La sala I de la Cámara Federal porteña realizó ayer una audiencia clave por la causa de la apropiación de Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar en medio de amenazas y violaciones a los derechos humanos. La querella insistió en pedir que se cite a indagatoria a los directivos acusados, del grupo Clarín y La Nación, porque “es la única forma en que la causa pueda progresar y se arroje luz” sobre los hechos. El fiscal Germán Moldes –uno de los impulsores de la marcha opositora al gobierno del 18F– no acompañó la postura por lo que benefició a los sospechados. De todas maneras, será la Cámara la que se expida en las próximas semanas.
La audiencia ante los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero comenzó poco después de las 12 de ayer en los Tribunales Federales de Retiro con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien pidió al fiscal ante esa instancia Germán Moldes que “acompañe a las víctimas como representante público de los intereses que tiene la sociedad y puso énfasis en que se considere como un delito de lesa humanidad la venta a “precio vil” en 1976 de la empresa de la familia Graiver, a favor de los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
“No puede ser una causa que tenga cinco años y no se cite a indagatoria a los imputados. Hay víctimas que esperan la resolución de la justicia”, sostuvo Fresneda.
Después de esta audiencia, la Cámara Federal porteña quedó en condiciones de resolver si ordena la citación a indagatoria como acusados de los directivos de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y de La Nación, Bartolomé Mitre; esto es si ratifica o revoca la decisión del juez federal Julián Ercolini de no indagarlos por el momento. En la nómina también están incluidos el ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Juan Pío Podestá, y de Guillermo Juan Gainza Paz, acusado de ser el intermediario para el desapoderamiento compulsivo de la familia Graiver, principal accionista de la papelera.
“No se entiende la reticencia”
Por su arte, el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, expresó: “Creemos que la única forma para que la causa pueda progresar y se arroje luz es que se produzcan las declaraciones indagatorias”, afirmó. “No entendemos cuál es el motivo de reticencia del juzgado”, agregó.
En tanto, Fresneda invocó la gravedad institucional del caso, lo que obligaría al juez federal Ercolini a indagarlos. En ese marco, se señaló que esto “paraliza” la pesquisa.
“Se produjo la audiencia que habíamos solicitado la querella, en virtud de la apelación en primera instancia, como también planteó el fiscal (Leonel Barbella, hoy reemplazado por Franco Picardi) a la negativa de llamar a indagatoria a los imputados”, describió Fresneda al salir de los Tribunales de Comodoro Py.
El funcionario aseguró que Alén esgrimió “cuál es la prueba y el contexto en el que se cometieron los delitos, que son de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles”.
“Luego –continuó Fresneda– solicité la palabra para solicitarle a (Germán) Moldes que acompañe la postura de la querella y las víctimas”. Sin embargo, informó que Moldes, fiscal ante la Cámara Federal, siguió los lineamientos de Ercolini y benefició a los acusados al “no solicitar” la indagatoria.
“Aunque dijo que si bien corresponde que siga la causa en trámite, desistió de sostener la apelación en primera instancia”, afirmó el funcionario.
Momentos calientes
“La defensa ejerció su defensa atacando los argumentos de la querella, y se produjo un pequeño incidente porque me acusaron de haber ido a presionar al Tribunal o al Ministerio Público Fiscal, y dije que vine a cumplir mi responsabilidad institucional, que no es sólo firmar escritos, sino la posibilidad de venir a las audiencias y mostrar el compromiso de la Secretaría”, explicó Fresneda.
De todas maneras, consideró que fue una “audiencia clave desde el punto de vista procesal, y de la causa, por lo denunciado por las víctimas y la querella”.
Defensores de empresarios
La defensa del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, había aludido a presiones sobre fiscales y el juez de la causa al pedir que se ratifique la negativa a indagar a su cliente.
“Nadie está preocupado por el derecho de defensa de Magnetto o Mitre; acá con argumentos falaces lo que se quiere es el escarnio público, que pasen por las cámaras de televisión”, argumentó el abogado Hugo Wortman Jofre.
Los abogados defensores insistieron con que a cinco años del inicio de la causa, en caso de no haber evidencias, sus clientes deberían ser sobreseídos y no llamados a declaración indagatoria, insistieron en “respetar las reglas del debido proceso” y aludieron a un “contexto de presión” sobre el magistrado del caso.
Por el imputado Bartolomé Mitre expuso el abogado Alejandro Pérez Chada y por Raymundo Pío Podesta, el letrado Pedro Pusinelli.
La defensa de Ernestina Herrera de Noble presentó un escrito y no concurrió a la audiencia oral.
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