Los defensores de dos hermanos acusados del resonante crimen de un joven de 25 años recusaron al fiscal. Además relataron que la Fiscalía presentó pruebas fuera de término, las que no fueron admitidas por el juez. Ahora, el juez de Sentencia de la 5ª nominación Gustavo Salvador deberá resolver el pedido de los abogados de Milton y José Damario en la causa que investiga el asesinato de Lucas Espina, perpetrado a principios de 2013 en barrio Tablada, al que siguió el de su madre casi dos años después.
El argumento de la defensa para pedir la recusación es que el fiscal Luis Schiappa Pietra asistió a las audiencias testimoniales del proceso sin estar designado en la causa ni brindar explicaciones que justifiquen su presencia, en lugar de su par interviniente Guillermo Corbella. Al respecto, los letrados plantearon que “la irregularidad en la designación torna viciado todos los actos de su intervención” y solicitaron la nulidad de los actos llevados a cabo “sin tener legitimación activa” para estar presente.
“Nada de esto es casualidad”, dijeron a El Ciudadano las abogadas Hilda Knaeblein y Claudia Burgos, que patrocinan a Milton y presentaron la recusación en conjunto con el defensor de su hermano, José Luis Tomasevich.
Las letradas denunciaron también que el fiscal celebró audiencias previas “sin las formalidades de rito” con un testigo clave de la causa y “sin conocimiento de la defensa”.
Se trata de Ariel L., quien declaró en cuatro oportunidades de forma contradictoria, situación que argumentó con una denuncia de amenazas contra su persona.
Al respecto, la defensa de los acusados advierte que “todo el entorno conflictivo y de dudoso cuño que impregna las declaraciones del testigo en su contradictorias declaraciones” afectaron “gravemente la imparcialidad del proceso”, la “legítima defensa” y el “criterio objetivo que debe imperar en los actos del fiscal”.
Según la primera declaración de Ariel, la madrugada del 27 de enero de 2013 se encontraba junto a tres amigos en la esquina de Pavón y Santa Rosa de Lima, de barrio Tablada, cuando los hermanos José y Milton Damario bajaron de un auto y les dispararon con una ametralladora. Lucas Espina murió; Gonzalo M., de 28, y Omar D., de 19, resultaron heridos y él salió ileso.
El 9 de octubre pasado, Ariel se desdijo de su versión original, tras sostener que no recordaba casi nada del episodio y que no vio a los acusados en el hecho. Argumentó que había sindicado a los hermanos Damario por pedido de Norma Bustos, madre de Espina, quien luchó para que se esclarezca la muerte de su hijo y fue asesinada hace un año dentro del quiosco que atendía en su casa de Tablada, en un hecho sin imputados.
El pasado 23 de octubre, días después de desdecirse sobre la participación de los hermanos Milton y José en el crimen de Espina, Ariel los volvió a acusar. Esta vez dijo que en su anterior declaración los había desvinculado porque un día antes de declarar desconocidos lo amedrentaron durante diez minutos apoyándole un arma en la cintura. Y en esta última versión no solo volvió a su primera acusación, sino que brindó muchos más detalles pormenorizados de la secuencia del homicidio.
“Es extraño que un testigo recuerde más una secuencia tres años después de ocurrida, que apenas la vivió”, reflexionaron las abogadas de Milton, que también solicitaron al juez que deje sin efecto la última declaración testimonial del joven hasta que no se esclarezca la denuncia por amenazas que investiga el fiscal David Carriza. El pedido se basa en que la defensa “presume que las manifestaciones adversas del testigo obedecen a móviles de orden pecuniario, lucrativo o de desconocido para las abogadas.
Por eso solicitaron una pericia oftalmológica al testigo para que se determine si es corto de vista, como dijo en la audiencia, y que se tenga presente la reserva del falso testimonio.
Lo que ya está resuelto es un pedido que presentaron las defensoras cuando se abrió la etapa a prueba, luego de advertir que el fiscal fue extemporáneo, es decir, se tomó mucho más tiempo de los diez días que le corresponden. “Hicimos el planteo ante el juez Salvador, que dio por decaído el derecho de la Fiscalía a incorporar prueba en el proceso”, concluyeron.
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