Durante la mañana del jueves se realizó una audiencia en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación, por el caso David Moreira. En la misma participó Norberto Olivares, quien representa a la familia del muchacho de 18 años asesinado en barrio Azcuénaga hace un año, y responsables de la fiscalía, en busca de acordar un criterio común sobre el encuadre legal en que serán llevados a juicio los dos acusados del homicidio. Si bien el cónclave no logró llegar a buen puerto, poco a poco algunos criterios se van acordando: las dos partes buscarán que los acusados cumplan una pena efectiva tras las rejas. A su vez, los investigadores señalaron a El Ciudadano que ordenaron nuevas pericias, a la espera de dar con otros responsables por el hecho.
El caso David Moreira modificó y va a seguir modificando la historia criminal de Rosario. Hasta el momento, dos muchachos deberán responder cómo fue que personas que se describen como “de bien” pudieron asesinar a sangre fría, con ensañamiento y brutalidad inusitada, a un muchacho que, ladrón o no, estaba completamente indefenso; a merced de una turba sedienta de venganza y resentimiento; que lejos de hacerse cargo de sus hechos, pateó hasta la muerte, con la cara tapada, a un chico, emulando a un grupo de supehéroes que defienden las peores miserias de una sociedad enferma.
Sin embargo, la Justicia, que es ciega, no puede guiarse por visiones personales, y debe trabajar en base a lo que estipulan los códigos penales. En este caso, el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia estipula que si en la previa a un juicio la fiscalía y la querella no pueden ponerse de acuerdo en relación a la imputación de los acusados, deben realizarse audiencias, en busca de que se logre una postura conjunta.
En este marco, anteayer se realizó un cónclave entre Norberto Olivares, representante de la familia Moreira, y responsables del Ministerio Público de la Acusación, para resolver cuál será la carátula por la que se juzgará a Gerardo G. y Nahuel P., los dos sospechados del homicidio ocurrido en barrio Azcuénaga.
Es que por un lado, la querella considera que se trató de un homicidio simple y subsidiariamente uno preterintensional, que tiene estipulada una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Sin embargo, los investigadores sostienen que se trató de un homicidio en agresión, que tiene una pena de 2 a 6 años de cárcel, al entender que los agresores lesionaron utilizando un medio capaz de causar la muerte, sin una intención premeditada de hacerlo.
La fiscalía sostiene que, a la fecha, no pudo establecerse cual fue el golpe que le dio muerte a David. A su vez, el grueso de los testigos aseguran que fueron muchas las personas que agredieron al pibe, por lo que no se les puede imputar a dos personas las acciones de un grupo indeterminados de individuos. Incluso, los propios pesquisas aseguran tener varios sospechosos más, que aún no fueron arrestados por no contar con pruebas suficientes. En concreto, en la reunión del jueves por la mañana no hubo acuerdo entre las partes y los implicados decidieron llamar a un cuarto intermedio hasta que se realicen nuevas pericias, ya encargadas, a la espera de dar con nuevos materiales que permitan concensuar un criterio común. Lo que sí quedó claro luego de la reunión es que, tanto el representante de la familia del fallecido como la fiscalía buscarán obtener en el juicio una pena efectiva para los acusados.
Nuevas pruebas
Los investigadores pretenden obtener nuevos datos sobre la identidad de los matadores de David Moreira. Para ello ordenaron una serie de pericias sobre el video que se filmó al momento en que el muchacho fue asesinado. Con esto buscan asegurar la presencia de los acusados en la escena del crimen, así como también individualizar a nuevos implicados. A su vez, citarán a una prueba de voz a varios sospechosos, para compararla con una serie de escuchas realizadas. Por último esperan la declaración de un testigo y el informe final sobre una serie de computadoras incautadas a vecinos de barrio Azcuénaga.
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