La mira telescópica (política, claro) de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que preside el diputado peronista Héctor Acuña está fija en un objetivo: funcionarios del gobierno provincial que, a estar por las declaraciones del legislador, han provocado y provocan dudas sobre su accionar en varias cuestiones, pero una en particular: la urgencia de peritar la famosa notebook de Luis Medina secuestrada en una habitación del hotel donde paraba, y que tal pericia la realizara un funcionario provincial del área de informática, Javier Echaniz, quien de ser un anónimo técnico pasó a la fama por este caso, seguramente para su contrariedad.
El escándalo saltó, se hizo más virulento, cuando una de las juezas que entendía en el hecho, Raquel Cosgaya, dijo a los medios que ella no había ordenado que la pericia la hiciera un funcionario provincial. Allí comenzaron a deslizarse una serie de suspicacias y el asunto, ya de por sí caliente, se transformó más que en una comedia de enredos en un hecho patético. Lo cierto es que luego de estas rimbombantes declaraciones de Cosgaya, comenzaron una serie de especulaciones, todas ellas traídas de los pelos, pero sin sustento probatorio.
En las últimas horas, diversas fuentes muy fiables y todas ellas pertenecientes a altos círculos del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, entre ellos funcionarios allegados al máximo tribunal, han asegurado al autor de esta nota que la orden de que se practicara el controvertido desbloqueo existe, que está en el expediente el acta correspondiente y que tal texto podría figurar entre las fojas 47 y 57 del expediente. Es más, no falta el quien con mordacidad recomienda que “en la quiniela (oficial, por supuesto) hay que apostar por el 55”.
De todos modos, ya hay comentarios suficientes de fuentes judiciales altamente confiables, que dan cuenta de que la Policía, como es costumbre en el accionar penal y especialmente en el ámbito de instrucción, hizo la consulta telefónica pertinente en su momento al Juzgado de Cosgaya y que desde allí dieron el visto bueno para que la computadora fuera desbloqueada por quien pudiera hacerlo, incluso por un funcionario provincial. Es decir, para ser claros: que no hubo una orden política a la policía para que trasladara el elemento informático a manos de funcionarios provinciales, sino que la orden partió del Juzgado, según todas las fuentes judiciales consultadas.
¿Por qué entonces la doctora Cosgaya sostuvo que su Juzgado no había ordenado nada? Una fuente tribunalicia manifestó a quien esto escribe que “probablemente se asustó por la reacción de la oposición política”. Lo cierto es que la misma fuente es la que dice: “Y fíjese usted que ella no ha salido a decir nada luego de todo este asunto. En esta causa –siguió diciendo el juez– todo está confuso. O los planetas se alinearon mal, o el diablo metió la cola”.
En este marco, y tal como sostienen ciertos observadores, “la oposición política podría comerse una gran curva” al menos en el caso del desbloqueo de la pieza informática de Medina.
Claro que también queda dando vueltas en el aire, como otras tantas cosas, el asunto de la incursión de policías de la División Judiciales en el country de Pilar donde vivía Medina, sin la orden de la jueza Alejandra Rodenas, quien para entonces entendía en la causa. En este caso, hay quien arriesga a decir algo que no está probado y difícilmente se pueda probar: que “hay quien sabía en el Poder Judicial que estos policías irían a hacer investigaciones a Buenos Aires, pero no a allanar”.
En fin, que sería plausible que la causa no comenzara a girar en torno de disputas orientadas a obtener rédito político, y que se esclarecieran los hechos en el marco de un accionar judicial eficiente e independiente.
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