Bariloche: piden justicia por dos crímenes cometidos por policías

En el cuarto aniversario del crimen de Sergio Cárdenas (29) y Nicolás Carrasco (16), asesinados en medio de incidentes en Bariloche por policías aún no identificados, familiares y vecinos de la ciudad volvieron a marchar por el centro de la ciudad exigiendo justicia. Cárdenas y Carrasco fueron baleados en la tarde del 17 de junio de 2010, en medio de una refriega entre policías y jóvenes manifestantes que protestaban por la muerte de Diego Bonefoi (15), quien esa madrugada fue asesinado de un tiro en la nuca por el sargento Sergio Colombil, quien fue condenado a 20 años de prisión por el crimen.
Al igual que en años anteriores, los manifestantes recorrieron hoy unas veinte cuadras desde la zona de las muertes hasta el centro, y pintaron en el camino figuras alusivas a los tres jóvenes asesinados.
En el Centro Cívico -a donde asistió la intendenta María Eugenia Martini- actuaron artistas locales y leyeron un documento repudiando la impunidad y la represión policial.
En tanto, el juicio contra Colombil se procesó rápidamente, los casos de Cárdenas y Carrasco pasaron por diversas instancias que los fueron demorando, sin que hasta el momento haya procesados, pese a que las pericias oficiales demostraron que fueron policías los que dispararon contra los jóvenes, con armas reglamentarias.
Incluso identificaron a una veintena de uniformados, entre los que salieron los disparos contra los manifestantes: uno solo y letal ingresó por la espalda a Carrasco, hiriéndolo en el corazón, y otros cuatro en distintas partes del cuerpo de Cárdenas, el más grave de ellos le afectó la aorta.
La instrucción original recayó en el juez Martín Lozada, quien citó a prestar indagatoria a las máximas autoridades policiales y el ministro de Gobierno, Diego Larreguy; pero ante recursos de la defensa de la policía la justicia lo apartó del caso.
Luego lo siguió Miguel Angel Gaimaro Pozzi, también apartado al citar a las autoridades, hasta que tomó el caso el juez Ricardo Calcagno, quien caratuló el caso como “homicidio en riña” y no dictó procesamientos.
Tras diversas actuaciones, la abogada querellante Marina Schiffrin, pidió a Calcagno nuevas medidas de prueba que el juez rechazó, y luego de la apelación la causa fue elevada el año pasado al Superior Tribunal de Justicia, donde se encuentra actualmente.