A diez años del estallido de diciembre de 2001

A diez años del estallido social que coronó el colapso de un modelo de país agotado, tres dirigentes sociales locales analizaron para El Ciudadano el proceso que desembocó en aquella crisis social, política y económica, una de las más importantes de la historia.

Gabriela Sosa, de Libres del Sur; Eduardo Delmonte, de la Corriente Clasista y Combativa; y Juan Carlos Rodríguez, de la Federación Tierra y Vivienda, intentaron explicar los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando se rompió la gobernabilidad en la Argentina y fue necesaria la partida prematura del gobierno de Fernando De la Rúa.

Aunque el gran estallido se dio en esos fatídicos días de diciembre, se trató de un proceso muy complejo, un lento desangrar que incluyó una década de políticas neoliberales que fueron dejando fuera del sistema a miles y miles de argentinos. La desocupación, el hambre y la pobreza se apoderaron de la Argentina, modelo por ese entonces de los organismos internacionales.

Gabriela Sosa en 2001 realizaba trabajo social en el barrio Magnano: “Pasamos de hacer un trabajo de extensión universitaria a que la gente comenzara a convocarse por demandas de trabajo y comida. Era muy básica la demanda en ese momento”.

“A la gente se le notaba en el cuerpo que esto como estaba iba a estallar. Por supuesto que también hubo algunos aditamentos intencionados, particularmente en algunas zonas de Rosario”, indicó sobre los saqueos a supermercados.

“Fue muy sano que el vecino que jamás había participado ni siquiera hablando en la panadería, de repente estaba participando de una asamblea y proponiendo cosas. Ahí mismo se daban una serie de tensiones y muchas discusiones porque la política estaba siendo cuestionada”, agregó.

Puntualmente, sobre las dos jornadas de diciembre, recordó: “Habíamos ido al barrio a llevar medicamentos, nos costó entrar porque estaba rodeado de policías, habían tirado gases lacrimógenos por todos lados. Cuando volvimos al centro, la gente estaba marchando muy contenta porque se había ido De la Rúa. Eran dos ciudades distintas”.

“Nuestro pueblo busca y reclama. Le puede llevar más o menos tiempo, pero se encuentran los canales para expresar la participación y el reclamo. Y los que hacemos política tuvimos que escuchar atentamente lo que nos estaban diciendo”, expresó.

Juan Carlos Rodríguez, de la FTV, resaltó que “la resistencia salió por el lado de la solidaridad”. Para el dirigente “fue un momento muy malo pero también muy bueno, de poder ver que se podía solidarizar el más pobre con el de clase media, que estaba hecho mierda de la misma manera”.

Rodríguez también se refirió a la feroz represión desatada desde las esferas de gobierno para con la sociedad y que terminó con nueve muertos en la provincia: “Era todo muy complicado. A compañeros nuestros les entraban en las casas, los cagaban a palos. La decisión ante el ajuste era la represión”.

“Fue duro el 19 y 20, como dirigentes nos tuvimos que esconder, dormíamos en una casa diferente todas las noches porque había cacería de brujas”, agregó.

Eduardo Delmonte, de la CCC, expresó: “Los desocupados éramos aquellos a quienes no nos contaban lo que era el neoliberalismo, porque lo vivíamos. Éramos la herida sangrante de lo que estaba pasando. No fuimos los únicos protagonistas y no lo hubiéramos podido hacer solos. Lo del 2001 se produce cuando irrumpen masas que no estaban organizadas, indignadas por otra situación”.

“Los responsables han sido los conocidos de siempre. No lo podés ver sólo como el problema de dos o tres corruptos, es un problema de saqueo de la República generalizada. Yo le hecho la culpa a Menem y De la Rúa, pero también a los que se beneficiaron”, dijo el dirigente social.

Para Delmonte, si bien aclara que aún hoy hay “cuestiones irresueltas” como “el hambre, el trabajo, la vivienda y la salud pública”, las cosas cambiaron: “El secreto de estar mejor es porque la gente ha luchado. Esto demuestra no sólo el ánimo de lucha de una parte importante del pueblo sino que las necesidades aún no han sido resueltas”.

“No hubo voluntad política para investigar”

Santa Fe fue tristemente célebre, aquel 19 y 20 de diciembre de 2001, por ser la provincia con más muertos por la represión policial. Nueve personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad y tan sólo en dos casos hubo condena para los responsables.

La abogada Cármen Maidagan integró la Comisión Investigadora No Gubernamental que se creó ante “la falta de voluntad de investigación y de castigo” de parte de las esferas oficiales.

“Siempre nos quedamos con la cantidad de muertos, que es lo más terrible, pero también hubo cientos de heridos donde las causas se fueron diluyendo y se fueron paralizando. Nunca pudimos determinar efectivamente cuántos heridos hubo en esas jornadas, que era un dato muy importante”, indicó la abogada.

“Las muertes en la provincia son nueve exactamente y sólo en dos hubo condenas (en el caso de Claudio Pocho Lepratti y Graciela Acosta). En las otras causas nunca se pudo determinar específicamente quiénes dispararon”, explicó.

Sobre las responsabilidades del poder político de ese entonces, Maidagan concluyó: “La conclusión que saco es que hubo orden de reprimir, que la orden vino específicamente de Enrique Álvarez (ministro de Gobierno por aquella época) con el consentimiento de (Carlos) Reutemann porque la represión empezó en todos los puntos de la ciudad en un horario similar. En todos los lugares donde había ciertas negociaciones, en una hora determinada, esas negociaciones se rompieron y empezó la represión en todos los puntos”.

“Otra pauta que te da de que esto estuvo organizado es que el personal policial estaba acuartelado 72 horas antes, y que cuando empiezan a detener gente baja la orden de que todos los detenidos fueran a la Escuela de Cadetes. O sea que hubo una coordinación en la represión, cuando la Policía tomó esto como carta blanca y pasó lo que pasó. Pero hubo orden de reprimir, no hubo ningún control desde el poder del Estado para evitar las muertes”, abundó.

“No hubo voluntad política de investigar a los funcionarios, y de hecho tampoco se pudo llegar a los altos mandos policiales. Nosotros en su momento pedimos que se investigara, planteando que la Policía era una estructura vertical, que se investigara desde la cabeza para abajo. Cómo había sido la cadena de mandos, qué órdenes se habían dado y cómo se habían cumplido esas órdenes”, finalizó Maidagan.