Tras un largo debate en el recinto, en medio de protestas e insultos por parte de los referentes de los partidos políticos más pequeños, que seguían la sesión desde la barra, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción ayer –con votos afirmativos del PJ y del Frente Progresista, ante el rechazo del PRO– a la reforma electoral que plantea, entre otros puntos, un piso de votos para pasar de las primarias a las generales y establece un sistema de contratación de publicidad en radio y televisión que será financiado por el Estado santafesino.
La reforma electoral es una de las prioridades del gobierno, que ya fijó la fecha de elecciones: las primarias serán el 19 de abril de 2015 y la generales el 14 de junio. El cierre de listas ante las autoridades partidarias será el 13 de febrero, por eso la urgencia para sancionar la ley antes del receso legislativo de enero. El proyecto fue girado al Senado, donde el oficialismo buscará consenso para terminar de aprobarlo en la sesión del 18 de diciembre: la última de 2014.
Uno de los puntos más importantes de la reforma consiste en fijar dos umbrales electorales: uno del 1,5 por ciento del total del padrón para pasar de las primarias a las generales; otro, del 1,5 por ciento del total de votos emitidos en la categoría, para la distribución, a través del sistema D’Hondt, de los cargos en las listas legislativas (diputados provinciales y concejales) entre todas las listas que participen de las primarias de cada fuerza o frente político.
La decisión de los legisladores del PJ y del Frente Progresista, de apoyar los pisos (o umbrales, según el texto de la ley) fue objetada desde las barras por un grupo de militantes de partidos minoritarios, que tildaron de “proscriptivo” el piso electoral y cuestionaron a los diputados por votar “una ley antidemocrática” que, según ellos, limita la participación de los partidos con menores recursos. En medio de la votación, cuando arreciaron los insultos, las autoridades de la Cámara ordenaron a la Policía desalojar las barras.
El otro tema central de la reforma es la financiación de la publicidad audiovisual. El proyecto establece un régimen de adquisición y distribución de espacios en radio y televisión (abierta y de cable) que será financiado por la provincia y distribuido en forma equitativa entre todas las fuerzas políticas que se presenten a elecciones, de acuerdo a la cantidad de categorías y localidades en las que compita cada una.
La idea es solucionar en forma definitiva la contratación de publicidad electoral ya que se encuentra vigente una ley, elaborada por el presidente de la Cámara de Diputados Luis Rubeo, que prohíbe taxativamente a partidos políticos y particulares la adquisición de espacio en medios audiovisuales para publicidad electoral, en consonancia con la normativa nacional.
También se modificará el diseño de la boleta única: se eliminará el casillero de voto en blanco y se computarán de ese modo las boletas que no tengan ninguna marca. El otro cambio tiene que ver con la incorporación de los datos del Censo 2010 para la conformación del padrón electoral provincial. De ese modo, y de acuerdo a la modificación de la llamada ley Borgonovo, se sumará una banca en los concejos municipales de Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Según el cálculo que hizo el gobierno provincial, para las Paso se destinará el 50 por ciento del dinero que se dispondrá en las generales. En este sentido, la estimación oficial de gasto publicitario para todo el proceso electoral fue de 90 millones de pesos, y de 100 millones para la impresión de boletas.
Policía Judicial es ley
Después de un año de idas y vueltas, finalmente es ley la creación del Organismo de Investigaciones (o Policía Judicial) que funcionará bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación en el marco de la reforma penal que se puso en marcha, en toda la provincia, el pasado 10 de febrero.
La ley, sancionada ayer por unanimidad en la Cámara de Diputados, fue elaborada por el diputado kirchnerista Eduardo Toniolli y cuenta con el aval del fiscal general de la provincia Julio de Olazábal y del Ejecutivo.
El objetivo del organismo es transparentar la investigación de aquellos delitos complejos y de los delitos cometidos por funcionarios públicos.
Los investigadores que formarán parte del organismo dependerán del fiscal general y no de la Policía. El cuerpo estará conformado por profesionales (contadores, abogados, médicos, peritos forenses, entre otros) y tendrá apoyo operativo de las fuerzas de seguridad de la provincia, auque estará bajo la órbita de la Justicia.
Una ley similar había sido aprobada en 2013 pero fue vetada a fines de ese año, “propositivamente, por el gobernador Antonio Bonfatti, quien promulgó apenas 17 de los 57 artículos que contenía la norma. La Legislatura no aceptó ese veto y la ley se cayó.
Durante todo el año se discutió y se introdujeron cambios, hasta que ayer fue votada en forma definitiva y comunicada al Poder Ejecutivo.
Alivio para jefes comunales
En la sesión de ayer, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a una ley que autoriza a los municipios y comunas de la provincia a destinar hasta el 25 por ciento del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes. Es una constante cada fin de año, ya que la norma ayuda a paliar las necesidades financieras de las ciudades y las comunas.
En los últimos años se fue bajando el porcentaje: del 50 por ciento durante el mandato de Hermes Binner al 35 por ciento en los primeros años de gobierno de Antonio Bonfatti al actual 25 por ciento.
Hay otro proyecto, en el Senado, que propone modificar la ley de Obras Menores para incluir a Rosario y Santa Fe en el reparto de esos recursos. En la actualidad, las dos principales ciudades de la provincia se encuentran fuera del régimen de Obras Menores ya que reciben recursos nacionales provenientes del Fondo del Conurbano. Pero mientras este último se mantuvo sin variaciones a lo largo de la última década, el Fondo de Obras Menores, que se constituye con recursos de la recaudación provincial, fue creciendo a la par del aumento presupuestario.
La reforma de la ley de Obras Menores es impulsada por el gobierno provincial a partir de las demandas de las autoridades municipales de Rosario y Santa Fe. El tema tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero desde agosto está varado en el Senado donde no se registraron mayores avances. Este año queda una sola sesión: el jueves 18; si no se trata entonces, quedará para febrero de 2015.
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