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Reflexiones

Blanqueo: buscan u$s 60.000 millones negros

El equipo económico oficializó ayer el blanqueo por el que apunta a lograr que se exterioricen capitales por 60.000 millones de dólares.


El equipo económico oficializó ayer el blanqueo por el que apunta a lograr que se exterioricen capitales por 60.000 millones de dólares. La intención, según confiaron fuentes oficiales a este diario, es que esté vigente desde el 1° de julio con un costo, no barato por cierto, del 10 por ciento para quien mantenga sus fondos en el exterior.

El momento en que se lo pondrá en funcionamiento es oportuno: la difusión de los Panamá Papers dejó al descubierto a personas que no tenían declaradas sociedades de las que eran accionistas. También, entra en vigencia el intercambio de información impositiva automática sobre cuentas financieras con varios países desde 2017.

A través de un acuerdo plasmado en 2014 en Berlín, los países firmantes podrán intercambiar datos de todo tipo de cuentas financieras, depósitos bancarios, títulos o acciones, participaciones en fondos de inversión, seguros o rentas (incluye saldos, rentas o transferencias recibidas, persona o entidad titular).

La información se intercambiará anual y automáticamente. Ya no será necesario pedir información por un caso en particular.

Hubo sugerencias de especialistas y estudios impositivos del exterior para que el costo a pagar por el blanqueo se ubique entre el 6 y el 8 por ciento. Pero primó en el equipo económico elevarlo al 10 por ciento. Eventualmente, puede ser modificado al momento de su presentación en el Congreso dado que debe ser puesto en marcha a través de una ley.

En Chile, en 2015, una iniciativa similar permitió que se exterioricen fondos por 20.000 millones de dólares, recibiendo como recaudación el fisco trasandino 1.600 millones de dólares. Experimentos como el Cedin, una creación del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, permitieron sumar 2.500 millones de dólares. Incluía un título público, el Baade, como otra opción. En 2009, anterior blanqueo del kirchnerismo, se sumaron 4.300 millones de dólares.

En el menú que ahora definió el gobierno, se habría optado por simplificar las opciones poniendo ese costo del 10 por ciento o bien la suscripción de un bono a plazo determinado (sería a tres años para que venza dentro de la actual administración) pero con una tasa ínfima o cero, por lo que en definitiva el costo estará incluido en los intereses que se dejan de percibir por los fondos inmovilizados en ese período. No hay en el menú un capítulo dedicado a la construcción.

Otras alternativas, dejadas de lado, eran las de dividir según el origen en categorías adicionales como los dólares que se encuentran en el país (cajas de seguridad o el “colchón”), los que estén en propiedades en el exterior, o inversiones en el mercado de capitales.

El blanqueo descoloca, como siempre, a los que estuvieron declarando fondos y cumpliendo obligaciones. Por ello es que este lanzamiento incluirá como una suerte de consuelo una moratoria para aquellos con atrasos en pagos. Y para los que estén al día, al menos se actualizarán los mínimos a partir de los cuales se comienza a tributar, como es el caso del de los Bienes Personales.

No eran pocos los empresarios que estaban implorando por la puesta en marcha de un blanqueo. Algunos, como uno dedicado a los bienes raíces, se había quedado sin “blanco” para seguir invirtiendo en la Argentina. Y con la esperanza en que las inversiones compensen en parte la caída del consumo privado, el blanqueo puede aportar su colaboración en este sentido.

Como en todo proyecto de esta naturaleza, también aquí se incluirá la leyenda de que el origen de los fondos no deberá estar relacionado con actividades como el narcotráfico, terrorismo u otros similares.

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