Los primeros días de gobierno de Antonio Bonfatti muestran el delicado equilibrio en el que deben manejarse las relaciones políticas en Santa Fe. Mientras el mandatario pasó una semana yendo de un lado a otro, de reunión en reunión con actores económicos y sociales de peso, el ministro Rubén Galassi recibió al presidente de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Luis Rubeo.
Es tan precaria la convivencia en la Legislatura provincial, que para no despertar ningún tipo de suspicacias los partes de prensa omitieron señalar que en un momento del encuentro entró a saludar el propio gobernador. Es probable que la omisión de ambos lados haya sido adrede: en el caso del gobierno, para no dar lugar a que sectores radicales supongan que prioriza a la oposición como interlocutor antes que al Frente Progresista; y Rubeo para no despertar suspicacias entre los demás sectores del PJ.
El PJ tiene la llave constitucional
Es muy difícil que 2012 sea el año de la reforma Constitucional, por más que el calendario proporcione la excusa perfecta.
Si bien algunos sectores del PJ empiezan a mostrar una tibia voluntad reformista, es improbable que logren consenso para declarar la necesidad de cambiarla, simplemente porque llamar a una elección de constituyentes implicaría volver a poner en tensión a todo el peronismo. Ya se vio lo que ocurrió días atrás con el sólo hecho de tener que elegir al presidente de la Cámara de Diputados.
Rubeo le dejó a Rubén Galassi la certeza de que hasta después de mayo, como mínimo, el tema reforma constitucional no tiene ni la más mínima chance de entrar en la agenda de diálogo entre oficialismo y oposición. Ese mes el PJ santafesino deberá renovar su conducción, por acuerdo o elecciones internas. Recién cuando surjan nuevas autoridades de ese proceso (que nadie hoy puede aventurar cómo se va a desarrollar), el tema será repuesto en la agenda de diálogo.
El desequilibrio justo
Cuando llegue ese momento –ése fue un mensaje que Rubeo le dejó a Galassi–, el gobierno debería otear el atomizado abanico peronista con representación parlamentaria e intentar un llamado más abarcativo.
No será una tarea sencilla. Rubeo se sentó en la poltrona de presidente con sólo 16 votos y en abril tiene una parada difícil para retener ese lugar. Por el otro lado, el apoyo que cosechó María Eugenia Bielsa a la hora de pujar con Rubeo (11 diputados), de inmediato se desgranó. Conclusión: a la hora de pasar en limpio, la mayoría peronista (28 bancas) quedará fragmentada en 7 u 8 bloques como mínimo.
Por el lado del Frente Progresista pasa otro tanto. Casi como un suspiro se desvaneció la idea de un bloque unificado como forma de traducir en la Legislatura la apertura que Bonfatti practicó en el Ejecutivo para todos los socios de la coalición gobernante.
La sorpresa la dio el PRO, que tampoco pudo constituir bloque unificado en su debut en la Legislatura. Sus siete bancas estarán repartidas entre los PRO puros y los federales, una división que habla de la ecléctica juntada de peronistas clásicos, sindicalistas de corazón menemista reseteado y macristas, todos referenciados detrás de una figura a la que le fue muy bien en las últimas elecciones pero que sigue más entusiasmado con la TV que con la política.
Agenda básica común
Definitivamente la reforma constitucional no es el tema más importante para el gobierno. Por eso el ministro de Gobierno salió a aclarar que no había que empezar al revés, es decir hablando de temas que de antemano todos saben que hay pocas posibilidades de ponerse de acuerdo. En la charla con Rubeo acordaron ir avanzando en aquellos temas en los que pueda haber coincidencias.
Los temas que urgen al gobierno son también de interés para la oposición. Y lo central hoy pasa por los recursos.
En primer lugar esta semana está para tratarse en la Legislatura el decreto firmado ad referendum que autoriza a ampliar partidas presupuestarias para pagar sueldos y aguinaldos. El ministro Sciara explicó que los recursos están, pero que es necesaria esa autorización para modificarles el destino y liberarlos.
El peronismo no puas comunas e intendencias están contando moneda a moneda o directamente piden auxilio para pagar salarios y aguinaldo (en los últimos diciembres la provincia hizo adelantos de coparticipación y generó una quinta cuota de Patente para que puedan cumplir). Tampoco hay que olvidar que uno de los grupos de peso dentro del interbloque peronista es el que se referencia en Alberto Maguid, líder de los estatales de UPCN.
A dos bandas
Sin embargo las cosas no terminan en las urgencias de tener que pagar cuentas a fin de año. Por el contrario, en los primeros días de febrero el gobierno y los sindicatos estatales se sentarán a discutir política salarial.
El propio Maguid dijo que por menos del 20 por ciendo de aumento no se sienta a hablar. Bonfatti no se amarga cuando escucha que le trazan esa raya. Por el contrario, Maguid conoce al detalle el proyecto de presupuesto para el año próximo, ya aprobado, porque sus diputados lo votaron, y el mismo no contiene recursos para afrontar aumentos salariales que tampoco contempla. Es decir, la discusión que se viene es a dos bandas: por un lado el aumento para docentes, policías y estatales en general; por el otro, de dónde salen los recursos extra en una provincia que cerró 2011 con un rojo de 1.500 millones.
El inmobiliario en la mira
Pareciera haber cierta coincidencia entre oficialismo y oposición sobre el diagnóstico de que llegó la hora de meter mano en el impuesto Inmobiliario. En particular el Inmobiliario rural, que ha quedado desfasado de la realidad y no guarda la más mínima lógica con el valor real de las propiedades. Esto se dio por diferentes motivos, pero no puede dejarse de mencionar que el sector agropecuario fue un aliado de los gobiernos peronistas y luego del Frente Progresista, no sólo a partir del conflicto por la resolución 125 sino luego como integrantes de una misma propuesta política. Según fuentes oficiales, el subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, es el encargado por estas horas de analizar (y ablandar) el tema con Federación Agraria Argentina.
Dificilmente un aumento del Inmobiliario pueda cubrir las necesidades que demanden los aumentos salariales de 2012, pero más allá de ahí el margen de acción del gobierno es ínfimo. Patente Automotor ya viene siendo actualizada en los últimos años; y el impuesto más importante que recauda la provincia, Ingresos Brutos, es tabú para la oposición tras el traumático fracaso de dos reformas tributarias que había impulsado el ex gobernador Hermes Binner.
Desde entonces, en la medida que el Ejecutivo provincial aflojó sus pretensiones, algunas percepciones, mínimas, fueron cambiando en la oposición. Una muestra es el proyecto de ley que impulsó el ex diputado Alberto Cejas, a la vez secretario general de la CGT Santa Fe, para retirar exenciones tributarias a las agroexportadoras radicadas en la ribera del Gran Rosario. Si bien la iniciativa no prosperó por cuestiones técnicas y jurídicas, marcó la voluntad política de al menos un sector del PJ de empezar a discutir la progresividad del sistema tributario.
Si esta semana la Legislatura empieza a reparar el daño que ocasionó la privatización del Banco Provincial devolviéndole al Estado una incipiente herramienta como la Corporación Financiera Santafesina, y empieza a hallar soluciones a los cuellos de botella que la economía inflacionaria genera en las cuentas públicas de municipios y provincias, entonces algunas cosas se habrán empezado a encausar a pesar del delicado equilibrio legislativo actual.
Si además llegara a concretarse en las próximas semanas una primera audiencia entre la presidenta de la nación y el gobernador, y en ella se puede, con la misma óptica que en Santa Fe, empezar por los temas en los que se vislumbran coincidencias básicas más que por los que generan cortocircuitos, entonces podrá decirse que existe la chance de que al menos los dos próximos años la convivencia transcurra con una relativa armonía política.
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