“Esto no es algo al voleo”. La frase es del fiscal Leandro Lucente, de la Unidad San Lorenzo, encargado de investigar la ejecución de Juan Garcilazo, cuñado de Julio Gálvan, un dirigente de la Uocra –quien sobrevivió–, en el marco de un ataque perpetrado durante la madrugada del lunes pasado en Puerto General San Martín. En la audiencia imputativa de ayer Lucente acusó a Diego M., de 35 años, y a Axel S., de 23, por los delitos de homicidio y tentativa. El juez Eduardo Filocco aceptó la acusación de Fiscalía y dictaminó que quedaran presos hasta la audiencia preliminar al juicio. Entre las medidas pendientes para intentar esclarecer los motivos de la agresión, el fiscal reveló que no descarta tomar declaraciones a dirigentes del gremio.
A las 3 de la madrugada del lunes pasado los rosarinos Diego M. y Axel S. fueron capturados mientras corrían en las inmediaciones de Uruguay al 3900, en la localidad de Puerto General San Martín. Cerca de allí, yacía el cuerpo de Juan Garcilazo acribillado a balazos mientras que su cuñado, Julio Galván, dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) estaba malherido. Galván había logrado sobrevivir al remate final: al parecer al tirador se le trabó un casquillo en la recámara del arma y debió escapar. Ayer por la mañana Lucente les atribuyó los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por uso de arma de fuego; y homicidio calificado en grado de tentativa. El funcionario contó que uno de ellos purgó en el pasado una condena por un hecho de robo calificado.
La defensa buscó reducir el plazo de prisión preventiva a 45 días, pedido que no acogió el magistrado de primera instancia, quien decidió que los imputados permanezcan detenidos hasta la audiencia previa al juicio. Al momento de tomar la palabra los rosarinos se declararon inocentes.
“No conocemos a las víctimas”, dijeron los acusados cuando tomaron la palabra.
El ataque
Julio Galván esperaba con su cuñado Juan Garcilazo la llegada de un auto. Eran las 3 de la madrugada del lunes pasado y estaban frente a sus respectivas casas, una al lado de la otra, en el barrio San Sebastián de Puerto General San Martín. Tenían que viajar a la capital bonaerense, ya que desde hace algunos meses la seccional de Uocra en La Plata había sido intervenida por la conducción nacional, la cual puso en ese lugar estratégico a Carlos Vergara, titular de la seccional Rosario. Esto pasó luego de que apresaran al histórico sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, acusado de lavado de dinero, entre otros delitos.
Hasta ese lugar de la zona norte del cordón industrial llegó, según fuentes de la investigación, una Renault Kangoo roja. No era el vehículo que los cuñados esperaban: sus ocupantes se bajaron y comenzaron a tirar. Garcilazo, de 44 años, cayó agonizante y Galván (de 53), ya herido se metió en su casa donde uno de los tiradores lo persiguió.
“Parece que se le trabó el arma, porque incluso le gatilló en falso a la mujer de la víctima, que estaba con su hija”, dijo un vocero de la pesquisa.
Una fuente del caso reveló que la hipótesis es que la Kangoo “dejó en banda” a los tiradores. Aparentemente, el vehículo fugó porque en la escena apareció un móvil con personal de Comando Radioeléctrico que patrullaba la zona y escuchó los disparos.
Así, los uniformados de la Unidad Regional XVII rastrillaron la zona y apresaron instantes más tarde a dos rosarinos que corrían de a pie: Diego M., de 35 años y domiciliado en Avellaneda Oeste, y Axel S., de 23, con domicilio en barrio Tablada. Al respecto, el fiscal Lucente dijo en conferencia de prensa que hay una tercera persona que los investigadores procuran individualizar mediante peritajes telefónicos y grabaciones de cámaras de seguridad.
“Hay un montón de medidas pendientes. No se descarta ninguna hipótesis, pero esto no es algo al voleo”, resumió Lucente al término de la audiencia imputativa, y agregó que no descarta interrogar a dirigentes del gremio Uocra para intentar esclarecer las motivaciones del ataque. El funcionario reveló que Galván, cuyo estado de salud evoluciona, posee custodia policial en el hospital. La misma situación vive su hijo en su domicilio.
