Cristina de Kirchner pudo celebrar el viernes a la tarde. Para una parte importante de la sociedad argentina pasó como una noticia más, de esas que transitan por la agenda diaria sin revelar su verdadera dimensión: un juez declaró constitucional los dos artículos de la ley de Medios –esa es la buena noticia de la que se trata–, que el grupo Clarín objeta, en especial el que, como a otros grupos, lo obliga a desinvertir para adecuarse a la norma.
El juez Horacio Alfonso resolvió sobre la cuestión de fondo y además hizo caer todas las cautelares. El grupo Clarín ya puso a redactar la apelación a su ejército de abogados y pedirá nuevas cautelares. Quedan muchas batallas todavía. El gobierno debería concentrarse en la cuestión de fondo, que tiene destino de Corte Suprema, por vía ordinaria o per saltum, pero su línea de llegada está allá, en la cumbre del Poder Judicial.
La paradoja de pegar por pegar
Esa Corte viene siendo castigada por el oficialismo. Curiosamente es el tribunal más respetado en muchas décadas, uno de los hitos con los que el kirchnerismo se ganó a la gente, cuando con todas las de la ley hizo volar por los aires la vergüenza menemista.
Suena a paradoja, pero gracias a esa Corte Cristina festejó en el dulce crepúsculo de viernes. Fue el tribunal que preside el rafaelino Ricardo Lorenzetti el que puso límite a la medida cautelar que benefició a Clarín desde 2009 y ordenó apurar el fallo de fondo conocido ahora.
La intervención de la Corte fue clave. A sus pies, el Poder Judicial es un gran flan. Por ejemplo, la ley es clara en cuanto al debido uso que los jueces deben hacer de las medidas cautelares, pero en la práctica muchos las usan con discrecionalidad y de forma sospechosa.
Los santafesinos sabemos de qué se trata, ¿no? Aquí sectores del Poder Judicial hicieron dulce con las cautelares: ¿O no funcionó vía amparo y cautelar durante más de una década y en pleno centro de Rosario un bingo estando en Santa Fe prohibidos los juegos de azar?
Lo peor es que eso fue posible con la connivencia de sectores del poder político de turno y de la cúpula de la Justicia, que en tanto gobierno de ese poder republicano, en el mejor de los casos miró para otro lado con el argumento de que los expedientes nunca pasaron por sus manos. Idéntico ardid discursivo utilizado para (no) explicar por qué la Corte (no todos los actuales miembros estaban entonces) nunca intervino para acelerar las grandes causas de corrupción de los años 80 y 90 de la provincia, desde los juguetes de Vanrell al caso IBM-Banco Provincia, todas sistemáticamente prescriptas por paso del tiempo tras 20 años descansando en los Tribunales.
Planes en preparación
Por ahora es una incógnita si el enojo por las cautelares renovadas a Clarín y el controvertido fallo por el caso Marita Verón llevarán al oficialismo a impulsar por ley reformas sobre aspectos centrales del funcionamiento y composición del Poder Judicial.
No es difícil adivinar que para determinados sectores de la sociedad, una iniciativa en este sentido será leída como prueba de su vocación hegemónica, su intolerancia a las diferencias y a quienes lo contradicen. O en todo caso otra muestra de que su reformismo es circunstancial, resultado de necesidades propias y nacido de un revoltijo de intereses coyunturales con deudas históricos que sus antecesores no quisieron o pudieron enfrentar.
En definitiva, nada muy distinto a las líneas argumentales desplegadas cuando la ley de medios.
Antes que cualquier argumentación a favor o en contra, hay que recalcar que el gobierno tiene total legitimidad para promover reformas de esta naturaleza. Sin embargo es de esperar que interlocutores de distinta pertenencia, tanto adentro como afuera del Congreso, planten trincheras de desconfianza sobre hacia dónde se pretende avanzar, aun cuando puedan coincidir en el diagnóstico de situación.
Es que el Poder Judicial es uno de los tres pilares básicos del sistema republicano, pero no es equiparable al poder mediático. Y más: Ricardo Lorenzetti, apuntado ahora por el oficialismo como un arma de doble filo y encarnación de un Poder Judicial señalado en bloque como corporación judicial, en todo caso ya lo era aquella tarde de 2005 cuando en Rafaela Néstor Kirchner se encerró con él en una habitación del Hotel Parra y hablaron de proponerlo como miembro de la Corte Suprema nacional.
El equilibrio justo
El oficialismo hace una descripción que puede ser parcial pero no equivocada sobre el papel del Poder Judicial desde el retorno de la democracia y su funcionalidad con los intereses que se desarrollan en el marco del capitalismo de mercado.
Lo que no puso en la mesa es que el poder político tiene responsabilidades muy concretas en cómo se moldeó ese Poder Judicial, desde nombramientos de empleados rasos hasta encumbrados magistrados que no sólo llegan para cobrar un buen sueldo, sino porque son permeables a representar algo más que el bien público que les manda la Constitución.
La contrapartida a esta situación es un discurso antipolítico que pregona una supuesta asepsia judicial. Se proclama una autodepuración corporativa. En verdad, un engaña pichanga que nunca llegará; un entretenimiento para perpetuar el orden actual. Hay que encontrar, como el eslogan de aquellos cigarrillos suaves, el equilibrio justo.
Santa Fe, cambios en puerta
En otro tono y otro marco institucional, esto se está discutiendo acá. La provincia está a las puertas de cambios en apariencia menores pero trascendentes para la designación de jueces, fiscales y defensores. La particularidad de esos cambios –que devolverán mayor margen de negociación política a la hora de aprobar pliegos–, es que surgieron a instancias de la oposición, que es mayoría, y que mostró tener en su poder la llave para volver eterna la implementación de la nueva Justicia penal si no se atienden sus demandas.
Comentarios