La Asamblea Legislativa aprobó ayer ocho pliegos de defensores públicos y cinco de fiscales del nuevo sistema procesal penal, todos para la jurisdicción Rosario. Y rechazó a tres de los postulantes para fiscales porque no alcanzaron el puntaje mínimo que determina el reglamento de los concursos. Antes, el Ejecutivo había retirado otros doce pliegos –todos de fiscales– ante la certeza de que el PJ, que tiene mayoría en ambas cámaras, no los iba a avalar.
De las 28 propuestas que había enviado el gobierno en febrero a la Legislatura, ayer se votaron 16. Son los mismos pliegos que se iban a discutir en diciembre y que el Ejecutivo al final retiró porque la oposición había adelantado su rechazo. Entonces, el argumento más fuerte era que algunos candidatos habían sido funcionarios del gobierno de Hermes Binner. Ayer se reiteró ese tópico pero también hubo críticas severas al mecanismo de los concursos, que lleva adelante la Secretaría de Programas de Transformación de los Sistemas Judiciales.
No obstante los números –el Ejecutivo logró aval sólo para 13 de los 28 candidatos–, desde el oficialismo consideraron que “se dio un gran paso en el cambio cultural que necesita la Justicia santafesina”, según señaló después de la asamblea el vicegobernador y presidente del Senado, Jorge Henn.
Los trece pliegos aprobados corresponden a funcionarios que se desempeñarán en los nuevos órganos de la Justicia Penal: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal. Todos ellos cumplirán funciones en Rosario. Los otros doce pliegos, retirados por el gobierno al mediodía, antes de la asamblea, se iban a repartir entre Venado Tuerto, Melincué, Santa Fe, Rafaela, Vera y Reconquista.
La forma en que se manejó la situación molestó a la oposición, desde donde cuestionaron con particular énfasis al ministro de Justicia, Juan Lewis, por las idas y vueltas y “el manoseo” al que fueron expuestos los candidatos. “No se puede poner a la parrilla a estos profesionales”, se quejó el diputado obeidista Mario Lacava.
De todos modos, el principal motivo de la polémica estuvo relacionado con el supuesto “favoritismo” hacia postulantes afines al oficialismo. En nombre del Frente Progresista, la diputada y ex vicegobernadora Griselda Tessio defendió “el buen nombre” de esos profesionales y rechazó cualquier tipo de privilegio en los concursos.
“El sistema de concursos funciona y por eso lo defendemos a rajatabla”, afirmó el vicegobernador Henn. Y recordó que los concursos son presididos justamente por el fiscal general Julio de Olazábal –a cargo del Ministerio Público de la Acusación– y el defensor provincial Gabriel Ganón, quien encabeza el Servicio Público de la Defensa Penal. “Eso demuestra imparcialidad y transparencia”, sostuvo Henn.
La asamblea convalidó como fiscales a Sebastián Narvaja, Adrián Spelta, Ademar Bianchini Garma, Silvana Valero y Adrián Mac Cormack. Y rechazó los pliegos de Pablo Lanza, Luis Antonio Schiappa Pietra y Carla María Cerliani.
Como nuevos defensores públicos, las postulaciones aprobadas fueron las de Juan Pablo Nardín, Martín Riccardi, Francisco Broglia García, María Laura Tomasita Blacich, Mariano Bufarini, Nora Gaspire, Gonzalo Armas y Daniela Asinari.
Lewis: “Paso adelante” en la nueva Justicia Penal
El ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, celebró ayer la aprobación de trece pliegos de fiscales y defensores públicos para la jurisdicción Rosario por parte de la Asamblea Legislativa: “Es un paso adelante hacia la implementación definitiva de la nueva Justicia Penal, una transformación histórica en la provincia”.
En el mismo sentido, el ministro Lewis señaló: “Estamos dotando a las nuevas instituciones de funcionarios judiciales que trabajarán con más herramientas y mayor eficacia en cuanto a combatir el delito. Con la integración de estos actores, avanzamos hacia la implementación definitiva de un sistema diferente de impartir justicia. Por eso hablamos de una transformación profunda del Estado que traerá mejoras en la calidad institucional y en la vida de los santafesinos”.
El funcionario provincial defendió el mecanismo del concurso de selección de los fiscales y defensores.
“Estuvo presidido por las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal. Además, eran jurados un profesional por el Colegio de Abogados, un profesor por las universidades públicas y un fiscal y un defensor regional”, indicó Lewis.
Decreto vigente
Desde el Ministerio de Justicia de la provincia que tiene a cargo Lewis aclararon que la norma que rigió esos concursos fue el decreto 889/11 y no el 346/10, relativo a defensores y fiscales regionales, ni el 3904/12, que en diciembre pasado unificó los sistemas de selección de funcionarios del Poder Judicial y elevó el puntaje mínimo.
En la prueba de oposición, los postulantes debían pasar el examen escrito con al menos el 60 por ciento (artículo 22 del decreto 889/11). Quienes obtuvieron menos de 6 en sus exámenes fueron directamente eliminados del concurso judicial.
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