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Justicia por Pichón

Caso Escobar: apelaron los cinco sobreseimientos

La querella presentó ayer el recurso en el fuero federal y respaldó sus argumentos en las pruebas colectadas.


A un año de la desaparición de Gerardo “Pichón” Escobar y después de que el juez federal Marcelo Bailaque decidiera dejar en libertad a los cinco imputados en la causa, la querella presentó ayer un recurso de apelación de la medida. El abogado de la familia, Salvador Vera, sostuvo que apelaron porque el fallo es “arbitrario, parcial, tiene omisiones graves y afirmaciones dogmáticas” y habló de las múltiples pruebas que involucran al patovica Cristian Vivas, principal sospechoso. Por su parte, Luciana Escobar, hermana de Pichón, dijo a El Ciudadano: “Yo estoy segura que ellos son parte y responsables de lo que le pasó a mi hermano y eso, tarde o temprano, cueste lo que cueste, lo vamos a demostrar”.

El crimen de Pichón Escobar puso en la mira el boliche after La Tienda, el último lugar donde fue visto con vida, y a varios patovicas y policías que trabajaban en el local nocturno. Pichón tenía 23 años y el jueves 13 de agosto del año pasado salió con amigos, estuvo en el cantobar Bogart, de Santa Fe y Presidente Roca, y de ahí partió con otro joven hacia La Tienda, en Tucumán 1119.

Su compañero lo perdió de vista y, cuando salió, el patovica Cristian Vivas le dijo que Gerardo ya se había ido. Una semana después, su cuerpo apareció en las aguas del río Paraná. En ese lapso, el mencionado empleado de seguridad fue demorado porque de su casa salió la última señal de GPS del celular de Pichón. Pasaron más de diez días y este empleado de seguridad, de 36 años, fue imputado como autor del crimen de Gerardo. Sus compañeros de trabajo en el after, además de dos empleados policías, ambos de 32, fueron acusados de encubrir el asesinato.

Después de varias ideas y vueltas, la investigación pasó a la Justicia federal tras ser considerada desaparición forzada. El pasado miércoles 10 de agosto el juez federal Marcelo Bailaque resolvió dejar en libertad a los cinco imputados por la muerte de Pichón Escobar bajo el argumento de que no había pruebas suficientes para incriminarlos. El magistrado refutó en un escrito cada una de las sospechas que cabía sobre ellos, pero ayer fue el turno de los representantes de la familia del joven, quienes presentaron un recurso de apelación del fallo, argumentando que las pruebas involucran directamente a todos los liberados.

Tras conocerse la medida, Cristian Vivas, el patovica señalado como principal sospechoso, dijo en medios locales que es inocente y que, al estar preso un año, sufrió lo mismo y es tan víctima como la familia Escobar.

En diálogo con El Ciudadano, Luciana, la hermana de Pichón y quien se configuró como la principal referente del pedido de justicia, le respondió: “No puedo creer que haya comparado lo que estamos pasando nosotros con lo que pasó él detenido. Está en todo su derecho a hablar, yo siempre lo respeté, a pesar de que me he bancado un montón de cosas adentro de Tribunales como el maltrato de sus familiares o de los barrabravas que se han metido a amenazar”. Luciana contó que en todo este año logró convertir el dolor en lucha y agregó: “Cuando te encaminás en una lucha así te das cuenta que no sólo estás luchando por tu causa, sino por las causas de otras familias”.

Apelación

“Vamos a tener que esperar entre dos y cuatro meses para tener una resolución”, explicó Salvador Vera, representante legal de la familia Escobar, en relación con el recurso de apelación presentado ayer. Vera contó a este diario los argumentos presentados para revertir la decisión de Bailaque.

El abogado consideró que el fallo era arbitrario, parcial, con omisiones graves y afirmaciones dogmáticas. “El juez se basa sólo en los estudios que hizo la Fiscalía (que dicen que no hay lesiones en el cuerpo) y omite los puntos del informe de la querella que da cuenta de múltiples golpes” explicó Vera y agregó: “Tampoco considera las dos cámaras que muestran el lugar donde levantan a Pichón, en calle Catamarca, y que fueron manipuladas: se salta la filmación por 20 minutos en una clara intensión de ocultar una prueba”.

Además, Vera recordó que tres informes de médicos forenses de Buenos Aires probaron que Pichón fue tirado al agua sin vida, “algo que el juez se empecina por desconocer diciendo que pudo haberse ahogado”. De hecho, según Vera estos informes dicen que Pichón no respiró en el agua y que murió por asfixia seca: “Sin decirlo explícitamente lo que queda claro es que le hicieron un submarino seco”.

El abogado explicó: “Bailaque plantea que el teléfono de Escobar estaba con él cuando fue encontrado. Eso no pudo ser probado por la Fiscalía porque cuando llegamos al lugar lo tenía el coordinador de la PDI en la mano, incumpliendo con todo lo establecido para preservar la evidencia”.

Marcha en repudio al fallo

Familiares y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos marcharon ayer desde los Tribunales provinciales hasta los federales en repudio de la resolución del juez Marcelo Bailaque.

Desde la multisectorial por Gerardo Escobar sostuvieron que “aunque la justicia retroceda dejando el caso sin responsables, a un año de la desaparición de Pichón se sigue exigiendo justicia”. “La resolución es verdaderamente escandalosa, arbitraria y roza el mal desempeño del juez. Hay afirmaciones puramente dogmáticas sin remitirse a los elementos de prueba y omite otros que son relevantes y de cargo”, añadieron.

La multisectorial manifestó que el juez “desconoce y hace una interpretación caprichosa del informe de laboratorio que determinó que Escobar ingresó sin vida al agua y que murió por asfixia seca, ya que no había líquido en sus pulmones y tampoco signos de estrangulamiento”.

Además, señalaron que “nunca se investigó ni profundizó la teoría de la querella en función del lugar donde las cámaras muestran cómo levantan a Escobar, registro que se habría adulterado y manipulado y que el juez no considera como un elemento indiciario”.

Pruebas

El abogado de la familia Escobar, Salvador Vera, contó que esperan una pericia detallada del celular encargada al FBI que podrá determinar dónde estaba el teléfono del chico. En relación con recientes declaraciones de Cristian Vivas, sostuvo que ninguno de estos dichos fueron probados por su defensa en la Justicia y recordó que su celular tuvo señal en la zona del puerto las noches del 16 y 17 de agosto. “Dice que su teléfono personal lo usaba su hija cuando fue captado por las antenas portuarias; nos preguntamos para qué fue su hija dos noches seguidas a la zona portuaria. Y, además: por qué su hija tenía contactos policiales, incluidos de la seccional 3ª, y se comunicó con ellos. Pero sobre todo, por qué no acreditó eso en la investigación”, concluyó Vera para recordar: “Son más que suficientes las pruebas presentadas” para revertir el fallo de Bailaque.

Fein: “El caso Escobar duele”

Al término del acto por el aniversario del fallecimiento de José de San Martín, la intendenta Mónica Fein se refirió a los distintos hechos de violencia que sacudieron la ciudad en los últimos días.

“Tenemos que seguir trabajando en todos los aspectos. Tenemos que seguir trabajando en una Justicia que no genere impunidad. La verdad que el caso Escobar duele. La impunidad nos hace pensar que no hay justicia”, expresó en alusión a la decisión del juez federal Marcelo Bailaque de sobreseer y dejar en libertad a los cinco imputados por el crimen de Escobar.

Fein manifestó que el desafío es “la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la violencia que nos golpea día a día, que nos duele como sociedad”.

“He hablado con el ministro (de Seguridad, Maximiliano) Pullaro. La verdad que hay una gran tarea desarrollada pero cuando sucede un nuevo caso, nos damos cuenta todo lo que queda por hacer”, añadió la intendenta.

Luego, consultada por los casos Zulatto y Ciarroca, la intendenta respondió: “A la familia de los jóvenes que han muerto: nuestro dolor, nuestro acompañamiento y nuestro compromiso”.

También se refirió a la colocación de rejas en los bordes de la autopista a Córdoba para prevenir hechos delictivos: “Ha sido una decisión del gobierno provincial”.

“Estamos trabajando en la urbanización de toda la zona pero es un lugar de complejidad. La iluminación y el enrejado serán financiados por el gobierno provincial”, indicó la intendenta.

Por otra parte, aclaró que no cree que las familias que viven en la zona sean responsables de los hechos delictivos. “Son lugares aprovechados por otros, por la falta de iluminación”, aseveró.

 

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