El juez federal Julián Ercolini pidió al Ministerio de Planificación un informe completo sobre los funcionarios y empresas que participaron en el Convenio Integral de Cooperación entre la Argentina y Venezuela, que dio origen en 2004 al fideicomiso de 90 millones de dólares que hoy investiga la Justicia por presuntos sobreprecios y pago de retornos.
Si bien la cartera a cargo de Julio De Vido respondió el lunes pasado a ese pedido, que había sido realizado hacía meses, en el informe sólo detallaron algunas empresas argentinas y venezolanas que intervinieron en el convenio. El ministerio detalló que habían participado, por parte de Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Intevep, Ivic, Ingeomin, PDVSA, CVG y el Instituto Energético, “entre otros”; mientras que de parte de la Argentina estuvieron vinculadas las compañías Cecyt, Segemar, Inta, Invap, Inti y CNEA, “entre otras”. Pero el escrito no precisa más. Ni qué firmas incluye ese “entre otros”, ni qué funcionarios estuvieron a cargo de esas gestiones.
Para los investigadores del caso es fundamental entender cómo funcionaba este convenio y el fideicomiso para seguir avanzando en la pesquisa. Por eso, Ercolini terminó de ordenar una serie de medidas que había impulsado el fiscal del caso, Gerardo Pollicita. Además de pedir un informe al banco UBS-Stanford sobre todas las operaciones realizadas en el marco del fideicomiso Bandes, el magistrado pidió un registro de todos los viajes del ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, quien es señalado como uno de los supuestos responsables de las irregularidades del fideicomiso.
El juez también definió la citación testimonial del ex agregado comercial en Venezuela Alberto Álvarez Tufillo, quien ya había declarado ante la Justicia a fines del año pasado. Los dichos del ex funcionario estaban en la línea del fuerte testimonio que brindó el ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, la semana pasada. El ex diplomático denunció que funcionarios argentinos habrían pedido retornos de entre el 15 por ciento y el 25 por ciento a empresarios venezolanos para participar del fideicomiso.
Por su parte, De Vido reaccionó en las últimas horas a las acusaciones que se multiplican en los medios sobre su supuesta vinculación al caso y envió tres cartas documento al ex embajador Sadous, el senador opositor Luis Juez y al dirigente rural Eduardo Buzzi, exigiéndoles que se retracten de sus dichos. En las presentaciones, el ministro da 24 horas para “que informe qué irregularidades concretas detectó usted durante su desempeño como embajador en la República de Venezuela; indique quiénes son los presuntos responsables; informe la identidad de las personas que podrían dar cuenta de esos hechos; aporte la prueba que obre en su poder respecto de los mismos”. Una autodefensa que busca reivindicar al ministro, al que ninguno de sus pares en el gobierno salió a defender. Hasta el momento, la mayoría de los ministros optaron por no salir a responder las acusaciones sobre las supuestas irregularidades del fideicomiso. El magistrado, además, escucharía en las próximas horas el testimonio de un ex funcionario de la embajada que se referiría a aspectos de la vida privada de Sadous, para desacreditar sus acusaciones.
De Vido tampoco puede hacer mucho más: su propio gobierno derogó el año pasado el delito de calumnias e injurias, a excepción de que haya un daño material probado, dato que olvidó el propio jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al asegurar que iba a querellar por este delito al diputado de Proyecto Sur Fernando Pino Solanas.
Por otro lado, en la causa judicial también será citado el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino, quien desde 2007 hasta su salida del organismo impulsó una investigación por el supuesto pago de sobreprecios por parte del empresariado venezolano en la compra de maquinarias agrícolas argentinas. Estas operaciones también estaban en el marco del acuerdo bilateral.
El ex defensor señaló que en “todas” las transacciones bajo investigación, concretadas entre 2007 y 2008, se cobraron comisiones de un 15 por ciento del monto de las operaciones, cuando “se acostumbra a que no superen el cinco por ciento”, y precisó que las empresas que operaban como intermediarias eran Palmat International, con sede en Miami, y Madero Trading SA, asentada en Puerto Madero. En este punto, Mondino destacó que “cuando hay un negocio que es una pantalla, usted tiene que encontrar un arrepentido. Si alguien está dispuesto a manifestar con claridad que lo que aparecía como comisiones legales que se enmarcan dentro del marco del comercio exterior no lo era, seguramente esta causa va a tener otro giro”, y agregó que de los expedientes abiertos en la Defensoría surgen “muchos elementos” para avanzar en la pesquisa de Ercolini.
Tantos que la Coalición Cívica, denunciante de la causa, presentó un escrito en el que sugieren una serie de medidas, muchas de ellas referidas a la investigación de la Defensoría. Los diputados de la CC Juan Carlos Morán, Carlos Comi y Héctor Flores solicitaron una serie de medidas, entre ellas, la declaración indagatoria de Uberti.
Los legisladores también se refieren a los expedientes de la Defensoría del Pueblo –que ya fueron pedidos por el juzgado de Ercolini–, respecto de los que sugieren: tomar declaración testimonial a todos los denunciantes (de identidad reservada) de supuestos sobreprecios ante la Defensoría, así como al defensor del pueblo venezolano, Germán Mundaraín, quien también alertó a Mondino a través de una nota de noviembre de 2007 que investigue el supuesto pago de sobreprecios de un 20 por ceinto en la venta de maquinaria agrícola a su país. Además de estos testimonios –son unos 24 denunciantes–, los diputados pidieron que se soliciten todos los registros financieros, bancarios y comerciales y la constitución de los paquetes accionarios de Palmat International, Palmat Intertrade y Madero Trading, empresas acusadas de recibir retornos justificados como “honorarios de exportación”.
Estas medidas probablemente sean impulsadas más adelante, ya que los investigadores de la causa deben primero analizar los expedientes de la Defensoría del Pueblo. La CC pidió, además, que se solicitaran los registros de viajes de los funcionarios kirchneristas Carlos Cheppi y Javier De Urquiza (ex secretarios de Agricultura), Lucas Olazagasti (asesor de Planificación y hermano del secretario de De Vido) y del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
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