Mientras los pasillos de Tribunales bullen entre el 18F, la ofensiva de la presidenta y causas que queman, la política se adentra en el año electoral. Entre las últimas novedades, Pino no quiere estar más Solanas y estudia la conveniencia de aliarse con Sergio Massa. Es el moño a un esperpento de carrera personal mezclado con el todo vale de la política argentina.
A su vez, Mauricio Macri consiguió que Carlos Reutemann formalice su condición de aliados 15 años después de sus primeros acercamientos. Desde entonces esa relación tuvo altibajos, pero siempre con contactos en las penumbras de la política.
Los primeros registros de ese vínculo datan de 2002, cuando el entonces gobernador Carlos Reutemann asistió con funcionarios santafesinos a los equipos técnicos del novel PRO, entre ellos el industrial Ricardo Fragueyro.
Por años Reutemann coqueteó y se alejó de Macri de forma fluctuante. La etapa más distante fue cuando el santafesino se alineó con el gobierno en Néstor Kirchner, aventura que estalló a principios de 2008 con el conflicto con el campo.
En 2011, con el peronismo local ya fracturado y los náufragos reutemistas refugiados en las listas de Miguel del Sel, el PRO usufructuó la ambigüedad electoral del senador nacional.
Después de eso, las cosas volvieron a enfriarse. Reutemann se entusiasmó con Massa en 2013, romance que duró poco más de un año.
En noviembre pasado volvieron a conversar. Macri ya en plan de precandidato presidencial y Reutemann con un problema: se le termina su segundo mandato a senador y el PJ en Santa Fe está bajo control de kirchneristas.
De todos modos nada está dicho aún. La necesidad y cierta soledad obligan a Reutemann a salir de su eterno juego de silencios y ambigüedades que sólo le reporta beneficios a él. Que busque renovar la senaduría nacional, esta vez con la lista del PRO, es una posibilidad. La otra es acompañar en la fórmula a Macri.
La foto y el comunicado del acuerdo con el jefe de Gobierno porteño nada dice del proceso electoral santafesino.
Sobre ese aspecto habrá que esperar, aunque la foto en sí es más de lo que esperaban los amarillos santafesinos y Miguel del Sel en particular. Con eso tienen de sobra para pasarse la campaña invocando el apoyo del Lole, por más que éste nunca abra la boca ni palmee las espaldas del Midachi y el radical Jorge Boasso.
Tormenta en la Justicia
En tanto la política es una fuente inagotable de peleas y pases, en los Tribunales la muerte del fiscal Nisman y la convocatoria del 18F terminaron de tensar la cuerda de una historia de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Judicial y entre sectores internos de la vida tribunalicia. Se cuentan capítulos como el hundido proyecto de reforma judicial promovido por la Casa Rosada, la guerra sin cuartel en el Colegio de la Magistratura, el congelamiento de un nuevo Código Penal, el nombramiento de Alejandra Gils Carbó como jefa de fiscales, el muy pulseado Código Procesal Penal ya aprobado y las leyes complementarias de implementación que pronto ingresarán al Congreso.
Justicia en estos pagos
En tanto la Justicia federal se agita al compás de esas peleas de fondo, en Santa Fe el pulso lo sigue marcando la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, coincidente con un pico en la crisis de seguridad pública, y que acaba de cumplir su primer año con luces y sombras (a partir del 1º de agosto, la entrada en vigencia de los nuevos Códigos Civil y Comercial de la Nación agitarán las aguas de ese fuero, pero ese es otro cantar).
En cuanto al nuevo sistema procesal penal (el que se viene en Nación es muy similar) puede decirse que está lleno de virtudes pero necesita importantes ajustes. Pesan la inexperiencia de los fiscales, el faltante de recursos humanos, las dificultades para investigar y litigar, entre otras cuestiones.
Siempre estuvo “presupuestado” que no sería sencillo dejar un sistema consolidado durante décadas por otro que sacó a los jueces de sus feudos y a fiscales y defensores de sus papeles de reparto para poner toda la orquesta a trabajar bajo el escrutinio público.
Las dificultades mencionadas pueden y están en camino de ser corregidas.
Se diga lo que se diga, es y será mejor que lo que había. Alcanza con observar que todavía hoy, en sus últimos estertores, el antiguo sistema en extinción es protagonista de escándalos, sospechas y denuncias cruzadas.
En el nuevo modelo que da sus primeros pasos, los jueces y juezas ni siquiera tienen despachos donde convocar a escondidas a un procesado para sugerirle que cambie de abogado. Y como ya no tienen causas que les pertenezcan para amasarlas a discreción, tampoco necesitan presionar en múltiples ámbitos para que no se hable de ellos en los medios de comunicación. Mucho menos podrían irse de paseo a Cariló y manejar el juzgado de turno con un celular, como hizo la ex jueza María Luisa Pérez Vara, a quien un tribunal de alzada esta semana le denegó la extinción del proceso penal en su contra y allanó así el camino para su inminente procesamiento.
Balance
Uno de los datos que llamaron la atención a la hora del balance del primer año fue la cantidad importante de juicios abreviados, una herramienta que habilita el nuevo Código para acortar los plazos de un proceso.
Lo que no se debe descuidar es el control de las pruebas con que cuenta la acusación al momento de negociar la pena y cierto criterio de igualdad que impida que por el mismo delito un acusado reciba equis sanción y otro, porque intervinieron otros fiscales y defensores, una pena diferente.
Lo que viene
En Tribunales, como es de público conocimiento, la Procuración General estudia la factibilidad de la propuesta de la defensa de los miembros procesados y detenidos de la banda de Los Monos para cerrar la megacausa con un juicio abreviado. Se pretende incluir una causa paralela por el homicidio de Diego Demarre, que tiene tras las rejas a Guille Cantero, uno de los capos de la banda de barrio Las Flores.
Más allá de los pro y los contra de someter a juicio abreviado una causa de esta envergadura y repercusión pública, la posibilidad concreta detectada por escuchas telefónicas de que se haya sobornado a la viuda de Demarre para aliviar a Cantero, como lo reveló el diario La Capital semanas atrás y ahora investiga el Ministerio Público de la Acusación, complican ese camino.
Los Monos pretenden una pena negociada pero se patean en contra cuando sus miembros siguen ordenando delitos por teléfono desde la cárcel.
Detalle curioso el del teléfono, porque la cárcel de Piñero en la que están alojados Los Monos tiene inhibidores de señal de celular, por lo cual se deduce que las conversaciones captadas por la Secretaría de Inteligencia debieron contar con la cooperación de penitenciarios, o para apagar el switcher del inhibidor durante la conversación, o sacando al preso de la unidad penitenciaria para que pueda hablar. En cualquier caso es grave.
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