En las próximas semanas, el Ministerio Público de la Acusación cerrará dos juicios abreviados contra dos hombres acusados de descargar y promover la pornografía infantil. La investigación fue llevada adelante por la fiscal Marianela Martín, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Esta dependencia fue creada hace un año e investiga un centenar de casos de pornografía infantil.
En diálogo con El Ciudadano, Martín explicó cómo se investiga en Rosario un delito transnacional: “El pedófilo colecciona pornografía, es como intercambiar figuritas, intercambian entre ellos. La mayoría de las imágenes pertenecen a esta biblioteca virtual mundial y son de niños y niñas de todo el mundo”.
Cada vez que en cualquier parte del mundo una foto o video con contenido sexual que involucre a niños, niñas o adolescentes es subida a Internet, se enciende una alerta. Los reportes llegan inmediatamente al Centro Nacional de Chicos Desaparecidos y Explotados (Ncmec) de la ONG norteamericana Missing Children. El sistema de rastreo de pornografía infantil funciona como un scanner y reporta cada imagen donde haya un 80 por ciento de desnudez y la dirección IP desde la cual fue emitida o descargada. Todas las madrugadas, la organización envía a cada país un paquete con reportes recibidos dentro de su territorio con el fin de que la Justicia local investigue a los usuarios y determine si se cometieron delitos contra la integridad sexual de menores de edad.
Argentina
Durante el año pasado, a Argentina llegaron 20 mil reportes de Ncmec. Es importante aclarar que no todos implican un delito en sí. Al ser rastreados a partir de un algoritmo matemático que busca coincidencias, muchas veces hay imágenes, como las bromas conocidas como “memes”, que son descartadas ya que no tienen contenido sexual.
A nivel nacional, el organismo que recibe los reportes de Ncmec es la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, que depende de la Ciudad de Buenos Aires y que fue creada en 2013. Esta dependencia es la única en el país que se dedica de manera exclusiva a delitos informáticos y trabaja con la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Al resto del territorio nacional, los reportes llegan desde esta Fiscalía, a partir de un convenio firmado de colaboración mutua. Según su titular, Daniela Dupuy, el 87 por ciento de los casos investigados en Capital Federal son de pornografía infantil y grooming (contacto virtual de un mayor con un menor de edad con un fin sexual). La pena máxima para los dos delitos es de cuatro años de prisión.
Dupuy explicó que la pornografía infantil es un delito transnacional: “Las imágenes se generan en todas partes del mundo. El que consume pornografía infantil demanda cada vez más imágenes. La demanda genera que haya que producir contenido para poder ofertar. Y la producción necesariamente se produce con niños y niñas abusados sexualmente”.
En Rosario
En la ciudad, los delitos informáticos de este tipo son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. A diferencia de lo que ocurre en Capital Federal –donde un edificio entero se dedica a esta temática– en la dependencia local los casos son investigados por una sola fiscal, Marianela Martín.
“El pedófilo colecciona estas imágenes, es como intercambiar figuritas, intercambian entre ellos. En una investigación que hicimos el año pasado y que estamos negociando una condena abreviada, había miles de imágenes, carpetas y carpetas”, contó la fiscal sobre un caso que tiene como imputado a un rosarino de 35 años.
“Es difícil establecer un perfil de un pedófilo. Pero por lo general se trata de hombres, aunque no hay un rango etáreo definido. Suelen tener una familia constituida y ser de clase media con acceso a diferentes dispositivos de Internet, como celular, tablet, computadora”, contó Martín.
Según la fiscal, “las penas para estos delitos son bajas, si no tiene ningún antecedente por lo general es condicional. Yo por lo general trabajo con talleres de ofensores sexuales que les dan atención con psicólogos y psiquiatras para evitar que reincida”.
La fiscal explicó que a la Fiscalía llegan entre 20 y 30 reportes por mes. Ella toma los casos rosarinos y el resto los remite a cada localidad de la provincia. Desde que entró a trabajar en esta Unidad, en marzo de 2015, la joven fiscal sigue alrededor de 100 casos y trabaja con la colaboración de la Dirección de Trata provincial, que hace el trabajo de campo y que consiste en la investigación de los perfiles en cada red social. “Cuando se detecta una imagen de este tipo, a la persona que la comparte, por ejemplo en Facebook, le cierran la cuenta. Entonces, yo pido autorización a Facebook para poder acceder a la información de esa cuenta”, explicó Martín.
“Lo que nosotros hacemos es estudiar las IP para dar con la identidad del pedófilo. Desciframos las imágenes, estudiamos las fotos, hablamos con vecinos para ver si vieron a los nenes de las fotos, se estudian árboles familiares. Una vez que está determinada la identidad se puede hacer el allanamiento”, dijo la funcionaria.
Condenas
En las próximas semanas, la fiscal cerrará dos acuerdos abreviados a través de los cuales dos hombres serán condenados por la descarga de pornografía infantil. Las investigaciones se iniciaron por los reportes de Ncmec, uno llegó en noviembre y otro en la primera mitad de este año. Después de varios meses de investigación para identificar a los sospechosos, se hicieron los allanamientos y se analizó el material secuestrado en los dispositivos electrónicos.
La condena social
A fines de agosto una investigación que comenzó en Alemania con el propósito de desbaratar una red internacional de intercambio virtual de pornografía infantil alcanzó a 35 usuarios distribuidos en toda la Argentina. En el marco de la investigación nacional, se llevaron adelante allanamientos en todo el país que incluyeron dos domicilios en Rosario y uno en Villa Gobernador Gálvez. En los procedimientos locales, la Policía Federal demoró a cinco personas y secuestró computadoras, cámaras de fotos y otros elementos. Uno de los demorados era el preceptor de una escuela de Villa Gobernador Gálvez y en su casa se secuestró una computadora, un router, cámaras fotográficas, teléfonos celulares y facturas del servicio de Internet. Los elementos deben ser peritados por la Justicia para determinar si cometió algún delito y ser acusado, por lo que sus datos no fueron hechos públicos. Sin embargo, los allanamientos significaron una fuerte exposición pública. La pena máxima por la descarga, intercambio o difusión de pornografía infantil es de cuatro años de prisión. Pero, cuando se trata de niños, la condena social no tiene vencimiento. “Ese tipo no va a trabajar nunca más en una escuela ni en ningún lado”, dijeron fuentes cercanas a la escuela y contaron que, después del allanamiento, el hombre y su madre se fueron Villa Gobernador Gálvez. Es que la noticia de los operativos en el marco de una investigación internacional, despertó la indignación de los padres de los chicos que asisten a esta escuela, pidiendo incluso intervención a las autoridades. Si el acusado no llega a estar vinculado al delito, ya fue condenado al menos por la sociedad.
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