Un hombre de 44 que trabaja como paramédico en Ceres, en el noroeste santafesino, quedó imputado y en prisión preventiva como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y robo en perjuicio de su suegra, a quien atacó con violencia, inmovilizó y aplicó inyectables para apropiarse de dinero, según relató este viernes en la audiencia imputativa en los tribunales de San Cristóbal, la fiscal Hemilce Fissore,
La fiscal Fissore, a cargo de la investigación, detalló la brutal agresión que tuvo lugar en una vivienda en el centro de Ceres, una ciudad de poco más de 25 mil habitantes del departamento San Cristóbal, y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son P. D. Q., transite el proceso judicial en prisión. El juez Juan Peralta atendió el pedido de la Fiscalía y dispuso la preventiva de P. D. Q. por todo el tiempo que dure el proceso judicial.
Según relató la fiscal, “alrededor de las 21:30 del pasado viernes, el imputado ingresó al inmueble en el que vive la madre de su pareja, ubicado sobre la avenida Italia al 100, y ejerció violencia física en contra de ella”.
“La redujo tomándola del brazo y luego la arrojó al suelo y la ató de pies y brazos con un cable, sábanas y ropas”, continuó. “El atacante además le aplicó una inyección a la víctima, le colocó medias en la boca y una bolsa de nailon en la cabeza para que no pudiera gritar ni ver nada. Con la mujer ya inmovilizada, se dirigió a una de las habitaciones de la vivienda, donde se apoderó de manera ilegítima de dinero en efectivo”, completó la fiscal.
Y agregó que antes de retirarse, P. D. Q. “le aplicó a su suegra un nuevo inyectable”, y por último “le sustrajo un teléfono celular y dos llaves de la cerradura de la puerta de entrada al domicilio”.
La representante del Ministerio Público de la Acusación precisó que la víctima “permaneció atada y encerrada hasta las 10 de la mañana del día siguiente, cuando fue liberada por un vecino”.
La fiscal transmitió que al disponer la prisión preventiva del imputado, “el juez consideró que los hechos atribuidos están debidamente acreditados con las evidencias recolectadas hasta el momento en la investigación”. Y también valoró que el magistrado “rechazó medidas alternativas” para el imputado, en razón de “implicaban la posibilidad de contacto con la víctima, quien es vulnerable por su género y edad”.
“Por otro lado, el juez contempló que la pena en expectativa es de ejecución efectiva y que, por las circunstancias del caso, los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio estaban latentes”, señaló la fiscal.
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