Con acuerdo. El Concejo Municipal se aprestaba a votar a la medianoche una prórroga para la concesión del estacionamiento medido en la ciudad, que seguirá en manos de la firma Tránsito Rosario por un año más. La definición, que deberá ser refrendada por la adjudicataria –los pliegos originales contemplaban una extensión por tres años, no por uno– será a cambio de rigurosos compromisos que deberá cumplir el privado y que vienen generando quejas y consultas por parte de usuarios. Y la novedad, adelantada por este diario, es que una de las llaves para destrabar el acuerdo es el acortamiento del horario en el que se aplica el estacionamiento medido: ahora se liberará a las 20, en lugar de las 21 de lunes a viernes, y a las 12 los días sábado, cuando hasta ahora regía hasta las 14.
Un llamativo silencio envolvía ayer al Palacio Vasallo, donde durante la mayor parte de la jornada se pudo ver, y sólo esporádicamente, a algún que otro concejal transitando los pasillos. Estaba claro que había una negociación en alguna parte, y que estaba estancada. A media tarde, hora en la que en circunstancias normales de presión y temperatura suele estar transcurriendo la sesión, ni siquiera se había convocado a reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, en la que las y los jefes de bancada acuerdan los detalles del plenario que se hace a continuación. Y peor aún tampoco se había reunido la comisión de Servicios Públicos Concedidos, en cuyas manos estaba el tema del estacionamiento medido, y cuyo debate debía ser previo a las otras dos convocatorias. Es que a la cero hora de hoy operaba el vencimiento de la concesión, que ya había sido extendida en diciembre. Y, sin marco, se caía el sistema.
Unos pocos trascendidos, entre ellos el acortamiento del horario, habían salido a la luz.
Pero ya estaba claro que al oficialismo, que en toda su articulación cuenta con 9 votos entre 28 ediles, no contaba con fuerza propia para imponer una extensión por tres años, como contemplaba el mensaje del Ejecutivo. Cualquier avance, entonces, dependía de qué ceder.
Y funcionó, cuando ya había caído la noche, se lograba consenso para un dictamen que tenía las garantías para ser aprobado después en el recinto. Lo firmaron los cuatro miembros del oficialismo en la comisión: su presidente, el arista Carlos Comi, los socialistas Verónica Irízar y Enrique Estévez, y el demoprogresista Aldo Poy. Y también lo acompañaron la kirchnerista Marina Magnani y la macrista Renata Ghilotti. Sólo otro kirchnerista, Eduardo Toniolli, quien junto a otros ediles había presentado un proyecto diferente para municipalizar el sistema, no acompañó el dictamen de mayoría en Servicios Públicos.
Garantizados los votos, todo lo que sobrevino después cobró velocidad. Y pasadas las 21.30 arrancaba por fin la sesión.
El acuerdo en comisión transitó por el recinto no sin debate y duros cuestionamientos, pero con mayoría asegurada. Así, además de prorrogarse por un año la concesión, se impuso la condición de que en 90 días el Departamento Ejecutivo gire al Concejo el pliego para un nuevo llamado a licitación del sistema.
En cuanto a la extensión, el proyecto aprobado establece cláusulas que el operador privado deberá cumplir y que tendrán un exhaustivo control y seguimiento, una de las condiciones que anteponía el bloque del PRO. Antes que nada, el operador deberá concretar inversiones que no hizo o hizo a medias, siguiendo una hoja de ruta. No se estipuló el mismo monto que el proyecto original –21 millones de pesos hasta 2019– sino el proporcional a un año: 7 millones de pesos.
Además deberá presentar un informe cada 90 días sobre el cumplimiento del plan. Uno de los destinos de la inversión, incluso con prioridad superior al de recambio de parquímetros o actualización –si se puede– del software que utilizan para facilitar el pago con la tarjeta sin contacto, se ubicó en la pintura de líneas demarcatorias de estacionamiento –cordón y boxes, líneas peatonales– y la disponibilidad de cospeles o tarjetas para agilizar el pago minimizando pérdidas de tiempo a los usuarios.
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