El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, en una conferencia de prensa retransmitida en directo, anunció ayer al país el peor de los finales para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Estado de Guerrero. Los jóvenes fueron ejecutados y luego incinerados en esa misma jornada. La noticia, aunque en algún punto previsible, causó una tremenda conmoción nacional. Anteayer, 120 mil personas se habían movilizado en el Distrito Federal (DF) y exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.
Según los resultados de la investigación –que se basan en la confesión de detenidos implicados y que el propio Murillo Karam aclaró que son “avances” de la causa y “no conclusiones finales”–, aquella noche del 26 de septiembre pasado los estudiantes de magisterio detenidos por la Policía Municipal fueron entregados a sicarios de Guerreros Unidos, y estos los condujeron, hacinados en un camión y una camioneta, hacia un basurero de Cocula, una localidad vecina a unos veinte kilómetros.
Amontonados, malheridos, golpeados, muchos de los estudiantes murieron asfixiados en el trayecto. Una vez en el paraje, los sicarios, según la confesión de los criminales detenidos, fueron bajando a los jóvenes e interrogándolos. Querían saber por qué habían acudido a Iguala, por qué se habían enfrentado al alcalde y su esposa. Luego, con una frialdad abismal, los mataban. Con sus cuerpos levantaron una inmensa pira que alimentaron con maderas, desperdicios y neumáticos.
Luego, según Murillo Karam, por orden de sus superiores, los sicarios recogieron los restos calcinados, los fracturaron y los arrojaron en bolsas de basura al río Cocula.
La corriente se los llevó hasta un destino desconocido, informó la Procuraduría mexicana, según publicó el diario El País.
Dos de estas bolsas han sido recuperadas por la Policía Federal. Sus restos están siendo investigados. Debido a su estado, según la Fiscalía, no se ha podido efectuar la prueba de ADN y, por lo tanto, el último eslabón de la investigación sigue sin cerrar.
Para conseguirlo, el gobierno mexicano anunció que pedirá ayuda de los mejores centros internacionales.
De todas maneras, el relato ofrecido por el procurador general tiene una base firme. Su reconstrucción viene acompañada de imágenes y grabaciones de los tres sicarios que participaron en la matanza.
Los asesinos confesos describen ante las cámaras cómo eliminaron a esos jóvenes.
Murillo Karam expresó que “han sido 33 días muy difíciles, sobre todo para los que no saben del paradero de sus hijos”, pero refirió que en ningún momento se ha dejado de investigar. El procurador señaló que ya han dado toda esta información a los familiares.
La reunión entre el procurador y los padres se realizó en privado en un hangar del aeropuerto de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, 280 kilómetros al sur de la capital, durante unos 40 minutos.
Al salir, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, se limitó a decir que Murillo Karam les había dado noticias “delicadas”.
Los familiares salieron en grupo y se subieron a un ómnibus para dirigirse hacia la escuela de sus hijos, la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada cerca de Chilpancingo.
El procurador afirmó que María de los Ángeles Pineda Villa y su esposo, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, son investigados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Él fue consignado (detenido preventivamente) y ella se encuentra arraigada (con arresto domiciliario).
Indicó también que los policías municipales de Iguala se encuentran relacionados con el homicidio de cuatro personas, cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas ubicadas en la zona de Pueblo Viejo, en los alrededores de Iguala, donde se encontraron restos de 28 individuos.
Según las investigaciones realizadas, los participantes en el asesinato de las personas tenían la intención de “no dejar un solo rastro de lo que hicieron, pues toda la ropa que usaron en el evento los homicidas también fue quemada, y las víctimas fueron incineradas con las prendas que llevaban puestas”.
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