El gobierno de Brasil aclaró ayer que defiende el secreto de polémicos archivos sólo para casos de integridad territorial, seguridad nacional y relaciones internacionales, con lo que dio respuesta a sus aliados y organismos de derechos humanos que reclaman la apertura de los archivos referidos a la represión de la última dictadura.
La ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti, afirmó que el proyecto enviado al Congreso por el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva no prevé el sigilo eterno de los documentos, y sólo incluye una reserva especial para tres tipos de documentos.
“El proyecto original que el ex presidente Lula envió al Congreso es muy claro; no hay secreto eterno, tiene apenas tres asuntos: integridad territorial, seguridad nacional y relaciones internacionales, para los cuales es posible pedir la renovación del secreto por más de 25 años”, dijo Salvatti.
La aclaración del gobierno se produjo luego de que el Partido de los Trabajadores (PT) gobernante, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos de Brasil y la Procuraduría General de la República reclamaran la apertura de archivos de la dictadura militar (1964-85) y otros documentos. Según la ministra, el proyecto también prevé la conformación de una comisión que será responsable de analizar los argumentos que presente el gobierno cuando pida la renovación del secreto sobre algún documento.
Anticipando el debate que se acerca en el Congreso, el procurador general de la República, Roberto Gurgel, afirmó que recurrirá al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) en caso de que el Senado mantenga el secreto eterno sobre documentos oficiales. Para el funcionario, cualquier barrera contra el derecho a la información pública es inconstitucional y dijo que no observa motivo para que papeles históricos permanezcan en secreto.
“El derecho a la verdad es un derecho fundamental; cualquier iniciativa que busque apartarlo tiene deficiencia de constitucionalidad”, afirmó Gurguel, y aseguró que el Ministerio Público “va a tomar todas las previsiones para asegurar que el derecho a la verdad sea plenamente ejercido”.
La presidenta Dilma Rousseff, que estuvo presa y fue torturada durante la dictadura, respaldó el acceso a la información secreta, pero Salvatti anunció ayer que el gobierno revisó esa posición, aunque ayer aclaró el alcance de la posición oficial.
“Es importante que en algún momento esta generación tenga conocimiento de los hechos; no se trata de un conflicto con el gobierno: vamos a oír” al Palacio del Planalto, dijo Costa.
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