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Asociación ilícita

Acusan a una banda de brindar servicios violentos por encargo

Cual empresa dedicada al rubro violencia, la organización tercerizaba extorsiones, balaceras, usurpaciones de viviendas, robo de vehículos y usura, entre otros delitos. El fiscal Federico Rébola acusó a cinco miembros y un jefe, quienes quedaron detenidos


La violencia alcanzó el estatus de empresa. Algo así se desprende de una investigación que derivó en la detención de seis personas acusadas de integrar una organización que proveía servicios a terceros por encargo, de distintos tipos pero mismo rubro, todos catalogados en el código penal: extorsiones, balaceras, usurpaciones de viviendas, robos de autos, usura y tráfico de estupefacientes.

Este lunes, fiscal Federico Rébola imputó a los seis sospechosos de conformar una asociación ilícita para cometer distintos delitos, entre ellos amenazas coactivas calificadas por compeler a una víctima a abandonar su residencia y lesiones con arma de fuego. Uno de los acusados fue imputado en calidad de jefe y el resto como miembros con distintos roles dentro de la organización. La causa, que avanzó a través de escuchas telefónicas, conectó a la banda con internos de la cárcel de Piñero, donde se realizó un allanamiento y fueron secuestrados seis teléfonos celulares que están siendo peritados.

Tras una extensa audiencia imputativa, la jueza Marcela Canavesio aceptó la calificación penal y el pedido de prisión preventiva que dictó por el plazo de dos años para los seis acusados.

Roles

Según la acusación del fiscal Rébola, la banda operó entre febrero y junio de este año bajo el mando de Alexis Gonzalo R., alias Curli, quien impartía órdenes a su hermano Agustín; a Matías C., alias Flequillito, y a otros tres integrantes de los Gordos: Axel S., Lucas L. y Emiliano J., conocidos como Gordo Tanga, Gordo Lucas y Gordo Emi respectivamente.

Rébola señaló que la banda ejecutaba los delitos por cuenta propia o proveía de servicios a terceros para su realización. Y les achacó una lista de ilícitos como extorsiones, abusos de armas, usurpaciones de viviendas, tráfico de estupefacientes, usura y robo de vehículos.

En ese sentido dijo que Curli, como jefe de la banda, era quien conectaba con los diferentes contratistas de los servicios proporcionados, además de ser quien distribuía las actividades delictivas a los diferentes miembros y proporcionaba las armas de fuego para las balaceras y el dinero para la usura.

También lo acusó de ser quien tenía el celular con el que las víctimas de diferentes extorsiones tenían que comunicarse para pactar el cese del hostigamiento a cambio de bienes.

Según el fiscal, su hermano Agustín tenía a su cargo las tareas de cobranzas de la usura y la extorsión y, en caso negativo, era quien llevaba a cabo los abusos de armas de fuego intimidantes. También lo acusó de tener a su cargo las balaceras por encargo de terceros a la organización.

Un rol similar le achacó al Gordo Tanga, quien a su entender estaba encargado de realizar abusos de armas por encargo de la organización y de terceros para la banda. La misma imputación recayó sobre el Gordo Lucas y Matías “Flequillito” C., a los cuales además les sumó la sustracción de vehículos.

En tanto, al Gordo Emi lo acusó de ser el encargado de trasladar y acompañar a los demás miembros de la banda para realizar las actividades delictivas.

Las víctimas

La investigación se inició por una denuncia radicada en febrero pasado por una vecina de Villa Gobernador Gálvez que recibió amenazas de muerte para que entregara su vivienda.

Según esa denuncia, los usurpadores le dejaron una nota en su domicilio de Simón Bolívar al 2600 advirtiendo que si no abandonaba la propiedad iban a matarla a ella y a sus hijas. Luego insistieron con mensajes telefónicos donde le hacían saber que su hermano, un albañil asesinado en noviembre pasado en barrio San Francisquito, había  contraído una deuda que ella debía saldar con su vivienda.

Ante las reiteradas amenazas y los datos que los agresores mostraban conocer de su familia, la mujer remató la propiedad y se mudó a Rosario, pese a desconocer deuda alguna.

Según el fiscal Rébola, las tres intimidaciones que recibió la mujer por notas escritas y mensajes de Whatsapp, el 18 y 20 de febrero y el 4 de marzo, estuvieron a cargo de Curli y otras personas no identificadas con quienes concurrió al inmueble de Villa Gobernador Gálvez para ejecutar las amenazas tendientes a la usurpación.

También lo acusó de un violento ataque perpetrado en la zona sur, a las 17 del 30 de mayo. La víctima se encontraba dentro de su casa de Sinopolis al 500 cuando fue atacada a tiros desde la calle. Según la acusación, primero le balearon el frente de la vivienda y luego se acercaron a la ventana y le dispararon seis veces a las piernas.

El Gordo Tanga fue acusado como el tirador, Flequillito de ser el acompañante, y Curli de dar las órdenes, a quien el hombre baleado le debía 3.000 pesos de un préstamo.

 

 

 

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