Por: Guillermo Correa
A dos años de aprobada la ley de Bosques en el Congreso nacional, por primera vez en la historia santafesina –donde alguna vez se asentó La Forestal y dejó un páramo donde se alzaban milenarios quebrachales– se avanzó en un presupuesto “mínimo” de protección las especies nativas de árboles que otrora salpicaran todo su territorio. Pero además el gobierno de Hermes Binner, que hace un año y medio estableció por decreto la moratoria a los desmontes y marcó las zonas de conservación, enviará esta misma semana a la Legislatura el proyecto para establecer por ley las áreas a conservar. Aunque sólo de esa forma la provincia podrá acceder al Fondo para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques que estableció la ley 26.331 y que hoy suma 300 millones de pesos, lo cierto es que en poco tiempo una normativa de jerarquía superior estará protegiendo lo poco que queda en Santa Fe antes de que el territorio se siga transformando en un desierto verde primero y en uno marrón y polvoriento pocas décadas después.
“A partir de la sanción de la ley de bosques, la tala disminuyó un 60 por ciento”, se entusiasmó el coordinador nacional de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace, Hernán Giardini. El activista “verde” estuvo en Rosario en el marco de las actividades que todos los lunes realiza el Taller de Comunicación Ambiental del periodista Sergio Rinaldi. Y en ese marco repasó con El Ciudadano “12 de años de trabajo en el tema bosques”, de la organización ecologista internacional.
— ¿Cuál es la situación de los bosques nativos tras la sanción de la ley?
—La ley de bosques tiene por un lado el monitoreo de la Secretaría de Ambiente de la Nación a nivel satelital. Da cuenta del monitoreo de fines de 2007 en que se sancionó la ley hasta el último monitoreo que fue a fines del año pasado, en la que la deforestación bajó en un 60 por ciento. Sin embargo ese 40 por ciento –a pesar que estábamos en moratoria en cuanto a permiso de desmonte– se debe a desmontes ilegales, que persisten. En este caso podemos incluir a zonas de Chaco, Santiago del Estero, Salta, donde están los grandes focos de desmonte y falta de controles. Pero además hay desmontes que habían sido aprobados en forma especulativa, antes de la sanción de la ley: en algunos casos fueron revisados y suspendidos. Pero en la mayoría no, ya que se trata de derechos adquiridos y es bastante complicado el tema. La ley es nueva, y no invalida los permisos conseguidos antes.
—Es decir, se avanzó pero la situación sigue siendo compleja.
—Lo bueno es que no ha habido permisos de desmonte en tiempo de moratoria. Las provincias cumplieron, en cuando a no emitir permisos y en hacer el ordenamiento territorial que plantea la ley. Incluso tenemos seis provincias –Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y San Luis– que además de hacer el ordenamiento sacaron una ley provincial acorde a ello. No están obligadas a hacerlo por ley, pero si lo hacen acceden al Fondo. Además un decreto se puede sacar con otro decreto; en cambio una ley es más difícil.
En el resto de las provincias –como Santa Fe– el ordenamiento se hizo por decreto. En algunos casos es positivo, en otros no tanto.
—Hay un banco de datos a nivel nacional sobre los desmontes
—Cada provincia tiene sus propios datos. Lamentablemente no hay todavía instalado un sistema a nivel nacional, un organismo que recopile toda la información de los desmontes ilegales. Tiene que haber en algún lugar un listado de todo los infractores forestales, para que así no puedan cometer delitos en otra provincia, además de obligarlos a reforestar lo que destruyeron en forma ilegal.
— ¿Quiénes son los que siguen desmontando?
—-Se trata, en líneas generales, de empresarios locales de cada región. Pero también inversores: hay gente de Rosario, de Buenos Aires, de Córdoba que compran tierras a precio muy barato en provincias fuera de la “zona núcleo” –por ejemplo en Santiago del Estero, Salta y Chaco donde hay monte nativo y desmontan. Por ejemplo, hay productores de Santa Fe y de Tucumán que van a Santiago a comprar tierras, y corren la frontera agropecuaria, ya sea por soja o por ganadería.
— ¿Hay extranjeros?
—También, pero son los menos. No es que vengan de afuera a comprar tierras y a sacarnos los recursos: es un problema de productores locales. En general son de la zona núcleo que van hacia el norte: con 200 ó 300 dólares se compran una hectárea en Chaco. Un mediano productor de la zona núcleo puede ser un terrateniente en Salta. Por supuesto con otro rinde, pero lo compensan por extensión.
— ¿La ganadería también genera desmonte?
—En los últimos 10 o 12 años –que es el pico de la deforestación– al principio era la soja. Claramente. La mayoría de emprendimientos, cuando se tramitaban pedidos de desmonte o había audiencias públicas era de agricultura, sobre todo en Salta. Pero en los últimos años es la ganadería la causa principal. Se ve claramente que la soja avanzó y ocupó sectores ganaderos: Entre Ríos es un buen ejemplo. Hay un corrimiento de la ganadería hacia el norte en los últimos años por destinar otras tierras para soja. Y, por supuesto, el tema de las islas que lo han vivido en Rosario de cerca. No son lugares históricos de ganadería. Se dan dos situaciones: una ganadería silvopastoril bastante cuidadosa, y otra –la mayoría– extensiva y con pasturas a gran escala. Esta genera un desmonte tan malo como el de la agricultura. Si bien en la agricultura el sistema quizás tiene más complejidades –como agroquímicos y otros factores– cuando se hace producción ganadera con pasturas a gran escala y se dejan cuatro árboles como en una plaza para que la vaca tome un poco de sombra, a la larga termina siendo un desmonte. Al corto plazo queda una zona transformada, y muy difícil de recuperar en términos de bosque nativo.
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