La media sanción que el Senado nacional le dio al proyecto para una nueva regulación de los alquileres tuvo repercusión en Rosario. El proyecto es impulsado por organizaciones de inquilinos autoconvocados de todo el país y promovido en la ciudad por el Centro de Concejalía Popular, entre otras. De hecho, toma los puntos básicos de esa entidad local. En la vereda de enfrente se ubicaron los corredores inmobiliarios, quienes señalan que la propuesta desalentará inversiones en viviendas.
La iniciativa se aprobó este miércoles en el Senado de la Nación de forma unánime. De fondo, lo que se plantea son modificaciones al Código Civil y Comercial en lo que respecta a los alquileres.
Ahora, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados para el aval final.
De acuerdo con el articulado, entre los puntos más salientes (ver el contenido central en el recuadro) se desataca que cuando el inmueble sea alquilado para vivienda, “no puede requerirse del locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes” y tampoco “depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler”.
Además, señala que el plazo mínimo de los contratos de alquiler deberá ser de tres años y no de dos, como ocurre actualmente, y establece que el precio “sólo podrá ser reajustado anualmente”, a diferencia del ajuste semestral que empezaron a aplicar las inmobiliarias en el último año.
Sobre este punto, se fija que el reajuste anual deberá hacerse en base a la evolución de los índices de precios al consumidor (IPC) y al coeficiente de variación salarial (CVS), “promediados en partes iguales”.
A favor
El avance en el Congreso fue celebrado con efusividad ayer por los integrantes de la Concejalía Popular.
Según explicó Ariel D’orazio, de aprobarse la normativa en Diputados tal como salió en el Senado los contratos no se podrán aumentar más de un 17 o 18 por ciento anual.
“En Rosario se están firmando con una actualización que no baja del 30 por ciento. El proyecto tiene una modificación que le hicieron anteayer en el Senado que indica que si el índice inflacionario está por debajo de los dos dígitos las indexaciones vuelven a prohibirse en todo el territorio nacional. Esto también es un avance”, agregó.
Vale recordar que la Concejalía Popular también presentó ante la Legislatura santafesina un proyecto de servicio público de alquiler.
La propuesta establece la creación de una defensoría para el inquilino, un registro de contratos locativos, viviendas ociosas y un crédito de promoción de alquileres más accesibles.
La ONG también pedirá una audiencia pública al municipio con el fin de unificar los proyectos que existen en torno a esta problemática.
En contra
La media sanción también reavivó la polémica que las organizaciones que promueven los derechos de los inquilinos mantienen desde hace tiempo con los corredores. Para el titular del Observatorio Inmobiliario de Rosario (OIR), Carlos Rovitti, la nueva regulación “estaría lejos de beneficiar a los inquilinos”.
En su diagnóstico, el dirigente consideró además que el proyecto perjudicará “a miles de trabajadores vinculados tanto a la construcción y venta de materiales, como a arquitectos, ingenieros, agrimensores, escribanos y corredores inmobiliarios”.
Es que, como ya es una postura histórica de los agentes inmobiliarios, se considera que una regulación en el mercado desalentaría la inversión, promovería mercado negro y una caída en la construcción, además de limitar la cantidad de inmuebles disponibles para el alquiler.
Además, Rovitti mencionó que lejos de considerar que el tope para el escalonamiento de alquileres acorde a las paritarias de empleados estatales constituye un beneficio, “el valor locativo queda abierto y el inquilino no sabrá cuánto termina pagando”.
Los principales puntos
La normativa beneficia a los inquilinos y los puntos más salientes son los siguientes:
Se extiende de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de alquiler.
Los aumentos serán anuales y escalonados con un tope ajustado a las paritarias de estatales, docentes y empleados de comercio.
Se mantiene el pago de expensas extraordinarias a cargo de los propietarios.
La devolución del depósito se realizará con un monto actualizado al finalizar el contrato que tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler.
Si el destino del alquiler es habitacional no podrá cobrarse el pago anticipado de alquiler mayor a un mes.
Los depósitos tendrán que tener un importe equivalente al de un mes de alquiler.
Dispone que las comisiones inmobiliarias sean determinadas por ley de cada jurisdicción y, en caso de no estar reguladas, no superen nunca el valor de un mes de alquiler.
Se reduce al 30% la comisión de los contratos locativos.
Se elimina el plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa.
Añade que las partes están obligadas a acordar, o no, la renovación del contrato 60 días antes del vencimiento de la locación.
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