia federal”, cuestionó Schujman en relación al accionar de los funcionarios del Minisetrio Público de la Acusación (MPA).
“Creemos que los fiscales están trabajando una hipótesis que no condice con la evidencia que ellos tienen. No hay ningún elemento que indique que haya habido una violación a la ley de inteligencia nacional. Lo dice la propia resolución de un juez. Y de haber habido un delito, es competencia del fuero federal”, coincidió Lewis.
En la causa había tres recursos presentados contra tres resoluciones dictadas por distintos jueces penales vinculados al procedimiento extendido de la investigación, la duplicidad de plazos y el levantamiento de la reserva de las actuaciones dispuesta, en el último caso, para garantizar el derecho de los imputados de acceder a la investigación en curso.
Causa política
A Schujman nada le quita de la cabeza que se trata de una causa política. “Y me resulta escandaloso que haya quedado en evidencia la doble vara con la que han actuado desde el MPA y otros actores con tanta alevosía. Acá se juegan intereses comunes y particulares. Aleccionar para que nadie más en la provincia investigue a determinados factores de poder, a determinados actores y a determinadas alianzas”, deslizó la reconocida letrada en los juicios por delitos de lesa humanidad, en diálogo con este medio.
Según Lewis, “la resolución del juez dice que después de tantos meses de investigación, las defensas tienen el derecho de acceder a la evidencia para formular las defensas. La acusación que sostiene Fiscalía es incierta e imprecisa. No hubo ninguna imputación. Los fiscales allanaron y hubo un diputado que tuiteó que no había visto nada más grave desde que volvió la democracia en el 83″, lamentó.
“Evidentemente Arietti (por Carlos Arietti, fiscal Regional de la circunscripción Santa Fe) quiere ser el próximo fiscal General, mientras que (Maximiliano) Pullaro ya está lanzado a su campaña para gobernador y utiliza la causa con fines políticos. (El senador Armando) Traferri quiere impunidad y que se aleccione a quiénes quieren investigarlo”, disparó Schujman.
“Cuando los fiscales tuvieron que dar precisiones ante un juez, no pudieron explicar qué tiene que ver esto con la ley de inteligencia. Están manoseando el buen nombre de algunas personas. Da la sensación de que están instrumentando la justicia penal para otros fines. De personas que tienen aspiraciones políticas y judiciales. Por parte de la Fiscalía hubo mala fe procesal al no haber querido mostrar la evidencia, lanzar informaciones a algunos medios sin documentación respaldatoria”, criticó Lewis.
“Arietti y (el fiscal General Jorge) Baclini tienen intereses sumamente políticos en esta causa. En alianza con los legisladores que son quienes pueden destituirlos o aprobarlos en pliegos. Hicieron la parodia de abrir la causa horas antes de que (el diputado Maximiliano) Pullaro pidiera ser constituido como querellante. Al momento que se realizaban los allanamientos, Pullaro ya estaba tuiteando sobre el tema. ¿Por qué lo sabía? Formaba parte de la operación mediática. También resultan escandalosos los elementos que se admitieron para que ingrese a la causa”, amplió Schujman en sus cuestionamientos.
En los allanamientos de noviembre pasado en las oficinas del Ministerio de Seguridad secuestraron transcripciones de conversaciones entre el ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas Alejandro Druetta y el ex ministro de Seguridad Pullaro. “Cuando ellos saben perfectamente que esas conversaciones fueron ventiladas en un juicio oral y público en el que condenaron a Druetta con 10 años por narcotráfico”, apuntó Schujman.
“En lugar de escandalizarse porque el ex ministro de Seguridad tenía ese nivel de connivencia y de confianza con un jefe narco, lo grave es que Nadia Schujman tenía algo que es público. ¿Cómo no lo voy a investigar a Druetta si mi función era investigar a la Policía? En mi oficina había un montón de conversaciones de Druetta. Es el mundo del revés y son muy evidentes los intereses políticos”, ratificó la ex funcionaria.
Lewis defiende los intereses de cinco de los ex funcionarios provinciales investigados. “Ellos fueron funcionarios y entendieron que estaban participando de una gestión que implicaba una transformación en la seguridad y en las investigaciones judiciales. Ellos no tendrían ningún inconveniente en explicar las tareas que realizaban en el Ministerio. Cuando los allanamientos tomaron estado público, inmediatamente se pusieron a disposición de la Fiscalía porque estaban en condiciones de declarar. Nunca fueron convocados”, reconoció el defensor.
El ventilador de Sain
Schujman coincide con su ex jefe Sain “cuando dice que en la provincia hay un pacto que se inició hace más de 12 años cuando (Antonio) Bonfatti era gobernador, que para garantizar su gobernabilidad entregó subsidios millonarios. A partir de ahí se crearon lazos para que nadie cuestionara nada. Eso se fue afianzando cada vez más. Y me parece que en la causa de (Esteban) Alvarado también quedan en evidencia”.
Y añadió: “Están ventilando audios en los cuales (Esteban) Alvarado decía a qué jefe policial había que designar. Lo peor es que después se cumplía. Impunidad y connivencia con el poder político. En realidad la lucha contra Los Monos era para limpiarle el camino a Alvarado”, consideró Schujman.
Para la ex funcionaria, la causa que se la investiga está “nada más alejada del trabajo que me tocó realizar. Siempre me dediqué a pelear contra la impunidad. Hace 20 años que lucho contra la impunidad del genocidio que sufrimos en la Argentina por parte del terrorismo de Estado. Y asumí el compromiso de pelear contra la impunidad policial actual. Yo pensé que realmente podíamos cambiar algunas cosas en la provincia cuando asumí ese desafío. Vimos muchas cosas que molestó a mucha gente. Esos jefes policiales que tenían vínculos con el senador Traferri parecían intocables y los allanamos a todos”, recordó Schujman.
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