Luego de dar vía libre para los aumentos de todos los bienes y servicios mediante el mega DNU 70 bajo la premisa de que el “mercado” se regula solo y el Estado no debe intervenir, el Gobierno nacional anunció este miércoles que presentará una medida cautelar en la Justicia para retrotraer los aumentos en las cuotas de la medicina prepaga a diciembre pasado, más una actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec. Y que en el mismo sentido, dispuso esa adecuación de los valores. Los incrementos que el Ejecutivo habilitó apoyado en su ortodoxia económica ultraliberal son en promedio del 165% en lo que va del año.
La novedad fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien agregó que es una decisión tomada en conjunto con el Ministerio de Economía y el de Salud. La medida comprende a las empresas Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo indicó que “en el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”. Y que, en consecuencia, se dispone que los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales no podrán superar lo que arroje un cálculo establecido: el valor del mes de diciembre de 2023 multiplicado por (1 + la variación porcentual entre el IPC nivel general del Indec vigente al momento de la facturación correspondiente y el de diciembre de 2023.
En medio de la desprolijidad de los adelantos, declaraciones y cruces de los últimos días, la comunicación de una presentación oficial y el anuncio de una resolución, algunos voceros de las prepagas advirtieron que retrotraer precios podría provocar “un colapso grave del sistema”, ya que el dinero que ingresó por los incrementos de 2024 ya se utilizó. “Esa plata no está, se usó para cubrir insumos, salarios y prestaciones”, argumentaron.
El tema, uno de entre el conjunto de aumentos desmedidos de precios, fue tomado en primera persona por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien intentó disimular la fallida confianza en la autorregulación del mercado. Y derivó en la renuncia de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group y accionista del canal América TV, a la conducción de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a las empresas de medicina privada. El empresario adujo que no quería ser un obstáculo para superar el conflicto por los precios.
Según los números del Gobierno, las prepagas incurrieron en una “conducta abusiva coordinada” para acordar subas entre enero y abril que van del 142,7% al 163,9%. Esos relevamientos indican además que las variaciones en las cuotas de las principales cinco empresas del sector oscilaron entre 39,8% y 44% en enero, entre 27,5% y 29,4% en febrero, entre 19% y 22,9% en marzo y, en abril, entre 14% y 18,9%.
En el ámbito administrativo, sobre el mismo tema, este miércoles vencía el plazo para que la Superintendencia de Servicios de la Salud entregara su informe a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Comercio bajo la órbita del Ministerio de Economía. Tras el dictamen de esa última, se tomó la decisión oficial.
“Asimismo, las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes”, agrega, en detalle, la normativa.
Según lo anunciado por el Gobierno, las compañías de medicina privadas están obligadas, a partir de este miércoles, a informar y brindar datos sobre sus precios y actualizaciones, y a publicar en un plazo de 10 días hábiles “el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web”.
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