El gobierno intentará avanzar en las próximas semanas en la negociación de un acuerdo con los Estados Unidos. Más específicamente con la Internal Revenue Service (IRS) norteamericana. La intención es que ese país firme un tratado de intercambio de información entre ese organismo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) local, por el cual los recaudadores y fiscalizadores de los dos Estados puedan alcanzar la información de potenciales evasores radicados en un sistema tributario y viceversa. Para el gobierno de Mauricio Macri se trata de un eslabón clave para que el proyecto de blanqueo impositivo que esta semana comenzará a tratar el Senado y que probablemente antes de julio sea convertido en ley, tenga los resultados positivos que necesita el Ejecutivo.
El gobierno comprende que Estados Unidos había rechazado firmar el Acuerdo sobre Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales que 101 países cerraron en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde); y que para que el blanqueo tenga éxito es imprescindible que la IRS también acepte que la Argentina pueda acceder a los datos fiscales y tributarios de los contribuyentes locales en ese sistema. Sólo así, afirman dentro del Ministerio de Hacienda, los argentinos que tienen dólares depositados y bienes registrados en cualquiera de los estados de Estados Unidos se verán presionados a aceptar el blanqueo y declarar ese dinero y activos ante el organismo que dirige Alberto Abad. Si Estados Unidos no ingresara en los sistemas financieros e impositivos sobre los que Argentina puede consultar con velocidad, las posibilidades de éxito del llamado a regularizar se verán seriamente afectadas.
Hasta ahora, y desde 2017, los agentes de la Afip tendrán acceso directo a la información financiera y bancaria de todos los contribuyentes nacionales (grandes, medianos y pequeños) en 55 países. Y, en dos años, en 46 países más. Esto quiere decir que en las computadoras de los funcionarios que maneja hoy Alberto Abad se podrá ver si una persona, empresa o simple sociedad registrada para el fisco argentino tiene dinero en cualquier divisa depositado en bancos o entidades financieras de estos países, tanto a la vista como a plazos. También si en estos mercados hay opciones a fondos de inversión u otra operación similar. Pero, además, si el agente de la Afip lo requiere, puede comunicarse con un colega del organismo recaudador de estos Estados para requerirle que le envíe la información impositiva de esa persona, empresa o sociedad en ese sistema tributario. Esto es, si está registrado como contribuyente y si mantiene bienes inmuebles, muebles, autos, aeronaves, barcos, obras de arte o cualquier otra tenencia según las obligaciones tributarias de cada país. Luego, estos datos podrán ser utilizados dentro de la Argentina para acusar a un contribuyente de evasión y si supera el millón de pesos presentarle una causa en un tribunal penal tributario.
Esto será posible desde 2017 cuando comience a aplicarse el Acuerdo sobre Transparencia de la Ocde firmado en Berlín, Alemania, en octubre de 2014, con la idea de terminar, al menos en parte, con los paraísos fiscales y la evasión tributaria vía fuga de divisas. Sin embargo, y por decisión del gobierno de Barack Obama, Estados Unidos se negó a sumarse, considerando que se trata de una intromisión en la soberanía fiscal de ese país. Lo que sí potenció Obama son negociaciones y acuerdos bilaterales entre la IRS y otros organismos recaudadores y fiscalizadores para acelerar el intercambio de información. El gobierno de Mauricio Macri quiere ahora acelerar este mecanismo, y ponerlo en funcionamiento lo antes posible, para presionar a los argentinos y extranjeros radicados en el país a que se sumen al blanqueo, ante el temor de ser fiscalizados también en EE.UU.
Se descarta que es en ese territorio fiscal donde los argentinos tienen la mayor cantidad de divisas registradas, tanto en efectivo y en depósitos a plazos e inversiones en títulos públicos, como en bienes inmuebles (casas o departamentos) y muebles (automóviles, aviones o embarcaciones). Hasta hoy la Afip sólo puede acceder a la información de estas personas y sociedades a través de un pedido judicial de un magistrado local a uno norteamericano, trámite que puede demorar hasta un año para concretarse. Antes, un juez debe habilitar el pedido luego de una denuncia de la Afip, lo que no siempre tiene resultados positivos. Con un acuerdo entre la Afip y el IRS, el trámite sería más rápido y “entre gobiernos”, lo que reduciría a la inmediatez las posibilidades de fiscalización.
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