El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó ayer a penas de hasta 21 años de prisión a los cinco imputados por el envío de una tonelada de cocaína a Portugal en 2012, causa conocida como Carbón Blanco, y ordenó la inmediata detención de cuatro de ellos, que se encontraban en libertad. Los jueces aplicaron 21 años al abogado porteño Carlos Salvatore (de años 58), sindicado líder de la banda; 19 al empresario futbolístico arroyense Patricio Gorosito (de 64), 17 al comerciante Héctor Roberto (61, también de Arroyo Seco) y al intermediario Héctor Pérez Parga (60) y 12 años de cárcel a Rubén Esquivel (56), capataz de la planta de Carbón Vegetal de la localidad chaqueña de Quitilipi, desde donde salió la carga en la que se ocultó la droga. Durante la mañana, en sus últimas palabras ante el tribunal, dijo Gorosito: “Faltan jefes y faltan trescientos o cuatrocientos kilos de droga”.
El tribunal, presidido por el juez Eduardo Ariel Belforte e integrado por Ramón González y Aldo Alurralde, halló a los imputados coautores de los delitos de asociación ilícita y contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad inequívocamente destinada a comercialización y la pluralidad de partícipes, en concurso real. Los magistrados ordenaron la inmediata detención de los condenados, que quedaron bajo custodia de Gendarmería, y los fundamentos del veredicto serán leídos el próximo 8 de octubre.
“No hemos tenido presiones de ninguna naturaleza” y “no hubo presión mediática”, afirmó de modo contundente antes de la lectura de la resolución Belforte, en respuesta a planteos del abogado de Salvatore, Luis Sasso, cuando en su alegato dijo que iba a ser un “escándalo” la absolución de su asistido. Asimismo, el tribunal aplicó una serie de accesorias como parte de las condenas, como inhabilitación perpetua para la realización de trámites aduaneros y acciones de exportación e importación, así como costas a su cargo. Además, fueron desestimadas una serie de nulidades requeridas por los defensores así como una denuncia por falso testimonio contra dos policías chaqueños y a un agente de Aduana.
En sus alegatos, los fiscales Federico Carniel y Carlos Amad habían pedido condenas de 25 años de prisión para todos los imputados como miembros de la banda, en tanto que la querella, representada por la Afip-Aduana, había reclamado penas de 28 años para Salvatore y Gorosito, 23 para Pérez Parga y Roberto y 16 años de prisión para Esquivel.
“La condena a Salvatore es ridícula”, dijo uno de los defensores del sindicado líder de la organización, Claudio Lischfitz quien confirmó que una vez conocidos los fundamentos de la sentencia acudirán “a Casación, hasta la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Por su parte, el defensor de Gorosito, Silvio Piorno, dijo que los magistrados obviaron “todas las leyes”, en tanto que el patrocinante de Pérez Parga, Carlos de Cesare indicó: “No puedo imaginar de qué pruebas se sostuvieron para aplicar condenas tan desmesuradas”.
En tanto, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, destacó que gracias al “trabajo en equipo” se logró una condena. “Hubo muchos fiscales trabajando y este es el corolario de esa tarea. Es hoy el juicio más importante en materia de narcocriminalidad en el país”, remarcó el fiscal especializado, que continuó en esta causa las tareas emprendidas por sus antecesores en el cargo, Félix Crous y Adolfo Villate.
“Acá falta droga”
La audiencia realizada en Resistencia se inició por la mañana con la última manifestación de los imputados, que se declararon inocentes y pasó a un cuarto intermedio hasta la tarde, cuando finalmente se leyó el veredicto en la sala, que estuvo fuertemente custodiada y contó con la presencia de varios médicos debido a una descompensación que sufrió Esquivel. En esa instancia, Gorosito aseguró que en el juicio “faltan jefes y faltan trescientos o cuatrocientos kilos de droga”, e insistió en que “los jefes están afuera”.
El arroyense recordó que en España fue sobreseído que la Justicia de Portugal no lo requirió y remató: “Acá parece que somos todos inocentes pero los jefes están afuera. Yo no fui, ni vendí ni negocié” la droga enviada a Europa.
En el transcurso del juicio, iniciado en junio, cambió el presidente del tribunal, ya que el debate comenzó con la titularidad de Rubén Quiñones, quien dejó el estrado por razones de salud, en tanto que se produjeron una serie de planteos, especialmente por la apertura de una nueva causa por otros envíos de droga.
Los hechos que se juzgaron fueron tres envíos entre noviembre de 2011 y marzo de 2012 de un total de 1,057 kilos de cocaína de una pureza del 80 por ciento a Portugal en contenedores de carbón vegetal empacado en Quitilipi, por lo cual la instrucción del caso estuvo a cargo de la jueza federal de Presidencia de Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, y el fiscal de esa instancia fue Carlos Sanserri. Antes de que empezara el debate, Salvatore dijo que iba a mandar matar a la magistrada, según surgió de una escucha telefónica realizada en una causa conexa a esta, que es el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
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