Candela Ramírez
Por primera vez, después de 48 años, sobrevivientes y testigos de los crímenes que cometieron las fuerzas del Estado en Villa Constitución entre 1975 y 1976 asistirán al juicio para enjuiciar a los responsables. Será a partir de las 9 de la mañana del lunes 13 de noviembre en los Tribunales Federales de Rosario (Bv. Oroño 940).
Luego de meses —años— donde la comunidad de la localidad unicada 55 kilómetros al sur de Rosario organizó charlas, marchas, eventos, para dar a conocer de qué se trató la gesta del Villazo al fin la Justicia atiende el reclamo por juzgar a los responsables de secuestros, homicidios, torturas y desapariciones.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario está integrado por Germán Sutter Scheneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci.
El nombre formal de la causa es Acindar, por la empresa donde trabajaba la mayoría de las víctimas, pero es popularmente conocida como Villazo. Esta palabra reúne al menos tres aspectos de la historia: la organización sindical de trabajadores metalúrgicos, la represión feroz coordinada entre el Estado y empresarios y la búsqueda de justicia desde entonces.
Esta causa tiene además otro elemento que la distingue de las demás que juzgan este mismo tipo de crímenes: busca romper el piso del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, entendiendo que el plan sistemático de exterminio empezó antes de que los cuarteles tomaran el poder Ejecutivo.
La represión empezó el 20 de marzo de 1975 como respuesta a la histórica protesta conocida como “El Villazo”. Los secuestros fueron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975 y las privaciones de la libertad se prolongaron luego por meses o años, según los casos.
El juicio investiga las responsabilidades por secuestros y amenazas cometidas contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios. Los acusados ocupaban distintos roles y además de haber sido integrantes de fuerzas de seguridad, lo novedoso es que se avanza contra responsabilidades empresariales. Como recuerdan los organismos de derechos humanos cada vez: la coordinación represiva se hizo entre miembros del Estado, la Justicia, la Iglesia y también empresarios del sector privado.
Son 25 acusados entre el exjefe de personal de la metalúrgica Acindar en Villa Constitución, un exjefe militar, 21 expolicías federales, un exprefecto y un ex policía santafesino.
Los empresarios, cómplices y activos
La empresa Acindar aportó listados de personas para que fueran secuestradas y dentro de su planta funcionó un centro clandestino de detención.
En su web oficial el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explica que “la empresa había ordenado a sus operarios que realizaran el trámite para sacar la cédula de identidad de la Policía Federal y que se tomaran fotografías para renovar el carnet de fábrica. Esas fotos terminaron siendo usadas por los militares para identificar a los trabajadores durante los operativos de secuestros y allanamientos”.
En la planta de Acindar funcionaba un destacamento policial e incluso un espacio destinado a los interrogatorios a través de sesiones de tortura. La empresa también puso a disposición medios de transporte para realizar los secuestros.
Represalia al triunfo sindical y combativo
La gesta del Villazo tiene varios tramos, un recorte para entender de qué se trató se puede hacer desde 1974. Entre el 7 y el 16 de marzo de ese año, obreros de Acindar realizaron una huelga con el acompañamiento de sus pares metalúrgicos de Maraton –después Tenaris-Siat– y Metcom –luego Paraná Metal–, más portuarios, comerciantes, transportistas, aceiteros y bancarios. Gran parte de la población de Villa Constitución acompañó la lucha, fueron cerca de 12 mil personas se le pararon a Lorenzo Miguel, que entonces tenía dominio del aparato sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Esto se tradujo en un acta de normalización del gremio y en noviembre la Lista Marrón del dirigente Alberto Piccinini ganó las elecciones, una lista “antiburocrática, antipatronal y antiimperialista”. La Lista Marrón luchó contra la burocracia sindical del momento, logró buenos acuerdos salariales y un enorme proceso de afiliación de trabajadores.
En marzo del 75 fue la primera represalia. La Triple A, bajo la dirección de José “el Brujo” López Rega, tuvo un rol crucial en la represión. Fue justamente una suerte de prueba piloto, de antesala del Terrorismo de Estado que iba a regir el país desde el 24 de marzo de 1976.
Al menos 4000 agentes de fuerzas policiales y de gendarmería ocuparon la ciudad desde marzo del 75. El operativo se conoce como Serpiente Roja del Paraná y se dio durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
El caso de Acindar es paradigmático en procesos similares que se dieron en diferentes puntos del país: el presidente de su directorio en 1975 fue José Alfredo Martínez de Hoz, que luego sería el ministro de Economía de la dictadura desde 1976.
Imputados en la causa Acindar
Roberto Pellegrini, exjefe de personal de Acindar; Roberto Raúl Squiro, Leonardo Dec, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdes, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Carmen Amanda Grossoli de Hellaid, Jorge Argentino Coronel, Emilio Hugo Marciniszyn, Roberto Álvarez, Horacio Miguel Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai, Juan Carlos Faccendini y Oscar Alberto Vessichio, ex policías federales; Antonio Federico Bossie, exjefe de inteligencia y personal del Área Militar 132, con sede en San Nicolás; y Amadeo Chamorro, y exoficial de la guardia rural “Los Pumas” de la policía santafesina.
Dónde verlo
Quienes quieran asistir presencialmente pueden hacerlo en las puertas del tribunal o presentando DNI para ingresar. Además, la audiencia del lunes 13 será retransmitida por el canal de YouTube del TOCF Rosario Nº1. Las próximas audiencias se llevarán adelante el 14, 21, 27 y 28 de noviembre y el 4,5 y 20 de diciembre, a las 9.
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