Carina Ortiz
La Asociación de Abogados Laboralistas cuestionó este martes que la provincia mande el proyecto de adhesión a la ley nacional de ART a la Legislatura para ser tratado en sesiones extraordinarias. Dijeron que la iniciativa es inconstitucional y lesiona los derechos de los trabajadores. También plantearon dudas sobre el criterio de evaluación en los concursos para cubrir vacantes de jueces y señalaron que hay una inclinación “pro empresa” en la selección. “Hoy si el trabajador tiene un accidente o una enfermedad laboral puede elegir entre ir a las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo o ir a la Justicia. Con esta ley, lo obligan a ir a la Superintendencia. Si la provincia adhiere es un claro signo discriminatorio a los trabajadores”, explicó Jorge Elizondo, presidente de la asociación durante una conferencia de prensa en el Sindicato de Empleados de Comercio.
Lo laboral es político
Para el abogado Sebastián Serrano Alou, otro de los miembros de la asociación, desde que asumió Cambiemos el gobierno nacional ataca al sistema laboral. “Nos preocupan las acciones del gobierno provincial que parecen sumarse a este ataque”, dijo el abogado.
El Congreso aprobó en 2017 la reforma a la ley sobre riesgos de trabajo. Después llegó la avanzada sobre los jueces laborales que no se alinearon a las políticas nacionales como cuando Nación pidió enjuiciar dos veces al magistrado Enrique Arias Gibert. Uno por hacer lugar al reclamo de bancarios que pedían que se respete la paritaria. El otro por ordenar la incorporación de los trabajadores despedidos de Télam. Este lunes se conoció la noticia de un nuevo inicio de un juicio político contra camaristas laborales en Capital Federal.
En Rosario los abogados de la asociación contaron que vienen notando similares presiones. “Pero además se ha abierto la posibilidad de cubrir vacantes y se está buscando que se cubran de una manera que después beneficien los intereses de las empresas”, concluyó Serrano Alou.
“La provincia tiene poderes indelegables y uno de ellos es el jurisdiccional. Si la provincia delega esos poderes en la Nación se está violando el sistema federal y más aún si sometemos este procedimiento a un organismo de carácter nacional como la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. El procedimiento al que se pretende adherir es una resolución de un órgano autárquico”, aclaró Jorge Elizondo y dijo que brindaron la conferencia en defensa de la democracia. “El pueblo no se entera lo que las instituciones de la democracia formal resuelven y estos son ejemplos muy claros. Uno es el proyecto de adhesión a la ley nacional de ART y el otro son los concursos para cubrir vacantes de jueces y camaristas”, argumentó.
El disfraz
Para los abogados que hicieron la conferencia de prensa, la provincia intenta maquillar la adhesión en Santa Fe con la promesa de que el gobierno provincial va a mejorar el régimen con agregados. “Hay una comisión médica en toda la provincia y está en Rosario. Si un trabajador de Gato Colorado (en la frontera con Chaco) se accidenta debe venir a Rosario. Hay promesas de que se van a crear comisiones, pero la provincia no lo va a hacer porque las tiene que crear Nación”, explicó Elizondo. “La provincia no tiene facultades para mejorar el funcionamiento de las comisiones médicas que están compuestas por médicos contratados que no tienen estabilidad ¿Qué garantías de imparcialidad tenemos? Además los sueldos los pagan las ART”, agregó.
Según explicaron los abogados, el proceso ante una enfermedad o accidente dura 60 días, más 20 días que se pueden solicitar. En total, son 80 días hábiles. Recién después de 6 meses el trabajador puede ir a la Justicia. “Estas comisiones no tienen idoneidad para ver las condiciones de trabajo. Es una ley antidemocrática y torpe en su diseño y la adhesión también”, señalaron desde la asociación.
Orientado
Diego Boglioli, otro de los abogados de la asociación, habló de los concursos para jueces y camaristas laborales. Dijo que la preocupación surgió cuando se tomó contacto con varios participantes de un concurso para cubrir dos vacantes de camaristas en Rosario. Hubo muchos concurrentes y en la primera etapa solo ocho pasaron el examen escrito donde no tabularon los antecedentes sino que quedó a criterio del tribunal. En la prueba usaron un caso real, aunque los aspirantes no sabían cómo se había resuelto. De los que aprobaron, siete resolvieron el ejercicio a favor del empresario. En la realidad, el caso, que pasó por primera y segunda instancia, resultó beneficiando al trabajador. Para la asociación, esto fue un ejemplo de que quienes evaluaron lo hicieron desde una perspectiva anti obrera y pro empresa.
La asociación presentó una nota ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe pidiendo el acceso a toda la información del concurso y adelantaron que solicitarán la suspensión. “Hace dos años la Corte Suprema de Justicia provincial hizo un convenio con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para hacer estudios durante el juicio. Se reformó el Código Procesal Laboral y se creó una estructura burocrática de la mediación, pero los casos que no se resuelvan por esta vía seguirán en juicio y no hay una solución de fondo para el colapso laboral”, concluyeron desde la asociación.
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