A la banda de Claudio “Gallo” Andrada la sindican como de las mayores transportistas de cocaína en el país. La mayoría de sus integrantes cayeron en el operativo Octubre Blanco de 2013 luego de que la Justicia federal secuestrara más de una tonelada de cocaína. Según la investigación, Gallo o Piturro, de 48 años, traía la droga de Bolivia y tenía ramificaciones en España, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca y el norte del Gran Buenos Aires.
El principal enlace para hacer las negociaciones con los proveedores bolivianos, además de Gallo, era un uruguayo que cayó en Coronel Bogado. La caída de este socio en la localidad del departamento Rosario generó un revuelo político porque –con nombre falso– figuraba en la lista de asesores de un senador nacional. Luego de varios operativos, una veintena de personas fueron procesadas por un expediente donde estaba el secuestro de 841 kilos de cocaína en Mercedes, Buenos Aires y luego se sumaron los 583 kilos secuestrados en la ruta 9, provincia de Córdoba.
En esa investigación, la jueza Sandra Arroyo Salgado, junto a la fiscalía federal, descubrió que hacía casi un año que la droga ingresaba por esa ruta y se estiraba y fraccionaba en un galpón de José C. Paz. Este juzgado absorbió el caso por los 841 kilos que habían sido incautados en 2012. Sin embargo, el ex juez federal salteño de Orán Raúl Reynoso – actualmente en juicio por proteger a narcos– presentó una investigación que databa de 2009 donde tenía a la banda del Gallo como protagonista.
En ese operativo había secuestrado 5 kilos de cocaína desparramados en el fondo de un camión. Por ser la causa más antigua, Reynoso absorbió las dos causas: la de Mercedes, en 2012, a cargo del juez federal Héctor Rubén Echave, y la de 583 kilos incautados por la jueza Arroyo Salgado, en 2013. Fue en ese momento que se decidió que el juicio oral se llevara a cabo en Salta. Sin embargo, en mayo del año pasado, Reynoso quedó detenido por cobrar coimas a narcos para diluir las acusaciones.
La causa de 2009 que había anexado Reynoso en el expediente de la banda del Gallo siguió su rumbo hasta mayo pasado, cuando comenzó el juicio oral. No habían pasado más de tres testigos cuando subió al estrado un suboficial de Gendarmería, de apellido Guaymas, cuando le preguntaron por la pista que dio inicio al secuestro de los 5 kilos de cocaína su discurso se empezó a enredar. El informe no llevaba firma, ni sello por lo que no se sabía si era un fax o un email. Tras algunas idas y vueltas, el testigo confesó que el original estaba en las oficinas de Inteligencia de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uesprojud) de Gendarmería en Orán, y que era un email.
Esa audiencia del 16 de mayo pasado se paralizó al instante y la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó las oficinas. Se llevaron documentos y discos portátiles, entre todas las pruebas aparecieron dos mails que probaron que el expediente de Reynoso estaba armado. También descubrieron fotos de pistas clandestinas que nunca fueron incorporadas al expediente.
Los emails
“Hola Daniel. Te adjunto el posible texto de la denuncia anónima que enviaremos por email para comenzar el trabajo. Evalualo con el Dr. Reynoso”. El texto pertenece a un correo enviado por el comandante Favio Benegas a su colega Daniel Castillo el miércoles 16 de septiembre de 2009.
“También pensé en hacer un escrito para que vos lo presentes con tu firma, como obtenido de un análisis, pero a futuro nos pueden objetar de donde obtuvimos los números telefónicos, que son muy precisos. Quizás la fuente de donde provienen sea el origen de una futura nulidad. A un anónimo nadie lo objeta”, le dice Benegas a Castillo en el correo electrónico secuestrado y le mandó por adjunto la denuncia anónima que había preparado.
Aunque se esmeró en la planificación, Benegas no logró ocultar el armado. Por eso los dos gendarmes del Escuadrón 20 y el ex juez Reynoso quedaron acusados de armar una causa con un anónimo trucho. Voceros indicaron que en la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) tienen la hipótesis de que, tal como lo hizo en otros casos, Reynoso promovía expedientes para luego hacer arreglos con los narcos.
Con esa información, el 12 de junio pasado los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal de Orán, resolvieron la nulidad de la causa que había unificado los tres hechos. Con esta decisión 9 de los 16 primeros detenidos quedaron libres. Tras ese fallo, el juicio no sólo se paralizó sino que generó una discusión sobre si los dos expedientes que quedaron deberían volver a los juzgados de origen en los Tribunales Federales de San Martín. En ese momento, el fallo fue apelado por el fiscal federal Carlos Amad, quien acordó la nulidad de la causa iniciada por Reynoso, pero consideró que, al haberse ya iniciado en Salta el juicio oral, este proceso debería continuarse hasta llegar a una sentencia.
Reanudan el juicio
Luego de la resolución de nulidad de la causa 970 de Orán que había “confeccionado” el ex magistrado Reynoso –ver aparte la detención y el juicio– los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, Gustavo M. Hornos (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, resolvieron esta semana que la causa quede en el Tribunal Federal de Salta y no en los tribunales federales bonaerenses.
La instancia oral se reanudará en los próximos días con 21 detenidos y tendrá al menos 186 testigos; por esto se espera que las audiencia duren al menos cuatro meses.
Negociador con proveedores de Bolivia, en Coronel Bogado
Pasaron nueve meses de la caída del Gallo y su socio, un uruguayo de entonces 41 años, continuaba prófugo. Había sorteado allanamientos hasta que cometió un error: usó una 4×4 robada pero no desactivó el seguimiento satelital. Eran las 11 del sábado 12 de junio de 2014 cuando los policías de Coronel Bogado –a 40 kilómetros de Rosario– recibieron un llamado de sus colegas de General Belgrano (provincia de Buenos Aires) donde los alertaban que el sistema de alarma satelital de una Toyota Hilux robada se había activado en su ciudad.
Con el dato, los policías encontraron la camioneta estacionada frente a un bar del centro, entraron y preguntaron por el dueño. El hombre dijo ser Marcos Alejandro Herrera, añadió que vivía en Moreno, Buenos Aires, y mostró su credencial de asesor de un senador nacional. Lo que no pudo hacer fue acreditar los papeles de la 4×4 y se lo llevaron a la subcomisaría 10ª.
Tras unas horas, el asesor reconoció ser Gustavo Omar Collado Correa y ahí le saltaron las capturas: una del Juzgado Federal de San Isidro de octubre 2013 por drogas; otra de 2012 del fuero federal de Santiago del Estero y la tercera de 2008 por estafa en el juzgado de Cañada de Gómez. En la causa Octubre Blanco, el fiscal federal Fernando Domínguez dijo que el rol del uruguayo fue fundamental: era el único que negociaba con los siete proveedores bolivianos, además de Andrada.
Desde los 90, Gallo fue un gran transportista
Luego del escándalo y la paralización del juicio por el armado de un expediente trascendió que ya en la investigación de la jueza Arroyo Salgado se había revelado que no era la primera vez que el ex juez ayudaba al Gallo. Tras su detención en octubre de 2013 cuando allanaron la propiedad de 450 metros cuadrados que tenía en Martínez, partido de San Isidro, se puso en evidencia la logística que usaba la banda. La cocaína ingresaba con avionetas que aterrizaban en pistas clandestinas. De ahí la distribuían con camiones.
Estas no son las primeras investigaciones que tiene en su haber Andrada. En 1996, Gallo, de entonces 27 años, fue detenido con 40 kilos de cocaína. En 2009, en el juzgado federal de Orán se inició un expediente tras una denuncia anónima que daba cuenta del tráfico de cocaína desde Bolivia en avionetas que aterrizaban en Salta y Santiago del Estero. Por ese tiempo los investigadores sindicaban como máximo responsable del tráfico a un tal Gallo.
De acuerdo con los voceros, en marzo de 2010, hubo otra investigación que empezó con una denuncia que decía que “Andrada vendía droga en el país y en Europa”. En esa pesquisa apareció la ciudad santiagueña de Frías, de donde es oriundo Gallo y viven sus padres. Ese expediente quedó cargo del juez Reynoso quien resolvió que Andrada y otro sospechoso fueran sobreseídos.
El juicio contra el ex juez federal de Orán, Salta
El juicio oral contra el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, empezó en septiembre pasado y está a cargo del tribunal oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta. A Reynoso, quien lleva adelante su propia defensa, los fiscales Francisco Snopek, Carlos Amad y, por la Procunar, Diego Iglesias le atribuyeron el hecho de haber formado parte de una asociación ilícita que funcionó en San Ramón de la Nueva Orán desde el 19 de marzo de 2010. Para los pesquisas, esta organización se dedicaba a crear y conceder resoluciones judiciales favorables a los intereses de personas imputadas en procesos vinculados con la narcocriminalidad.
Por debajo de Reynoso, sindicado como jefe, la organización estaba integrada por los abogados María Elena Esper, Ramón Valor, Arsenio Gaona y René Gómez, como así también los empleados judiciales Miguel Saavedra y César Aparicio.
