El cierre de la 28ª edición de la Feria de las Colectividades marcó casi sin quererlo el próximo paso en expansión del Gran Hermano municipal: el Centro de Monitoreo y Atención Ciudadana que recibe imagen en movimiento de 57 puntos de la ciudad. Durante la tradicional celebración étnica, el armado de seguridad y prevención –Municipalidad y Unidad Regional II– contó con seis videocámaras de vigilancia en el interior del predio. Otros focos ubicados en zonas aledañas llevaron a la Policía a demorar a más de doscientas personas señaladas como partícipes de bandas delictivas callejeras. Tres de las seis cámaras permanecieron en el Parque a la Bandera. Dentro de unas semanas, la otra mitad dotará al municipio de nuevos ojos en la zona balnearia. Desde Colombres y Washington hasta la playa “La Florida” funcionarán seis dispositivos que estarán comandados por su propio centro de monitoreo. Este será un apéndice del que trabaja dentro del edificio de la Guardia Urbana Municipal (GUM), ubicada en Ricchieri y Zeballos. Con un stream –canal de imagen en vivo– compartido, el nuevo puesto se emplazaría en las cercanías al restaurante Mordisco y contará con dos operarios a cargo de monitorear en tiempo real la actividad de la acalorada costa rosarina. Y, como ocurre desde hace más de un año en su equivalente del centro, tendrá el trabajo de disparar alarmas a las fuerzas de seguridad y orden público frente a una contravención, hurto o hecho de violencia. En diálogo con El Ciudadano, el director del Centro de Monitoreo y Atención Ciudadana, Patricio Campbell, comentó: “Como es natural, el verano llevará mucha gente a ese corredor y es necesario controlarlo. Estamos hablando con Prefectura, donde se interesaron en las cámaras ya que por su alcance (200 metros) podrían asistir al monitoreo del río”. Según contó el funcionario, cuatro de las seis cámaras de este mini sistema ya están instaladas y esperan a las que en noviembre captaron imágenes del casi millón de asistentes a la última edición de las Colectividades.
Promesas y deudas
Tal como publicara este medio en julio, cuando se cumplió un año de funcionamiento del sistema de videovigilancia, el Ejecutivo local, a instancias del Ministerio de Seguridad provincial, adelantó que antes del 1º de enero de 2013 la ciudad contaría con no menos de 100 videocámaras. Según deslizaron desde el municipio, aún con las que se incorporarán en la zona norte de cara al Paraná, este número quedaría lejos. El 2012 terminará con 70 dispositivos.
En el plano legislativo, debido a que la regulación a nivel provincial local todavía no se votó, el sistema es objetos de dos proyectos de ordenanzas dormidos en el Concejo Municipal. Por el oficialismo, el pedido de poder utilizar el stream de los ojos que miran las calles con carriles exclusivos para la elaboración de multas. “Lo proyectado es que pueda servir para las multas de otras contravenciones”, deslizó Campbell. Por la oposición, encabezada por los concejales del Frente para la Victoria (FPV), ingresaron una iniciativa que crearía la figura de una Comisión de Garantías y una Autoridad de Aplicación. Cabe recordar que la ley provincial de instalación de cámaras de videovigilancia sancionada en 2010 preveía este cuerpo de trabajo como condición del funcionamiento, al igual que la necesidad de que exista cartelería indicativa en cada área sometida a la vigilancia. Tal como publicara este medio en 2011, la comisión evitaría que las imágenes tomadas en la vía pública vulneren los derechos a la intimidad y privacidad de las personas. La Comisión de Garantías, según el proyecto sería integrada por seis concejales y representantes del Ejecutivo Municipal, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el Poder Judicial, la Policía de la provincia de Santa Fe, las fuerzas nacionales de seguridad, y la Universidad Tecnológica Nacional. Con este espíritu, el proyecto de ordenanza de Roberto Suckerman también incluye la posibilidad de firmar convenios entre la Municipalidad y personas físicas y jurídicas para que éstas adquieran e instalen a su propio cargo las videocámaras, siendo obligación del municipio incorporarlas al sistema público de monitoreo.
Todo lo adeudado cobra importancia si se piensa que, como graficó El Ciudadano hace dos meses, por lo menos tres veces por semana un representante de la División Judiciales de la Policía o un juez visitan las instalaciones. Como declaró Campbell en agosto, en un año, la Justicia local pidió más de 100 veces material audiovisual captado por los ojos municipales. Casi la mitad de los 300 delitos detectados se tradujeron en pedidos formales y por escrito de los juzgados de Instrucción, Correccional y Federal, este último en menor medida. Por lo pronto, Campbell confirmó que el material ayudó en las investigaciones de delitos de daño a mobiliario urbano, robo y hurto.
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