Un acampe de vecinos de la zona de Rouillon y Dr. Riva frente a la sede local de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, situada en Santa Fe al 1100, cumple un mes y la situación parece estar lejos de destrabarse. Es que, según argumentan los propios manifestantes, la provincia se comprometió, a través de la firma de un documento, a otorgar una solución para 48 familias de la zona. Si bien desde el Ejecutivo provincial admiten la rúbrica del contrato y el inicio de las negociaciones con los titulares del predio en cuestión manifestaron también que su cumplimiento está supeditado al cumplimiento de todos los requerimientos y al cese de las protestas. “Nuestra idea es avanzar con el proyecto pero no bajo estos términos”, reconocieron desde la oficina gubernamental.
El conflicto se inició en los primeros meses de este año, cuando un grupo de familias realizó la ocupación ilegal del predio privado ubicado en zona sudoeste reclamando soluciones habitacionales. Ante ello, las autoridades provinciales accedieron al pedido, se pusieron en contacto con el dueño del lugar y convocaron a una reunión para evaluar, como principal requisito, la cantidad de personas que serían beneficiadas en caso de avanzar en un proceso de urbanización. Hasta este punto ambas versiones coinciden. Sin embargo, según contó el titular de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Pablo Ábalos, tras una reunión que debió ser cancelada por la imposibilidad del funcionario de viajar a Rosario, las familias retomaron las protestas con un corte de calle que acabó con siete detenidos. Desde aquel episodio, los vecinos dicen ser “ignorados”.
“Lo que estamos reclamando son 48 viviendas. Nosotros mantuvimos charlas con Ábalos, quien nos firmó un documento en el que se compromete en varios puntos como comprar el terreno y la concreción del loteo. El pasado 4 de abril teníamos programada una reunión pero no fuimos atendidos y, ante nuestra protesta, la Policía detuvo a varios compañeros. Hoy, los funcionarios ni se acercan por el lugar”, relató Eva, una de las manifestantes.
Por su parte, Ábalos argumentó: “Es un tema bastante complejo. Cuando esta gente tomó el predio ilegalmente nos solicitó autorización para ocupar ese sitio, que es algo imposible. Sin embargo, como nuestra idea era avanzar en un proceso de urbanización en ese lugar, les ofrecimos ser incluidos dentro de ese proyecto. A través de este documento que firmamos, nos comprometimos a contactar al dueño para la compra del terreno mientras que ellos debían presentarnos una planilla con las personas que iban a resultar beneficiadas, para comprobar que efectivamente se tratara de gente del barrio”.
En la frustrada reunión, la idea de las autoridades era avanzar en detalles del proceso de adjudicación y contar con este listado. Su importancia radica en que el proyecto de urbanización planificado por la Secretaría de Hábitat no podrá otorgar “respuestas a todo el barrio”, por lo que se busca primero asistir a aquellos en situación más vulnerable.
“Ahora nos dicen que todo volvió a cero. La planilla la vamos a presentar cuando se haga la adjudicación de los terrenos. Mientras tanto, vamos a seguir con el acampe”, se plantó la manifestante.
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