El Ciudadano
Están decididas a no conformarse con un “no”. En Mauritania, pese a los reveses en el Parlamento, las activistas por los derechos de las mujeres luchan por una legislación más protectora en una sociedad conservadora.
“Esta ley la necesitamos, pues sabemos que la violencia contra las mujeres está en ascenso, a pesar de la falta de estadísticas oficiales sobre el fenómeno”, denuncia Aminetu Mint El Moctar, presidenta de la Asociación de Mujeres Jefas de Familia (Afcf), sobre el texto rechazado por segundo año consecutivo en la Asamblea Nacional.
Oenegés como la Afcf participaron en la redacción de ese proyecto de ley sobre la violencia de género, aprobado en marzo de 2016 por el gobierno, y que prevé un aumento de las penas por violación, la penalización del acoso sexual y la creación de salas específicas en los tribunales para los casos de violencia sexual.
En la sede de la asociación, Zahra (nombre ficticio), cuenta, en presencia de su hija de cinco años, cómo un vecino abusó de su pequeña: “Me quitó a mi hija mientras yo dormía, se la llevó y la violó”.
Esta vez, la edad de la víctima y el perfil del violador, un pederasta reincidente, aseguraron una rápida condena a diez años de cárcel.
Pero en Mauritania, los autores de agresiones sexuales pocas veces cumplen la totalidad de la condena, según viene denunciando esta organización. “Cumplirá un año, como máximo. Luego, puede pagar una fianza para obtener la libertad provisional. Y luego, cuando haya una amnistía general, se beneficiará”, avisa Mariem, una de las asistentes sociales que sigue el caso.
Espiar la vida conyugal
Por ello, se necesita una ley específica, según las activistas por los derechos de las mujeres.
Periódicamente, organizan sentadas en la Asamblea Nacional para exigir que se apruebe el proyecto, recordando que el texto fue elaborado por asociaciones, ulemas (doctor en las disciplinas religiosas y jurídicas musulmanas” y juristas, basándose en la sharia, que es la fuente del derecho en la república islámica de Mauritania.
Pero los diputados, tanto los de la mayoría gobernante como los de la oposición, rechazaron la ley en enero de 2017 y también en diciembre de 2018, a través de una comisión parlamentaria de Orientación Islámica.
Y ello, pese a la intervención del ministerio de Justicia, que introdujo en el texto unas disposiciones que no estaban relacionadas directamente con la violencia sexual, en particular sobre la sanción del adulterio, o para reducir algunas penas previstas inicialmente, en el caso de golpes y heridas o de secuestro por parte de la pareja.
Pero las enmiendas no bastaron para convencer a los diputados, que se mostraron reacios especialmente respecto al concepto de “género” que, según ellos, denota valores extranjeros. Tampoco les gustaron algunos artículos sobre el derecho a viajar sin autorización del marido, o que autorizaban a las organizaciones de ayuda a las víctimas a constituirse en partes civiles.
“La ley prevé sanciones que, para nuestra sociedad musulmana, comportan un entrometimiento en la vida conyugal”, explicó la diputada del partido islamista Tewassoul (oposición) Zeinabu Mint Taghi, citando las penas previstas para un hombre que intente impedir que su esposa o su hija se comporte de forma considerada indecente.
Además, la noción de “género” incluida en el título abriría la puerta a “manifestaciones para reclamar los derechos de hombres afeminados”, mientras que la homosexualidad está prohibida en Mauritania, agregó. “Así que rechazamos esta ley para hacerla conforme a la sharia y a nuestras especificidades culturales”.
De víctimas a acusadas
En cambio, otra diputada de la oposición, Nana Mint Sehijna, de la Reagrupación de las Fuerzas Democráticas (RFD), se declaró favorable a la ley, aunque lamentó algunas imprecisiones.
“Evidentemente, las mujeres necesitan protección” en una sociedad en la que están “consideradas como de menor estatus, tanto en el pensamiento como en muchas prácticas, esto las pone en un nivel de inferioridad y las sitúa en un nivel de desprotección absoluto”, subrayó.
En un informe publicado en septiembre, la organización de defensa de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) elogió el texto como un “paso adelante”, si bien matizó que estaba “lejos de ser satisfactorio, principalmente porque mantiene la criminalización de las relaciones sexuales consensuadas fuera del matrimonio y la prohibición del aborto y esto en la actualidad es como vivir en la edad media, no se puede seguir sosteniendo ese gesto y al mismo tiempo abogar porque haya un avance en el derecho de las mujeres y en su lugar en una sociedad como la mauritana ”.
“La ley mauritana no define y no penaliza convenientemente la violencia sexual”, según HRW, que lamentó que “si las mujeres o las niñas no consiguen convencer a las autoridades judiciales de la naturaleza no consensuada de una relación sexual, de acusadoras, pueden pasar a ser acusadas y eso sería retroceder en lo poco que se consiguió avanzar en los últimos años”.
Además, la ONG criticó que el texto no tratara sobre varias otras formas de violencia fundadas en el género, como el matrimonio forzado, que suele ser una práctica muy común de este país y donde la mayoría de las veces las mujeres en esa condición son casi niñas. Mauritania no es el único país en que estas cosas ocurren, pero sí es uno de los más atrasados y donde los preceptos religiosos son los que marcan las leyes cuando las mujeres son juzgadas en situaciones que esos mismos preceptos consideran objetables.
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