Se presentó en el Concejo Municipal un informe detallando la gestión realizada por el Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Única, Inquilinos y Pymes, que funciona dentro de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, durante 2014. El mismo es un indicador de problemas e inconvenientes que padecen inquilinos, consorcistas o ciudadanos que simplemente buscan adquirir o conseguir un hábitat digno en la ciudad.
Los principales reclamos están vinculados al alquiler, alcanzando 805 consultas. También se recepcionaron reclamos en relación a las administraciones de consorcio con 267 casos; fideicomisos 45; vivienda de financiación anticipada, planes de viviendas sociales, vivienda única, loteos, pensiones, consultas por escrituración, problemas con viviendas pre fabricadas y desalojos, entre otros.
Alquileres
En el rubro alquileres las denuncias crecieron considerablemente en comparación a 2013, cuando se recepcionaron 253 casos, ya que durante 2014, 805 rosarinos acudieron a la Oficina del Consumidor. La principal preocupación por parte de los locatarios está vinculada con problemas edilicios, vicios ocultos de la propiedad, humedad o filtración de agua en el inmueble locado con 170 consultas, lo que representa el 21 por ciento del total. En cuanto a esta tendencia, Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor, explicó que “por tercer año consecutivo esta es la principal queja de quienes alquilan, lo que evidencia una total falta de mantenimiento de las viviendas que se vuelcan al mercado.
En estos casos los costos de las reparaciones deben ser afrontados por el propietario, quien debe además, de acuerdo a la severidad de los daños, aplicar al inquilino una bonificación del canon como lo establece el Código Civil”. En segundo orden se encuentran las denuncias por falta de servicios de gas con 154 expedientes, es decir el 19 por ciento.
“En estos casos es importante resaltar que todos los gastos que se generen en pos de la re-conexión del servicio, deben ser abonados en su totalidad por la parte locadora, aún cuando estos están incluidos en la liquidación de expensas”, remarcó D’Orazio. Otra razón central en los reclamos por alquileres corresponde a los requerimientos desmedidos de la administraciones a la hora de hacer entrega de la propiedad, lo que genera gastos excesivos, motivando 111 denuncias, es decir el 14 por ciento. También se generaron expedientes por cobro de expensas extraordinarias, rescisión anticipada de contrato, consulta por aumentos desmedidos en renovación, indexación excesiva, problemas en el inicio de la relación contractual o porque no le aceptan descargo, retención indebida de seña o falta de agua en la propiedad.
“Es importante destacar el crecimiento en número de reclamos por aumento desmedidos a la hora de renovar o por indexaciones desproporcionadas, es decir aumentos interanuales dentro del mismo contrato, lo que creció exponencialmente en relación con años anteriores”, remarcó D’Orazio, y agregó que “generalmente las gestiones son exitosas en este rubro, dado que de las 805 denuncias se resolvieron de manera favorable más del 70 por ciento”.
Consorcio y Administradores
Los consorcistas se acercaron principalmente a consultar si la administración que se encarga de las cuentas en la propiedad donde habitan se encuentra inscripta en el Registro Público de Administradores de Consorcios, como es obligatorio. Y, en ese marco, le sigue la denuncia por mala gestión o maltratos por parte del administrador, por falta de mantenimiento, mal uso y construcciones indebidas en espacios comunes, por dudas sobre conceptos liquidados en expensas, por falta de convocatoria a asambleas y/o presentación de la rendición de cuentas o para asesorarse sobre cómo proceder para remover al administrador.
De las 267 denuncias, 239 fueron formuladas contra administraciones no inscriptas en el Registro Público de Administradores de Consorcio que quedó creado en atención a la ordenanza 9.008, aprobada por el Concejo Municipal en 2012.
Cabe destacar que la totalidad de los expedientes que tuvieron resolución negativa fueron formulados contra administraciones que no se encuentran inscriptas en el Registro, en sentido contrario a esto, cada vez que se formuló una denuncia contra un administrador inscripto, las partes pudieron reunirse y la resolución fue siempre positiva lo que evidencia la importancia de la Creación del Registro a pesar de las presentaciones judiciales que buscan limitarlo, pues se trata de una herramienta fundamental a la hora de resolver conflictos entre consorcistas y administraciones. “Creemos que es una herramienta muy valiosa que aporta transparencia a la relación entre administrador y co-propietario”, concluyó D’Orazio.
“Asesorar, planificar y articular”
El Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Única e Inquilinos se creó en 2006 y funciona en Córdoba 852, dentro de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. “La primera función es asesorar a los inquilinos y a los deudores de la vivienda única con riesgo de remate, entre otras cuestiones”, señaló D’Orazio.
El directivo explicó que a la institución se le sumó otra, cuya formación establece la ordenanza 9008: el Registro Público de Administradores de Consorcios. “Tanto los inquilinos como los copropietarios acercan las denuncias, los asesoramos, y en el caso de que no se llegue a mediar entre las partes, tratamos de llegar a una conciliación y resolver los problemas que tiene el vecino”, explicó D´Orazio.
El coordinador del Consejo Asesor detalló que están en contacto permanente con las organizaciones de los Centros de Estudiantes de otras provincias, ya que les exigen garantías de Rosario y los chicos son de otras ciudades o de otros pueblos. Además, hacen hincapié a los incrementos desmedidos que en la primera etapa del año –enero, febrero y marzo– suben los alquileres, y asesoran a los estudiantes para que tengan herramientas a la hora de alquilar.
“Asesorar, planificar y articular con las organizaciones es nuestro trabajo; en conjunto con legisladores provinciales y nacionales, cuando las temáticas tienen trascendencia provincial. Por ejemplo, un sistema de garantías con la intervención del Banco Municipal sería una solución para los estudiantes de afuera, ya que se les hace difícil conseguir a alguien que les preste un aval”, concluyó D’Orazio.
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