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Narcotráfico, un delito que precede al lavado de activos

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    Gabriel Pérez Barberá, cotitular de la Procaduría de Criminalidad y Lavado de Activos.

El 34% de los legajos sustanciados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), desde su creación en 2012, tiene al tráfico de estupefacientes como delito precedente del lavado de activos. El dato se desprende de un relevamiento que la Procuraduría especializada compartió en octubre pasado ante delegados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), en el marco de una jornada de trabajo organizada por la Cancillería argentina como parte del proceso de evaluación del que es objeto el país, y que forma parte de sus compromisos internacionales en materia de combate a la corrupción.

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la fiscal María Laura Roteta, cotitulares de la Procelac, intervinieron en el panel dedicado a lavado de activos, junto a representantes de la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia (IGJ). Por parte de la procuraduría especializada intervinieron además Ileana Schygiel, Juan Argibay, Valeria Calaza e Ignacio Chiappe.

Teniéndose en cuenta la totalidad de legajos y en orden decreciente, desde la creación de la Procelac (20 de diciembre de 2012) a la fecha, el 34% de los casos trabajados por esta procuraduría corresponde a lavado de activos provenientes del narcotráfico; el 17 % a evasión tributaria; el 7 % a trata de personas; el 6 % a intermediación financiera no autorizada y el 5 % a contrabando, entre otros. En lo que respecta al corriente año, el 45% de los casos trabajados en Procelac están vinculados al circuito financiero marginal, seguido por la evasión tributaria (30%) y el narcotráfico (9%).

Colaboración con la UIF

Uno de los tópicos centrales por los que la OCDE requirió información fue el de la relación entre los organismos encargados de la prevención y de la investigación del lavado de activos, y especialmente entre la UIF y la Procelac.

Desde su creación a fines de 2012, y como parte del objetivo de desarrollar estrategias tendientes a elevar los índices de eficacia en la investigación de los delitos económicos, la Procelac estrechó la colaboración con distintos organismos de control vinculados con su campo de acción, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF), que tras la reforma legislativa de 2011 pasó a convertirse en el ente coordinador del sistema antilavado a nivel nacional, provincial y municipal.

Dado que el origen de la Procelac se remonta a los últimos días de diciembre de 2012, el primer año que corresponde tomar en cuenta para el análisis estadístico es 2013. Durante ese año, fueron 37 los legajos trabajados por el área de Lavado de Activos de la procuraduría que tuvieron su origen en los informes remitidos por UIF. La misma cifra se registró en 2014. En 2015, el número en cuestión ascendió a 82 legajos. Durante el corriente año, en tanto, entre enero y abril la UIF no remitió ningún informe a Procelac. Tras el cambio de autoridades en la procuraduría, entre mayo y octubre la UIF remitió 24 informes a Procelac, y con 15 de ellos se iniciaron legajos en el área de Lavado de Activos de la procuraduría.

El análisis discriminado de la información según delito precedente señala, por su parte, que entre diciembre de 2014 y octubre de 2015 el 54 % de los casos iniciados en la Procelac por informes de la UIF tenían al narcotráfico como delito precedente del lavado de activos, seguido por la trata de personas (16%). En tanto, entre diciembre de 2015 y octubre del corriente año, la intervención de la Procelac en casos originados en la UIF tiene a la intermediación financiera no autorizada (33%) y a la evasión tributaria (16%) como los principales delitos precedentes, mientras que el narcotráfico, en este último período, representa el 8 % de los casos. Durante el referido período no se registraron intervenciones que tengan a la trata de personas como delito precedente.

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