Newell’s deberá indemnizar a la familia de Gonzalo Ferraro, un hincha leproso de 21 años asesinado de un balazo durante el Banderazo del 17 de febrero de 2005 dentro del estadio del Parque de la Independencia. Hace dos años, el juez en lo civil y comercial Fabián Bellizia ordenó que la hija y los padres del joven ultimado fuesen indemnizados por la entidad deportiva, fallo que las autoridades leprosas apelaron. Esta semana, a casi 11 años del crimen, la Cámara Civil y Comercial rechazó ese planteo y confirmó la resolución que obliga al club a pagar una cifra cercana a los tres millones de pesos a la familia, y alrededor de otro millón en honorarios profesionales. En relación con la causa penal, la Justicia nunca logró establecer quién fue el autor material del crimen de Ferraro, que quedó impune.
Ayer, la sala III de la Cámara rechazó los recursos interpuestos por Newell’s y confirmó el fallo de Bellizia, quien ordenó que los padres del joven asesinado sean indemnizados por la suma 330 mil pesos, y que la hija reciba un monto igual. Según explicó a El Ciudadano el abogado de la familia, Cristian Le Bihan, esos 660 mil pesos equivalían, en 2005, a 200 mil dólares, por lo que el letrado calculó que la familia recibirá un monto indemnizatorio cercano a los tres millones de pesos, y otro millón será en concepto de honorarios y gastos.
Los argumentos esgrimidos por la entidad deportiva fueron rechazados por los jueces Mario Chaumet, Darío Cúneo y Oscar Puccinelli, en tanto que los magistrados Ariel Ariza y Edgar Baracat se abstuvieron de opinar por existir tres votos iguales que configuraron mayoría.
Uno de los principales argumentos de Newell’s fue que el Banderazo no era una actividad organizada ni dirigida por esa entidad sino un evento espontáneo, autoconvocado, que suele tener lugar de modo previo al Clásico, como se conoce la disputa con su rival Rosario Central. En ese sentido, fundamentó que si bien se abren las puertas del estadio y se contrata seguridad, no existe relación contractual, por lo que no correspondería asumir ninguna responsabilidad respecto de los daños que puedan sufrir los espectadores.
También rechazó hacerse cargo de la seguridad advirtiendo que era la fuerza policial la responsable de los hechos, y que fue la que calculó la cantidad de agentes adicionales contratados para esa fecha.
Otro punto fue dirigido a la “culpa de la víctima”, basado en testimonios de la causa penal que señalaban a Ferraro trepado al alambrado perimetral en el momento de recibir el disparo letal.
Por último reprochan los montos de reparación material y daño moral por la muerte del joven, por no existir “una sola prueba que acredite el medio de vida de la víctima que haya contribuido a la manutención” de sus padres.
Ninguno de esos planteos fue aceptado por los camaristas, que coincidieron con la postura de la familia demandante y con el juez de primera instancia. Entre ellos al sostener que el club fue el organizador del Banderazo. Newell’s “no sólo formó parte de la organización del evento denominado banderazo, sino que también participó y colaboró para su ocurrencia”. Al respecto ejemplifica que el evento no se hubiera realizado si el club no hubiese abierto las “puertas de su casa” y agrega que la participación en la organización es “innegable”, desde el momento que la entidad deportiva reconoce “haber contratado personal policial”.
A eso agrega la negligencia del club por no haber contratado ningún servicio de ambulancias, siendo que ese día, en el que unos 10 mil simpatizantes leprosos coparon el Coloso, no había servicios médicos para prever inconvenientes. De hecho, tras ser baleado, Ferraro estuvo unos 20 minutos sin atención médica.
En el fallo se resalta jurisprudencia seg{un la cual “todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes”.
En ese sentido, el abogado demandante Cristian Le Bihan dijo estar “totalmente a favor de las reuniones populares”, pero advirtió que “la sociedad tiene que ser consciente de su derecho a acudir en un marco de seguridad”. El letrado agregó que “si se organizan este tipo de eventos tiene que tener los recaudos mínimos de seguridad y salud para poder acudir de manera tranquila y en familia”.
Su argumento se acopla con el fallo de Cámara, en que se achaca al club no haber advertido el ingreso de armas de fuego, lo que le quita culpabilidad a la víctima que, por más que haya estado escalando un alambrado perimetral, su conducta resultó meramente circunstancial en el resultado dañoso.
Otra indemnización
Un joven que en el Banderazo del 16 de octubre de 2003 dentro del Coloso se trepó a un alambrado perimetral para evitar que le robaran las zapatillas y, al caerse, sufrió una lesión que le provocó un 15 por ciento de incapacidad total deberá ser indemnizado por Newell’s por una cifra cercana a la que reclamó, que en su momento –sin las actualizaciones del caso– era de 20 mil pesos. A comienzos de agosto pasado, la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar “parcialmente” a un recurso interpuesto por el joven en concepto de montos indemnizatorios por daño patrimonial y moral.
Violencia sin fin arriba y debajo del paravalanchas
La violencia en el paravalanchas leproso ha sido una constante en la última década y media, con interregnos de relativa paz. Antes de la muerte de Gonzalo Ferraro, Roberto Pimpi “Caminos” se había quedado a los tiros con el liderazgo, que perdió en diciembre de 2008 con la derrota del presidente Eduardo J. López en las elecciones. Entonces comenzó el período de Diego “Panadero” Ochoa, también jalonado por crímenes como el del adolescente Walter Cáceres y el del propio Pimpi. Con el Panadero preso el armisticio duró hasta el año pasado, cuando hubo una decena de ataques. Este año, Matías “Cuatrerito” Franchetti fue ultimado tras salir del club; igual suerte había corrido en diciembre de 2015 Leonardo Cesareo y de igual manera terminó Maximiliano “Cabezón” La Rocca, fugaz sucesor como número uno del Cuatrerito. A estas muertes –también a la del barra Jonatan Rosales en barrio San Martín– se sumaron este 2016 hechos que no terminaron con víctimas fatales de milagro, como los ataques contra la vivienda del dirigente Claudio “Tiki” Martínez, quien ayer terminó renunciando al cargo, y contra su par Cristian D’Amico, cuya camioneta fue rociada a tiros mientras transitaba con su hijo.
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