Un grupo de dirigentes políticos de la vecina localidad de Puerto General San Martín efectuó un relevamiento y señaló la existencia de al menos 2.580 electores que residen en otras ciudades y están inscriptos con domicilios apócrifos en la nómina comicial. A raíz de ello, pidieron a la Justicia electoral que postergue las elecciones hasta tanto se depure el registro de votantes.
El 28 de mayo pasado un grupo de dirigentes políticos de Puerto General San Martín denunció ante la Justicia Penal y Electoral la existencia de “graves irregularidades” en el padrón de la ciudad. Concretamente, señalaron la presencia de al menos 2.580 electores que residen en otros distritos y están inscriptos con domicilios apócrifos en la nómina comicial puertense.
Según el Censo 2010, la localidad ubicada a 30 kilómetros al norte de Rosario tiene 13.409 habitantes, mientras que de acuerdo al último padrón, se encuentran en condiciones de votar más de 13 mil personas.
Irene Schmidt, Alfonso Miñoz, Darío Galbán, Rubén Gramajo y Gabriel Gómez Fiori efectuaron un relevamiento y agruparon las presuntas faltas en cuatro categorías: electores que aparecen con direcciones a simple vista inexistentes; electores sin domicilio puntual y con indicaciones inconsistentes; electores que comparten la misma dirección y, por último, electores con direcciones en lugares en los que no hay vivienda alguna.
Según los integrantes de la Asamblea Ciudadana y Ambientalista, el número de votantes irregulares podría llegar a 4.500 –más del 30 por ciento del padrón– y en su mayoría serían provenientes de la zona norte de la ciudad de San Lorenzo y de localidades aledañas.
“Calculamos que hay 1.500 personas de los barrios Norte, Díaz Vélez, y José Hernández, que pertenecen a San Lorenzo y otras mil de Timbúes; Maciel, La Ribera, Gaboto y hasta de Chaco, Gualeguaychú y Córdoba. Se trata de gente a la que van a buscar, le dan hospedaje y no sabe siquiera dónde está votando”, dijo Irene Schmidt, quien en las últimas elecciones fue candidata por una línea interna del FAP y volverá a presentarse en los próximos comicios.
La denuncia –a la que se sumaron otras fuerzas opositoras puertenses– efectuada ante la Junta Electoral Nacional, el Tribunal Electoral de la provincia y el Juzgado Penal local incluye además el pedido de “postergar las elecciones hasta tanto se haya depurado correctamente el padrón distrital” y la “solicitud de intervención urgente ante la posibilidad de miles de declaraciones falsas de domicilios”.
“Estamos ante la violación de un derecho básico de los ciudadanos de Puerto que ven distorsionada su voluntad en las elecciones porque está viniendo a votar un treinta por ciento que no vive allí y define los resultados. Es una monstruosidad que no debe suceder”, justificó Gómez Fiori.
Por su parte, Schmidt añadió: “En el censo nacional tenemos 13.400 habitantes y según los padrones, en condiciones de votar, casi la misma cantidad. Si estos datos son ciertos, en Puerto no deberíamos tener niños”
La ley 19.945 establece en su artículo 137 que se impondrá prisión de seis meses a tres años al ciudadano que declarase domicilio falso. A pesar de ello, Gómez Fiori dijo que “no es la intención” de los denunciantes “que algún ciudadano puertense termine preso”.
“Algunos funcionarios se han aprovechado de la ignorancia y de la necesidad de algunos vecinos a cambio de algún beneficio, diciéndoles que no iba a pasar nada y eso es mentira. Cuando uno hace una declaración falsa e intencional de domicilio pueden corresponderle hasta 3 años de prisión”, expresó.
“Red de silencios”
En diálogo con El Ciudadano, Gómez Fiori denunció que detrás de “esta práctica fraudulenta” se esconde una “red de silencios”, sustentada a través de una “millonaria malversación de fondos públicos”. Y agregó: “De Puerto salen camiones de Acción Social con materiales y comestibles para gente que vive a los alrededores y no viene gratis. Yo sostengo que hay malversación de fondos como deducción de que por eso no hay un boletín oficial en el que el intendente (Carlos De Grandis) debería publicar cada subsidio que da”.
Además el periodista manifestó que las irregularidades en el padrón puertense datan desde la vuelta de la democracia en 1983, pero fueron “enormemente agravadas por la presente gestión”.
“Lo que comenzó como una picardía para sacar un carnet de conducir, fue percibido como una posibilidad de manipulación electoral. Hoy vienen oleadas de gente joven, muchas veces indigentes, a la que es fácil sostener con un bolsón y mantenerlas en la pobreza hasta las próximas elecciones, hasta la próxima promesa”, finalizó.
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