Primero, los aliados de Cambiemos, la UCR y la Coalición Cívica vetaron la inclusión de funcionarios públicos nacionales en el proyecto de blanqueo de capitales enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso. Esta semana será el turno del peronismo: el Frente Renovador de Sergio Massa, el Frente para la Victoria de Héctor Recalde y el Bloque Justicialista de Oscar Romero plantearán hoy su rechazo a la venta de acciones privadas de la Ansés en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social.
Las huestes peronistas confluirían nuevamente en Diputados, como un déjà vu de la ley antidespidos vetada por Mauricio Macri. Entre Massa, Recalde y Romero, más los ocho diputados del Frente Amplio Progresista que comanda la socialista Alicia Ciciliani, el panperonismo de la Cámara de Diputados agrupa 145 votos sobre un total del 257 en el recinto. El número es suficiente para rechazar la derogación implícita de la ley que, en la gestión de Cristina de Kirchner, impuso la necesidad de una mayoría de dos tercios para autorizar la venta de esas acciones de Ansés.
“La ley enviada por el Ejecutivo nacional no deroga de manera expresa la ley dictada durante el kirchnerismo para impedir la venta de esos activos. Sólo autoriza al FGS de Ansés a disponer de las acciones en empresas privadas. Además, las mayorías agravadas sólo las fija la Constitución Nacional”, explicó el domingo Pablo Tonelli, diputado PRO que preside la comisión de Asuntos Constitucionales. Ya sea derogación implícita o explícita, el oficialismo no cuenta con mayoría propia en Diputados para sostener ese artículo en caso de que los tres peronismos, más el FAP, unifiquen su postura.
El Estado nacional accedió a esa cartera de activos a partir de la estatización de las AFJP impulsada por el entonces ministro de Economía Amado Boudou. Incluye títulos en firmas como Techint y Clarín. “La venta de esas acciones tiene un valor simbólico y político, la vamos a rechazar y pediremos antes de la firma del dictamen que se elimine del proyecto”, advirtió Héctor Daer, diputado massista que preside la comisión de Previsión y Seguridad Social. Desde el Bloque Justicialista, Diego Bossio también se manifestó en contra de “liquidar” el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés, al considerar que esos activos garantizan el sistema previsional de reparto y la futura jubilación de los argentinos. “No queremos liquidar esos activos y queremos que todos los argentinos tengan la seguridad de que se van a jubilar”, aseveró a la vez que insistió con que el FGS “garantiza que la gente pueda seguir jubilándose”. El panorama de rechazo peronista en Diputados lo completa Recalde (FpV): “Es preciso no vender las acciones del Estado en el FGS, porque es volver a la privatización. Es muy importante que el Estado tenga participación en las empresas, no sólo por el valor económico sino también por la influencia económica”.
El domingo, ante el escenario consumado de veto peronista a la venta de acciones de Ansés, el jefe de los diputados PRO, Nicolás Massot, admitió las limitaciones políticas en la Cámara baja: “No creemos que haya que vender las acciones porque el rendimiento que han tenido en los últimos años ha sido muy bueno. El problema es que como todo eso puede cambiar, y no es inteligente que estemos atados de pies y manos a una proyección que no tiene mucho sentido, eso es lo que queremos reformar”.
Este diario había anticipado el 30 de mayo que la “ley de modificación al Régimen Fiscal y Programa Nacional de Reparación Histórica para jubilados y pensionados” contenía dos cláusulas caza-bobos: la inclusión de funcionarios públicos nacionales en el blanqueo de capitales y la venta de acciones de la Ansés. En el proyecto depurado que envió el Ejecutivo después de las quejas de Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Mario Negri (UCR), la autorización para repatriar capitales quedó reducida a legisladores, jueces y gobernadores. Aunque podrían ser eliminados del dictamen que se firmará este jueves.
Lo mismo con la venta de acciones privadas de Ansés.
Este mediodía, los diputados seguirán analizando el proyecto en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto, que conducen el massista Daer y el macrista Luciano Laspina, donde intercambiarán opiniones con representantes de jubilados, y recibirán a Eduardo Semino, ombudsman porteño de la tercera edad.
El gobierno aspira a votar el 15 de junio el proyecto ómnibus que contempla el pago de sentencias y reajustes de haberes para más de dos millones de jubilados, que se solventará con un impuesto que se cobrará por el blanqueo de capitales y el FGS, donde se autorizan a liquidar las acciones del Estado en empresas privadas. La iniciativa también ratifica la devolución del 15 por ciento que se le retenía de la coparticipación a las provincias para la Ansés, la creación de una pensión para la vejez, la eliminación en tres años del impuesto a la ganancia presunta y los bienes personales.
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